Y hoy ya concluimos…
Ceuta, recientemente, ha vivido episodios como la Tragedia del Tarajal[1], en 2014, cuando un grupo subsahariano intentó entrar en España bordeando a nado el espigón fronterizo. Durante el operativo de la Guardia Civil se utilizaron medios antidisturbios. Aquella actuación provocó una intensa controversia política, social y jurídica[2].
La tragedia también suscitó críticas de organizaciones humanitarias y de derechos humanos, que reclamaron una investigación rigurosa y aplicar procedimientos de entrada que permitieran solicitar protección internacional sin exponerse a situaciones de riesgo extremo.
En medio de ese clima, en septiembre de 2014, el Gobierno de Ceuta avanzó un balance de los primeros veinte años transcurridos (19, en realidad) desde la aprobación del Estatuto de Autonomía[3]. La vida de la ciudad no puede estar condicionada por la existencia de una presión migratoria inducida.
Y en 2015 la legislación española incorpora un régimen específico para los rechazos en frontera a través de la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, que incorporó una disposición adicional a la Ley de Extranjería que reguló específicamente los rechazos en la frontera[4] terrestre de Ceuta y Melilla, que generó controversia[5].
En la última década, las tensiones han sido la tónica dominante. El comercio transfronterizo siempre ha constituido una fuente de actividad económica, pero también ha provocado problemas de congestión, saturación de los pasos, dificultades de circulación y condiciones laborales muy duras para quienes transportaban mercancías a pie.
La situación evidenciaba una contradicción: la frontera es indispensable para la seguridad y la soberanía, pero también constituye un espacio de intercambio económico del que dependen numerosas personas y negocios.
El 27 de febrero de 2017 abrió el paso fronterizo de El Tarajal II, diseñado específicamente para ordenar el tránsito de mercancías y de porteadores. La nueva infraestructura pretendió descongestionar el paso fronterizo principal y organizar mejor el comercio transfronterizo.
En su primera jornada, el funcionamiento del dispositivo fue relativamente fluido, aunque se produjeron momentos de tensión vinculados a las protestas de algunos porteadores y a la organización de los flujos. Sin embargo, la apertura de un paso específico no podía resolver por sí sola los problemas estructurales del comercio transfronterizo: la presión sobre las infraestructuras, las diferencias económicas entre ambos lados de la frontera y las difíciles condiciones de trabajo de numerosos porteadores.
La gran cuestión que quedaba abierta al terminar 2017 era cómo conciliar la protección de la soberanía y la seguridad fronteriza con una economía más diversificada, una convivencia social sólida y una gestión de la frontera respetuosa con los derechos fundamentales.
Pero en 2018 se produce un nuevo agravio. En agosto, Marruecos cerró unilateralmente la aduana comercial de Melilla, y durante los meses siguientes se agravaron las dificultades del comercio transfronterizo en ambas ciudades.
En Ceuta, el funcionamiento del paso de porteadores de El Tarajal II quedó seriamente comprometido. En septiembre, el tránsito comercial peatonal llegó a suspenderse después de que las autoridades marroquíes incautaran mercancías transportadas por porteadores que regresaban a su país.
La situación evidenció la vulnerabilidad de un modelo económico que dependía parcialmente del tránsito de mercancías y de compradores procedentes de Marruecos donde siempre hay una mayor dependencia de las decisiones adoptadas unilateralmente por Marruecos.
En 2020 la pandemia provocó el cierre de la frontera terrestre. El 13 de marzo, Marruecos cerró la frontera en el contexto de la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19. El cierre se prolongó durante más de dos años.
Aunque se habilitaron pasillos humanitarios puntuales, desapareció prácticamente la movilidad ordinaria entre ambos lados de la frontera.
El impacto que fue mucho más allá de la salud pública. La clausura afectó a múltiples dimensiones de la vida ceutí. Así, los trabajadores transfronterizos quedaron separados de sus empleos y familias, el comercio fronterizo sufrió un golpe definitivo en su funcionamiento tradicional, numerosas empresas perdieron clientes y actividad, se interrumpieron relaciones familiares y sociales cotidianas y la Ciudad Autónoma tuvo que afrontar nuevas necesidades sociales y económicas.
La pandemia aceleró así la transformación de la economía local y puso de manifiesto los riesgos de depender de una frontera cuyo funcionamiento no controlaba exclusivamente España.
Recuperándose de la pandemia, los días 17 y 18 de mayo de 2021, Ceuta vivió una de las mayores crisis fronterizas de su historia contemporánea. En aproximadamente 48 horas, unas 8.000 personas (hasta 10.000 señalaron otras fuentes) entraron irregularmente en la ciudad, según las cifras difundidas por las autoridades españolas. Entre ellas había numerosos menores de edad. La entrada se produjo principalmente por los espigones marítimos fronterizos, ante una actuación insuficiente de las fuerzas de seguridad marroquíes para impedir el paso.
El Gobierno español desplegó efectivos policiales y militares para reforzar el control fronterizo y atender la emergencia. Miles de personas fueron devueltas a Marruecos en los días siguientes, mientras la Ciudad Autónoma afrontaba una situación de desbordamiento de sus recursos de acogida.
La crisis se produjo en medio de un grave deterioro de
las relaciones entre España y Marruecos. España había permitido la
hospitalización en Logroño, por razones médicas, de Brahim Gali, dirigente del
Frente Polisario. Rabat consideró aquella decisión una afrenta y la crisis se
interpretó ampliamente como una forma de presión sobre el Gobierno español.
Esta vez no recurrieron a ninguna celebración real para proceder miserablemente
como siempre hacen.
Un responsable del Gobierno marroquí vinculó públicamente la respuesta de su país con la decisión española de acoger a Gali.
La crisis tuvo consecuencias de gran alcance. Hubo un despliegue extraordinario de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad, se produjo el colapso temporal de los dispositivos de acogida, exigió intervención diplomática de la Unión Europea en apoyo de España, necesitó de la reaparición del debate sobre la vulnerabilidad de Ceuta (que a la vista de los acontecimientos posteriores no sirvió para nada) y se cuenta que fue necesaria una mayor atención a la cooperación fronteriza como elemento de la relación con Marruecos.
Mayo de 2021 mostró que una alteración del control fronterizo podía convertirse rápidamente en una crisis humanitaria, política y diplomática de alcance nacional y europeo; como hemos visto en el verano de 2026… y aún siguen sufriendo los ceutíes.
Y para complicarme a mí la situación, en marzo de 2022 España modificó su posición sobre el Sáhara Occidental. Se hizo pública la nueva postura —mejor impostura— del Gobierno español sobre el Sáhara Occidental, expresada en una carta de Pedro Sánchez[6] al rey Mohamed VI.
España pasó a considerar la propuesta marroquí de autonomía para el territorio como la base más seria, realista y creíble para resolver el conflicto.
El cambio permitió iniciar una nueva etapa en las relaciones entre ambos países. El 7 de abril, Sánchez viajó a Rabat y se reunió con Mohamed VI. Ambos gobiernos acordaron una hoja de ruta que incluía cooperación política, económica, migratoria y fronteriza.
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Y eso, ¿qué significó para Ceuta?
Pues tuvo importancia estratégica porque Marruecos relacionaba desde hacía décadas sus reivindicaciones sobre las dos ciudades con su política territorial en el norte de África.
El giro español generó críticas de Argelia y abrió un debate interno sobre sus implicaciones para la política exterior española.
Desde la perspectiva de Ceuta, el cambio planteaba una pregunta fundamental: ¿hasta qué punto la mejora de las relaciones con Marruecos podía traducirse en garantías estables para la ciudad?
El caso es que el 17 de mayo de 2022 se reabrió el paso fronterizo de El Tarajal, después de más de dos años cerrado. La reapertura fue gradual y comenzó con determinadas categorías de viajeros; posteriormente se incorporaron los trabajadores transfronterizos autorizados.
No se recuperó inmediatamente la situación anterior a 2020. El comercio transfronterizo continuó sometido a restricciones y la normalización económica avanzó mucho más lentamente que la movilidad de personas.
Vamos: que menos da una piedra.
Sí, hablo de la importancia histórica del año 2022 porque fue el año del restablecimiento de la relación diplomática bilateral, pero también —se cuenta— resultó el comienzo de una nueva etapa de cooperación cuya eficacia debe medirse por sus resultados concretos para Ceuta. Y esto lo veo yo del color del café…
Y aquí entraría Pegasus[7].
Del 19 de mayo de 2021 es la reseña de la primera intrusión al teléfono del presidente español Pedro Sánchez. El día 18 había visitado Ceuta y Melilla.
Del 31 de mayo es la segunda intrusión.
Se detecta también una intrusión en el teléfono de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en junio de 2021...
Así las cosas, el 14 de marzo de 2022 es cuando Pedro Sánchez remite una carta a Mohamed VI y modifica la posición española sobre el Sáhara Occidental; el 7 de abril de 2022 Sánchez visita Rabat y ambos países acuerdan una nueva etapa de cooperación. ¿Coopequé? No me ha quedado claro el tema…
No es una tesis lo del pinchazo Pegasus; es una hipótesis. Hay quien la plantea, pero no está probada.
No obstante, y aquí llegados, en este punto, dejo entrar a Yves Lacoste, mi geógrafo —el culpable de que yo me interesara sobremanera por la Geografía— porque la visión geopolítica que desprende es la que permite ampliar el análisis: la competencia entre Estados no se desarrolla únicamente en las fronteras físicas, sino también en el terreno de la información y la inteligencia.
La lectura lacostiana consiste en estudiar conjuntamente el territorio, los medios de presión y las relaciones de poder, sin confundir la existencia de una vulnerabilidad con la prueba de que alguien la haya utilizado en un caso concreto.
Y eso es lo que pasó y sigue pasando con Ceuta.
Durante 2024, Ceuta volvió a afrontar dificultades para gestionar la llegada de personas migrantes, especialmente de los llamados menores extranjeros no acompañados.
La situación puso de manifiesto una limitación estructural: la Ciudad Autónoma dispone de una capacidad de acogida[8] reducida en comparación con las necesidades que puede generar una entrada repentina de personas.
A diferencia de otras comunidades autónomas, Ceuta no puede redistribuir territorialmente su población dentro de su propio territorio; es el que quedó fijado en 1860. Sus recursos de alojamiento, asistencia social y atención a menores pueden saturarse rápidamente.
La gestión de los menores no acompañados se convirtió en un asunto de confrontación política entre administraciones y partidos. Ceuta reclamó mecanismos de cooperación y reparto de responsabilidades con el Estado y las comunidades autónomas.
Y la vida sigue y seguirá en una Ceuta española. El 13 de marzo de 2025 se cumplieron treinta años de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Ceuta.
La Ley Orgánica 1/1995 estableció el marco institucional que permitió a la ciudad disponer de Asamblea, Presidencia y Consejo de Gobierno propios. Tres décadas después, el balance es el de una administración local consolidada, con capacidad para gestionar numerosos servicios y desarrollar políticas públicas específicas.
Sin embargo, seguían abiertas varias cuestiones de nivel tales como la financiación necesaria para prestar servicios en condiciones equiparables a las del resto de España, la distribución de competencias entre el Estado y la Ciudad Autónoma, la necesidad de impulsar el empleo privado y diversificar la economía, el acceso a la vivienda y las dificultades socioeconómicas de determinados barrios y la gestión de una frontera que puede experimentar cambios bruscos en sus flujos de personas y mercancías.
En 2025 las aduanas comerciales intentan reabrirse, pero persistían las dificultades. La normalización del comercio fronterizo acordada en 2022 avanza lentamente[9].
La reapertura representaba una oportunidad para
desarrollar intercambios comerciales regulares y reducir la incertidumbre
empresarial. Pero el proceso siguió sujeto a restricciones y problemas
operativos.
Y llegamos a 2026 con nuevas dificultades en la frontera comercial. Hasta julio, el funcionamiento de la aduana comercial de Ceuta continuó siendo irregular. En julio, Marruecos volvió a suspender temporalmente el tránsito de mercancías por los pasos de Ceuta y Melilla durante la Operación Paso del Estrecho, con el argumento de evitar interferencias con el dispositivo de circulación de viajeros. La suspensión estaba prevista hasta mediados de septiembre, pero a finales de julio pasó lo que pasó.
Sobre esto, les digo: la aduana comercial se ha convertido en un indicador concreto de la calidad de las relaciones hispano-marroquíes y de la capacidad de ambos países para aplicar los acuerdos alcanzados.
La crisis de julio de 2026 ha añadido una nueva dimensión: la necesidad de contar con mecanismos de respuesta rápidos, recursos suficientes y una cooperación internacional capaz de evitar que las emergencias fronterizas se conviertan en tragedias humanas.
CONCLUSIÓN (apresurada; aún después de esta serie de post):
La soberanía de Ceuta no descansa en una continuidad civilizatoria, sino
en títulos que cualquier tribunal puede examinar. Pasó a Portugal en 1415, fue
reconocida a España por el Tratado de Lisboa de 1668 y quedó confirmada por los
tratados de límites con los sultanes de los siglos XVIII y XIX.
A eso se suma la voluntad de sus ciudadanos, que desde 1995 se gobiernan
con un Estatuto propio.
La historia que he recorrido explica cómo se llegó hasta aquí, pero no
es lo que decide. Los seissiglos de dominio islámico previos a 1415 son un
hecho, y negarlos debilita la causa más de lo que la sirve.
La españolidad de Ceuta y Melilla no es una
cuestión de opinión, sino una realidad histórica, jurídica y política.
Ambas ciudades forman parte de España desde hace siglos: Ceuta quedó
incorporada a la Corona portuguesa en 1415 y permaneció bajo soberanía española
cuando Portugal y España se separaron en 1640, circunstancia reconocida en el
Tratado de Lisboa de 1668; Melilla fue incorporada a la Corona de Castilla en
1497. Desde entonces, ambas ciudades
han mantenido una vinculación continuada con España, con instituciones,
población y vida política españolas, y hoy son ciudades autónomas integrantes
del Estado español, amparadas por la Constitución de 1978.
Ninguna reivindicación territorial de un Estado vecino puede sustituir
unilateralmente esa realidad histórica y jurídica, ni el principio de
integridad territorial que protege a España como a cualquier otro Estado
soberano. Ceuta y Melilla no son territorios pendientes de descolonización: son
España, y sus ciudadanos son españoles con los mismos derechos, libertades y
garantías que cualquier otro ciudadano de nuestro país.
Conviene decirlo sin complejos y sin pedir
permiso a nadie para hacerlo: Ceuta y Melilla son tan españolas como Benidorm,
Sevilla, Málaga o cualquier otra ciudad de España.
Ceuta lo es desde hace más de seis siglos y Melilla desde hace más de
cinco; ambas son anteriores al Marruecos independiente, cuyo Estado moderno
nació en 1956.
No son colonias; no son territorios ocupados
ni son una herencia pendiente de liquidar: son ciudades españolas, con
ciudadanos españoles, instituciones españolas y una historia inseparable de
España.
Insisto: pretender que su
soberanía está en discusión porque Marruecos las reclama es confundir una
reivindicación política con un título jurídico.
Y si el argumento es la proximidad geográfica, habría que explicar por
qué la cercanía convierte unas fronteras en discutibles y otras no; si es la
historia, habría que recordar que la historia del norte de África no empezó con
la dinastía alauí ni puede reescribirse a conveniencia.
Marruecos puede reivindicar lo que considere
oportuno; lo que no puede es convertir su reivindicación en un derecho. La soberanía española de
Ceuta y Melilla no está en subasta, no está en negociación y no necesita la
autorización de Rabat.
Lo que cambia con los años no es el derecho, sino el método de presión.
Los análisis de Baqués y otros, que hemos visto en este desarrollo de esta
serie de posts, apuntan a una estrategia de zona gris: acciones graduales,
ambiguas y por debajo del umbral de la guerra.
Pero conviene no pecar de ingenuidad: la frontera comercial, los flujos
migratorios y la información son hoy los frentes donde se mide la relación.
Ceuta no necesita ser un “bastión inexpugnable”. Necesita instituciones
sólidas, una economía menos expuesta y
un Estado que defienda con argumentos lo que ya tiene a su favor.
c.q.d.
PD. España lleva más de una década como primer socio comercial de Marruecos, con un intercambio bilateral que supera los 22.500 millones de euros anuales. Y para las ciudades de Ceuta y Melilla las cada vez hay menos: "Marruecos nos ahoga y España mira a otro lado"[10], dijo Enrique Alcoba, presidente de la Confederación de Empresarios de Melilla (CEME-CEOE), el 2 de diciembre de 2025, en vísperas de la XIII Reunión de Alto Nivel entre España y Marruecos celebrada en Madrid... Me vale para ambas ciudades españolas en el norte de África. ¿Se puede ser más ruin? Esto, hay que revertirlo.
[1]
Episodio
ocurrido el 6 de febrero de 2014, cuando un grupo de migrantes subsaharianos
intentó entrar en Ceuta desde Marruecos, bordeando a nado el espigón fronterizo
de la playa de El Tarajal. Durante el intento de entrada, la Guardia Civil
empleó material antidisturbios, incluidas pelotas de goma y botes de humo,
mientras los migrantes se encontraban en el agua. Quince personas murieron
ahogadas y otras lograron alcanzar la costa española o fueron interceptadas y
devueltas a Marruecos.
[2]
Las
preguntas centrales fueron si el uso de material antidisturbios en las
proximidades de los nadadores fue adecuado; si existió una relación entre el
operativo policial y los fallecimientos; cómo debían aplicarse las garantías
jurídicas a quienes trataban de entrar irregularmente en territorio español; y
qué obligaciones correspondían a España en materia de salvamento y protección
de los derechos humanos. El caso dio lugar a investigaciones judiciales
prolongadas y a un debate sobre los protocolos de actuación en la frontera.
[4]
Cabe
distinguir tres cuestiones que, aunque están relacionadas, no son exactamente
lo mismo: A: El control fronterizo: la potestad del Estado español para
controlar quién entra en su territorio; B: La devolución de quienes intentan
entrar irregularmente: las actuaciones administrativas destinadas a impedir o
revertir una entrada no autorizada; y C: Las garantías jurídicas: el derecho a
solicitar asilo, la prohibición de devoluciones a lugares donde exista riesgo
de persecución o malos tratos y la protección de menores y otras personas
vulnerables. Si en 1975 la frontera no tenía las características operativas y
jurídicas que adquiriría tras la entrada de España en las instituciones
europeas, al entrar España en la UE la cuestión fronteriza quedó condicionada
por la Ley de Extranjería y la europeización de la frontera. Desde 1986 la
progresiva implantación del sistema Schengen modificaron el significado
estratégico de la frontera ceutí. El control de las entradas dejó de ser
exclusivamente una cuestión bilateral hispano-marroquí y pasó a relacionarse
directamente con la protección de las fronteras europeas. En 1995 entró en
vigor el régimen de Schengen para España, aunque Ceuta y Melilla quedaron
sujetas a particularidades específicas en materia de circulación hacia el
espacio Schengen. El dispositivo fronterizo se reforzó progresivamente. Al
mismo tiempo, las autoridades recurrieron a los procedimientos de devolución
previstos en la legislación de extranjería para las personas interceptadas
intentando entrar irregularmente en España. Estos son la devolución regulada:
procedimiento administrativo previsto por la legislación de extranjería, con
sus correspondientes garantías y la entrega inmediata a las autoridades
marroquíes: actuación material que puede producirse sin que se tramite
previamente un procedimiento individualizado. España controla la frontera, pero
la eficacia de ese control depende en buena medida de la cooperación de
Marruecos. En Ceuta, Marruecos se convirtió en un actor indispensable para contener
los intentos de entrada. El gran cambio normativo se produjo con la Ley
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana,
conocida popularmente como ley mordaza. Su disposición final primera añadió una
disposición adicional décima a la Ley Orgánica 4/2000 de extranjería,
estableciendo un régimen específico para Ceuta y Melilla.
[5] La norma
estableció que los extranjeros detectados en la línea fronteriza mientras
intentaban superar irregularmente los elementos de contención podían ser
rechazados para impedir su entrada ilegal, con la obligación de respetar la
normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional.
También contempló la formalización de solicitudes de protección internacional
en los puestos fronterizos habilitados. La disposición, conocida popularmente
como la regulación de las devoluciones en caliente, generó una fuerte
controversia.
[6]
https://www.europapress.es/nacional/noticia-contenido-integro-carta-sanchez-mohamed-vi-reconoce-plan-marroqui-sahara-20220323083028.html
[7]
El 18 de
julio de 2021, un consorcio internacional de medios comenzó a publicar las
conclusiones del llamado Proyecto Pegasus, coordinado por la organización
periodística Forbidden Stories, con apoyo técnico de Amnistía Internacional. La
investigación examinó una filtración de más de 50.000 números telefónicos
seleccionados como posibles objetivos por clientes de la empresa israelí NSO
Group. La precisión fundamental es que figurar en aquella lista no demostraba
por sí solo que un teléfono hubiera sido infectado. Los análisis forenses
realizados sobre determinados dispositivos sí encontraron pruebas de
infecciones o intentos de intrusión. El 19 de julio, varios medios nacionales
informaban sobre el alcance internacional de la filtración y señala a Marruecos
entre los países cuyos posibles objetivos (periodistas y opositores) aparecían
en los datos analizados. El 20 de julio se habló ya de Emmanuel Macron como una
de las víctimas del espionaje y el tema cobró dimensión diplomática. El 2 de
mayo de 2022, The Guardian publicó que más de 200 números de teléfonos
españoles figuraban entre los posibles objetivos asociados a un cliente de
Pegasus que los investigadores creían que podía ser Marruecos... y todos los
Medios se pusieron en guardia...y supimos que estaban los nombres de Pedro
Sánchez, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska, Luis Planas y Arantxa
González Laya...
[8]
El Centro
de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta es una instalación estatal
destinada a la acogida provisional de personas extranjeras, mientras se
realizan los trámites correspondientes y se determina la atención o derivación
que necesitan. Su capacidad oficial es de 512 plazas. La capacidad
ordinaria de acogida de menores extranjeros no acompañados establecida por el
Gobierno central se actualizó en junio de 2026 y quedó fijada en 29
menores para Ceuta. El CETI depende de la Administración General del Estado.
[9] El 8 de enero de
2025, los primeros camiones que intentaron completar operaciones comerciales
por las fronteras de Ceuta y Melilla fueron devueltos por las autoridades
marroquíes, que alegaron problemas técnicos. Tras nuevos intentos, el 11 de
febrero se produjo una operación que logró cruzar mercancías por ambas
ciudades, incluida una expedición desde Ceuta. El avance fue considerado un
paso importante hacia la apertura comercial, aunque todavía no significaba que
se hubiera normalizado plenamente el tráfico de mercancías. A diferencia de
Melilla, la ciudad nunca había contado con una aduana comercial convencional en
funcionamiento con Marruecos.
