2 ago 2026

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO CON CEUTA?

 

La deplorable imagen que dimos al mundo dejándonos asaltar por las bravas, demostrando debilidad, incompetencia y modos de república bananera de 3ª Regional, grupo Sur, han dejado otra mancha en el sucio estandarte de la política internacional, además de la nacional, que lleva practicando España desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno.

Hoy te enfrentas a los periódicos y sigues boquiaberto. Me referiré sólo a los editoriales:  “Sánchez convierte su política migratoria en un problema Europeo” (El Mundo); “Firmeza y Unidad ante el desafío de Marruecos” (El País); “El lugar de España es con Europa, no con Rabat” (ABC); el “Órdago de Sánchez a la UE”, de Jordi Cruz, director de la Vanguardia, recordando a todos los que se han quedado en el camino de las aguas (lo mismo llevamos ya 82); o “la agonía del Caudillo”, de Pedro J Ramírez, en la Carta del Director, de Español, que abre con un “La Guardia Civil detecta agentes de inteligencia de Marruecos entre los migrantes que se colaron en Ceuta”.

Y por si fuera poco, las tribunas: “La migración como arma de la guerra hibrida” (Bjorn Bearn, El Mundo); “Mohamed VI y sus proyectiles humanos” (Pablo Ordaz, El País); o “El Reino del Sinsentido: el lado marroquí de la frontera” (Noussair Ben Daoud, ABC).

Pero si quieren canela fina: eldebate.com[1]. No deja títere con cabeza en todas y cada unas de las informaciones y en las plumas de sus colaboradores.

Y ahora entro yo.

Marruecos es un país norteafricano con un crecimiento sostenido y un entorno político estable. El acuerdo de asociación firmado en 1996 reforzó la cooperación entre Marruecos y la Unión Europea (UE). Con el lanzamiento de la política europea de vecindad (PEV) en 2004, Marruecos ha llegado a ser gradualmente un socio privilegiado de la UE en materia de cooperación política y económica, así como en comercio, cooperación técnica y desarrollo. Así comienzan varios informes oficiales de la UE respecto del vecino que nos come por los pies.

El reino de Marruecos nació en 1666, cuando los alauíes unificaron varios de los reinos norteafricanos, dando lugar al sultanato marroquí, que se extendía en un área de territorio menor a la mitad del actual reino. El sultanato de Marruecos quedó bajo protección francesa en 1912 y la región norte le fue cedida a España constituyendo el Protectorado Español de Marruecos[2]. En 1956, Marruecos recobró su independencia y pudo recobrar estos territorios coloniales, incluyendo aquellos que en épocas anteriores pertenecieron al imperio almohade en el siglo XII… que sigue siendo su Arcadia feliz. ¡Ojo a estas ínfulas!

En la configuración de Marruecos como país hemos de tener presente que después de 1958, de la guerra de Ifni[3] y del boicot estadounidense (a España), España abandonó el enclave de Ifni[4] y la franja de Tarfalla; y en la agonía de Franco en 1975, el Sáhara. Y desde entonces están dándonos la tabarra con la ZEE por todo lo que comporta hoy y puede que les reporte mañana. Y Canarias enfrente.

Marruecos es, por muchos motivos, una prioridad para la política exterior española. A pesar de ello, desde la Transición no ha habido una política de Estado explícita —con objetivos definidos y consensos básicos sobre recursos, enfoques y medidas— que guíe la política de España hacia su vecino del sur con el que hay dos rasgos que han caracterizado tradicionalmente las relaciones: complejidad y frecuentes vaivenes.

La proximidad geográfica, sumada, primero, a la presencia de una importante comunidad marroquí en España[5], luego al diferencial de renta per cápita[6] y finalmente a las diferencias políticas, demográficas y culturales, suponen un terreno abonado para las divergencias y fricciones.

Me duele escribirlo, pero España y Marruecos son países mucho más cercanos de lo que parece, pero bastante más distantes de lo deseable, lo que es terrible.

En el siglo XXI, para no complicarnos más, hemos pasado de los desacuerdos en pesca e inmigración de 2001, a la crisis de Perejil[7] en 2002; de la cooperación antiterrorista del periodo 2003-2007, a las tensiones con el Sahara entre 2007 y 2015; a practicar el deporte de salto de valla fronteriza entre 2014 y 2019, a la crisis de 2021 con retirada de la embajadora y el asalto a la frontera de Ceuta[8]... a resultas de la cual el Parlamento Europeo criticó el uso de la migración como instrumento de presión política[9]… pero cuando hay que negociar algo, también ellos, con Marruecos, se les olvida esa crítica.

Pero en 2022, España dio un golpe de timón letal a su posición sobre el Sahara y Pedro Sánchez le comunica al rey Mohamed VI algo inaudito: que considera la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara como la base “más seria, creíble y realista[10], reestableciéndose las relaciones bilaterales... y entonces va Argelia y nos retira su embajador.

¿Error de párvulos en Infantil de política internacional o cogida magistral por la entrepierna?:  Argelia nos da seguridad energética (gas natural) y menos presión migratoria; y dispone de petróleo, grandes reservas mineras y potencial para hidrógeno verde; y está lo mismo de implicada contra el integrismo.

Pero a lo que voy; y es Marruecos.

En 2022 cuando se conoce el Caso Pegasus[11]: los teléfonos del presidente del Gobierno y varios ministros fueron infectados con el programa Pegasus y diversas investigaciones periodísticas apuntan a intereses vinculados a Marruecos, aunque no existe una atribución judicial definitiva[12].

A pesar de que esas investigaciones periodísticas internacionales señalaron a Marruecos y que hasta el Parlamento Europeo recogió en sus trabajos esas informaciones[13], y que el contexto del uso de programas espía por parte de Marruecos, por increíble que nos pueda parecer, es habitual, ¡las relaciones políticas no se deterioraron! ¿Hasta dónde tienen cogido a este Ejecutivo?

Así que  España modificó su posición sobre el Sáhara Occidental, apoyando la propuesta marroquí de autonomía, sin venir a cuento; celebramos la XII Reunión de Alto Nivel España-Marruecos (2023), tras ocho años de parón; Pedro Sánchez viajó a Rabat (febrero de 2024) y afirmó que las relaciones bilaterales atravesaban “su mejor momento en décadas[14], destacando ¡la cooperación en migración, seguridad y comercio!, y, de paso, lo de la organización conjunta del Mundial 2030... y volvió la cooperación policial, se reforzó el control migratorio, avanzó la propuesta de reapertura de las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla y aumentó el comercio bilateral (entre los puertos de Tanger Med y Algeciras, nada más)[15].

Entre 2023 y 2025 se tendió, cuentan, a la normalización con reapertura de las aduanas comerciales de Ceuta (breve experimento) y Melilla, como ya apunté, y se reforzó lo de la cooperación económica, energética y migratoria, aunque continuaron, ¡faltaría más!, las reclamaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla y las diferencias sobre el Sáhara.

Y así llegamos a los sucesos de julio... julio de 2026 donde se repite la mecánica: tú (España) me tocas las pelotas (en 2021 lo del líder del Polisario[16] y en 2026 te reconcilias un poquillo con Argelia[17]), yo te asalto Ceuta[18]; y de jodes y bailas[19].

Una actitud, sin paliativos, impresentable (como mínimo; delictiva a buen seguro).

Pero: ¿qué se puede esperar de un país al que le sale más barato exportar jóvenes —y recibir sus remesas; porque las envían después para ayudar a sus familias— que construir un mercado laboral para que ellos se desarrollen.

Desde 1963 Marruecos “exporta” mano de obra a Europa. Europa la necesitaba entonces y Marruecos vio en ello una salida para su problema. Seis décadas después las remesas de los marroquíes en el exterior componen uno de los pilares permanentes de la economía marroquí que así consigue el 8’5% de su PIB y suponen 11.000 millones de euros.

Sí, porque se trata de 5 millones de marroquíes que viven fuera de marruecos (un millón, que no es tal; que es más, en España) que mes tras mes remiten euros; que desde España le llegan del orden de 1.500 millones (de los 11.000 millones que le llegan del conjunto Europa).

Sólo los ingresos por turismo superan esa partida: 12.800 millones de euros.

Y es mucho más interesante hasta que la inversión extranjera directa, que fue tan solo de 2.886 millones de euros en 2025.

Así que la diáspora marroquí es un socio mayoritario del desarrollo del país. Y cuando el 8’5% de tu PIB te los producen los que se van; ¡pues que se vayan!, eso que me ahorro y luego me vienen euros. Es más: los animo a irse.

Y para eso, lo animar a irse, sólo hace falta vivir en el país y conocer sus miserias y ser parte de una juventud hiperconectada —internet no llega o falla solo en las zonas más abruptas de las montañas del Atlas, las zonas profundas del desierto del Sahara y algunas carreteras rurales muy aisladas; Hasta en los sitios más inesperados hay Internet, que es una envidia. Y lo sé de buena tinta— que ve lo que es Europa (en un principio España; pero todo es llegar) en sus modos, euros y formas de actividad, que la tienen tras los espingoncetes de Benzú (más complicado, por costa abrupta y fuertes corrientes) y el “famoso” de El Tarajal[20] (de aguas más tranquilas), y padecen la inacción de un gobierno que lo fía todo al próximo Mundial de fútbol, pensando en imagen y en turismo, y pasa muy mucho de generar un mercado laboral para ellos.

Y me molesta cuando hablamos de estas cosas de emigrantes y remesas de dinero que envían, además, cuando los que criticaron aquí en España la triste realidad de los emigrantes y las remesas del franquismo no critiquen ahora los emigrantes y las remesas de este mohamismo de pacotilla.

Sí, aquí en España, durante el franquismo, especialmente entre finales de los años cincuenta y comienzos de los setenta, la emigración de millones de españoles a Europa occidental fue uno de los pilares del crecimiento económico español. Las remesas enviadas por esos emigrantes aportaron miles de millones de pesetas en divisas, fundamentales para equilibrar la balanza de pagos junto con el turismo y la inversión extranjera. Este fenómeno fue objeto de durísimas críticas desde ámbitos políticos, sindicales y académicos.

La oposición (democrática) al franquismo argumentaba que el Gobierno utilizaba la emigración como una válvula de escape para evitar afrontar reformas económicas y sociales; sostenían que las remesas permitían mantener financieramente al régimen sin resolver las causas de la emigración. El Partido Comunista de España (PCE) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), así como sindicatos vinculados a ellos, denunciaban por todos los foros mundiales que el régimen estaba “exportando paro”. Y desde la izquierda europea, en Alemania, Francia, Suiza o Bélgica, varios sindicatos criticaban que la emigración española respondía a la falta de libertades sindicales y de oportunidades económicas en España y consideraban —y es cierto— que las remesas beneficiaban y perpetuaban al Estado franquista. Prestigiosos investigadores y académicos señalaron que el llamado “milagro económico español” era fruto de tres grandes entradas de divisas: el turismo, la inversión extranjera y ¡las remesas de los emigrantes!, por lo que criticaron que ese crecimiento descansaba en factores externos más que en un cambio estructural del modelo productivo. Y numerosos exiliados republicanos denunciaban la paradoja de que cientos de miles de españoles tuvieran que abandonar el país para encontrar empleo mientras sus ingresos ayudaban a fortalecer la economía del régimen.

Pues a esos mismos, ahora, cuando tenemos un problema con el vecino del Sur que nos come los pies, no los veo decir ni mu.

Y a Marruecos, ahora, le sale mejor hacer esto, exportar juventud y todo lo que pueda meter en ese “paquete de juventud” que arreglar el país y su socioeconomía (o no quiere hacerlo; o no puede hacerlo, porque no le interesa).

Y en medio de todo el berenjenal de la falluta microeconomía marroquí (la que afecta al bolsillo) está la macroeconomía. Sí, la macroeconomía —ya saben, el rollo de los números generales y globales que siempre le suelen salir bien a los países— le va bien en aquella orilla del Mediterráneo y tener a mano los pocos kilómetros cuadrados de Ceuta es un alivio para acciones como las vividas desde la tarde del jueves.

Para que se me hagan una idea: el término municipal de Benidorm es más del doble que Ceuta en superficie.

Y a lo que íbamos…

Tirando de macroeconomía, Marruecos crece; y crece de verdad, pero de cara a la galería, ¡oiga!

Marruecos está desarrollando uno de los mayores programas de infraestructuras viarias y deportivas de su historia, y dentro de ese plan se encuentra el que será el estadio de fútbol más grande del mundo: el Hasan II (115.000 espectadores). Luego habría que ver la viabilidad a posteriori de esa instalación deportiva, pero ¿a quién coño le interesa eso?

A priori, lo de proyectar una imagen de potencia regional africana y consolidarse como destino internacional para grandes acontecimientos deportivos está muy bien en los dosieres que reparten.

Marruecos está construyendo también cientos de kilómetros de vías rápidas (voies express) para mejorar la conexión entre ciudades y sedes del Mundial, desarrollando mejoras en los accesos a Agadir, Tánger, Rabat, Fez y Marrakech, remodelando los grandes enlaces de Aïn Harrouda y Sidi Maârouf (Casablanca) y terminando la continental Rabat–Casablanca y las autopistas Tit Mellil–Berrechid y la Guercif-Nador… poco más de mil kilómetros con una inversión de 15.000 millones de euros que financian los propios bancos del país en un 70%.

Se habla de la creación de 250.000 puestos de trabajo, pero aun así los informes del FMI hablan de un desempleo juvenil del 36’7 %... y esos jóvenes son los que vimos mayoritariamente asaltar Melilla. Asalto que condeno.

La UE destinó 1.150 millones de euros en el periodo 2021-2025 a Marruecos. El Banco Europeo de Inversiones (con Nadia Calvino —¿les suena? — al frente) firmó en 2025 un total de 740 millones y en lo que va de 2026[21]. Y la estrategia europea Global Gateway señala unos 1.100 millones en los últimos años[22].

No creo que se pueda decir que Europa les finanza el cotarro, pero sí que Marruecos es el principal receptor internacional de fondos europeos y que ha aprendido, que lo mejor y más rentable es que te paguen por la gestión de fronteras; por la contención[23].

Está muy bien esto de que te paguen por un supuesto contender y, además, ya en el caso de España, te dan un sustito o un bofetón y de paso demuestran a la UE que, si no se quiere, es complicado hacerlo y que necesitan más. Y más cuando 1 de cada 2 jóvenes marroquíes está fuera del sistema productivo y quiere salir por piernas de allí. Y los que hemos visto en las imágenes de los telediarios desde la tarde del jueves son jóvenes.

Los datos oficiales más recientes del Haut-Commissariat au Plan (HCP), relativos al primer trimestre de 2026 —el dato más reciente disponible dentro del primer semestre— muestran una situación de desempleo juvenil muy elevada, aunque algo mejor que en 2025 debido a un cambio metodológico en la encuesta laboral: 29,2 % de paro entre los jóvenes de 15-24 años[24]. El Fondo Monetario Internacional considera que el desempleo juvenil sigue siendo uno de los principales desafíos estructurales de Marruecos. Señala que las causas van más allá del ciclo económico e incluyen el escaso dinamismo del sector privado, desajustes entre formación y empleo, dificultades de acceso a financiación para empresas, así como barreras para el empleo femenino.

El HCP también aporta otros datos que ayudan a valorar la situación de los jóvenes: 45,3 % de tasa de subutilización de la mano de obra entre los jóvenes de 15-24 años (incluye desempleo, subempleo y potencial fuerza de trabajo).

Y aunque no es exactamente una tasa de paro, el HCP publicó en abril de 2026 un informe específico sobre los jóvenes de 15 a 29 años: 2,9 millones de jóvenes marroquíes de entre 15 y 29 años no estudian, no trabajan ni reciben formación[25]. Lo que aquí llamamos un NiNi, allí es un NEET. Aproximadamente uno de cada tres jóvenes de esa edad se encuentra en esa situación.

Lo más grave es que según el Arab Barometer[26] el 55 % de los marroquíes de 18 a 29 años están dispuestos a emigrar. Y el Afrobarometer[27] apunta que el 44 % de los marroquíes, en el conjunto nacional, han considerado en los últimos tres años emigrar; y en el grupo de entre los 18-35 años, la cifra asciende al 64 %. Pues ya me contarán qué hacemos.

Marruecos es muy consciente de que el desempleo juvenil y el deseo de emigrar constituyen uno de sus principales desafíos económicos y sociales. Y para paliarlo, he leído, ha puesto en marcha el Forum International des Compétences Marocaines à l'Étranger (Foro Internacional de las Competencias Marroquíes en el Extranjero, FINCOME), un programa creado por el Gobierno marroquí para movilizar el talento de su diáspora, especialmente científicos, ingenieros, médicos, profesores universitarios, investigadores y empresarios marroquíes que viven en Europa, Norteamérica y otros países. Después de haber conseguido el regreso de solo 79 desde que se puso en marcha en 2004 ha resultado que FINCOME es más una política de captación de cerebros más que de retorno de cerebros, porque le sale más rentable que sigan fuera enviando sus remesas.

Pero aquí el problema está en la masa, en los que asaltan las vallas de la frontera y no en los titulados universitarios: que vemos lo que quereos ver.

Le oí a Marc Vidal decir que la juventud de Marruecos es una juventud conectada, como ya he dicho (Internet y la TV satelital llega a todas partes) y es esta juventud la que se pregunta a diario ¿por qué ahora se levantan estadios mientras hospitales y escuelas están cómo están? Y yo no sé como están, pero imagino que fuera de las grandes ciudades aquello debe ser el Far West.

Marruecos se moderniza; pero por elementos muy concretos y por zonas muy específicas mientras 16 millones de marroquíes, entre 15 y 39 años, el 42% de la población, el principal contingente potencial de incorporación al mercado laboral, demanda de vivienda, creación de empresas y consumo ve como solución irse del país. Preocupante

Y lo es porque en ese segmento de la población se concentran las mayores tasas de desempleo y la mayor intención de emigrar. ¡Houston, tenemos un problema! Ellos son los que pueden cambiar el país y el país sólo piensa en que facilitándoles la salida  —y ahí están los videos de camiones que los acercan a la frontera ante la pasividad del gendarme— resulta que como país no les va tan mal porque una vez lleguen a Europa y puedan entrar en el mercado laboral, que no todos son unos golfos apandadores, se convierten en el segundo pilar sobre el que asienta la economía marroquí gracias a sus remesas.

Lo más triste de todo esto es que Ceuta depende en gran medida de la cooperación marroquí para que la frontera funcione con normalidad. Cuando esa cooperación se interrumpe, la ciudad sufre un impacto inmediato. La sensación de muchos ceutíes tras los asaltos de 2021 y 2026 es que la ciudad ha quedado expuesta a una presión migratoria extraordinaria antes de que el Estado recupere el control. Y ahí está el relato del diario El País[28]: los tres días de horror en Ceuta.

Ante esto, muchos consideramos que España ha aceptado una dependencia excesiva de Marruecos en materia migratoria y que Rabat dispone así de una importante capacidad de presión y que la ejerce cómo y cuando quiere. Y nosotros, calladitos.

Desde luego que me veo ante un debate que me descorazona y me pregunto: con este Gobierno, ¿España cuenta con un modelo suficientemente sólido para garantizar la seguridad y la estabilidad de Ceuta (y no me olvido ni de Melilla, ni de las plazas de soberanía) sin depender de la cooperación marroquí? Y me temo lo peor.

Muchos especialistas en relaciones internacionales consideran que Ceuta presenta una vulnerabilidad estructural porque confluyen varios factores determinantes en ella: es frontera terrestre entre la UE y África, está rodeada por Marruecos, cualquier alteración en el control fronterizo tiene efectos inmediatos y la gestión migratoria viene a depender de la colaboración que Marruecos quiera tener y demostrar.

Por ello, tras las crisis de 2021 y 2026, se nos ha reabierto el debate sobre si España debiera reforzar aún más tanto la frontera como la capacidad autónoma de respuesta del Estado; incluso de la implicación de la UE en la protección de esa frontera exterior.

Para mí es razonable sostener que la ciudad se encuentra en una posición de especial vulnerabilidad, y que las crisis migratorias han alimentado la percepción, compartida por parte de la sociedad y de algunos responsables políticos, de que las medidas adoptadas no siempre han sido suficientes para evitar que Marruecos pueda ejercer presión sobre España a través de Ceuta y los ceutíes.

Y Ceuta, que es España, no se merece lo que están haciendo con ella.

¿No quieres implicarte?, pues tira de FRONTEX, que somos Europa, y de las fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de las Fuerzas armadas y defiende Ceuta; que es defender España.

Frontex es la agencia de la Unión Europea encargada de ayudar a los Estados miembros a proteger las fronteras exteriores del espacio Schengen y de la UE. Fue creada en 2004 y, tras la crisis migratoria de 2015, sus competencias y recursos aumentaron de forma muy significativa. Hoy dispone además de un Cuerpo Permanente (Standing Corps) que ronda ya los 5.000 efectivos entre guardias de fronteras, policías, especialistas en identificación, expertos en documentos falsificados, intérpretes y personal para operaciones de retorno. El cuerpo se compone de funcionarios contratados por la agencia, agentes cedidos temporalmente por los Estados miembros y personal contratado durante operaciones concretas. Frontex dispone o puede movilizar personal, patrulleras, helicópteros, aviones de vigilancia, drones de largo alcance, vehículos todoterreno, cámaras térmicas, radares, sistemas de vigilancia marítima y equipos de identificación biométrica. Muchos de estos medios son propios y otros son aportados por los Estados miembros dentro de las operaciones coordinadas por la agencia.

Frontex no puede intervenir y desplegarse ante una vulneración del Espacio Schengen y de la UE si no lo pide el Estado. ¡Pídase! Frontex ya ha actuado en España (ruta atlántica en Canarias) y siempre que España lo solicite o se activen los mecanismos previstos por la normativa europea puede actuar.

Y es cierto que el despliegue de varios cientos de agentes de Frontex no impediría por sí solo una entrada masiva si Marruecos deja de controlar su lado de la frontera. Pero su principal valor sería reforzar la capacidad operativa española, dar una imagen de unidad de la UE ante este tema, mejorar la vigilancia y aportar recursos técnicos y humanos adicionales. Pero la responsabilidad última de la protección de la frontera seguiría siendo de España.

Y es necesaria.

El 8.1 de la Constitución dice que las Fuerzas Armadas tienen la misión de “garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional” pero luego está que la seguridad ciudadana no corresponde a las Fuerzas Armadas, sino a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que en 104 de la Constitución, encuentran su razón de ser al atribuírseles esa misión como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y su desarrollo se encuentra en la Ley Orgánica 2/1986, que sitúa bajo el Ministerio del Interior a la Policía Nacional y a la Guardia Civil para esas funciones.

La Ley Orgánica 5/2005, de la Defensa Nacional, establece que el Gobierno dirige la política de defensa y decide cuándo y cómo emplear las Fuerzas Armadas. Pues blanco y botella; y verde con asas, alcarraza. No existe, pues, una prohibición general de intervenir en territorio nacional; lo más que existe es un reparto de competencias. Y los militares pueden actuar en apoyo de las autoridades civiles... y están a lo que están y como están. Fatal.

¿Qué estamos haciendo con Ceuta? Ni los ceutíes ni España se merecen lo que están, estamos, viviendo.





[2] Fue establecido por encomienda de Francia tras el acuerdo franco-español de 27 de noviembre de 1912. Con capital en Tetuán, el protectorado consistía en dos territorios del actual Marruecos, geográficamente separados por el protectorado francés. La zona norte, que incluía las regiones del Rif y Yebala, tenía frontera en el norte con las ciudades de Ceuta y Melilla, las plazas de soberanía (que no formaban parte del protectorado al ser de iure territorio español) y con la Zona Internacional de Tánger; al sur y al este, con el protectorado francés. La zona sur, también conocida como Cabo Juby (hoy Tarfaya), lindando al sur con el Sahara español, al norte con el protectorado francés, con el río Draa como frontera, y al este con la Argelia francesa.

[3] La guerra de Ifni fue una guerra no declarada de España y Francia contra Marruecos, que tuvo lugar entre el 23 de noviembre de 1957 y el 30 de junio de 1958 en las provincias españolas de Ifni y el Sahara y en el territorio de Cabo Juby, bajo el protectorado de ese país, que se resolvió con el Acuerdo de Cintra. el Consejo de ministros del día 28 de marzo de 1958, adopta la decisión de retroceder la zona sur del Protectorado marroquí; en segundo lugar, se alcanza el acuerdo de Cintra el día 1 de abril entre los ministros Castiella y Balafrej, acuerdo por el que desde el día 10 de abril Marruecos se haría cargo de dicha zona.

[4] Ifni fue una colonia y posteriormente una provincia española hasta el 30 de junio de 1969, fecha en la que se cede al Reino de Marruecos. Por el Plan de Reforma Territorial del Estado, la provincia de Sidi Ifni (en la región de Guelmim-Ued Nun desde 2015), la forman dos municipios urbanos y diecisiete rurales. Tiene una extensión de 1502 km² y unos 54 000 habitantes. Su capital es Sidi Ifni. Se trata de una franja de tierra de unos ochenta kilómetros de costa y veinticinco kilómetros hacia el interior situada en la costa atlántica entre las estribaciones del Anti-Atlas y el océano. Se encuentra a unos 300 kilómetros (170 millas náuticas) de la isla de Lanzarote. La presencia española allí data de 1476/78 aunque fue  testimonial hasta 1934, como ya hemos contado en algún que otro Post en este Blog.

[5] 969.869 legales según el INE y estimación de medio millón más de ilegales

[6] 38.627 US$ frente a 4.673–4.842 US$ (según la fuente); La renta media por habitante en España es aproximadamente 8 veces superior a la de Marruecos. Y en cuanto a paridad de poder adquisitivo (PPA) —que corrige las diferencias en el coste de la vida— la distancia se reduce, pero sigue siendo muy elevada: alrededor de 60.000 US$ PPA por habitante en España frete a alrededor de 11.000–12.000 US$ PPA por habitante en Marruecos. Salario mínimo legal en España de 1.221 € brutos/mes (14 pagas, 2026); en Marruecos 3.050 dírhams/mes (unos 285-295 €) en los sectores no agrícolas. Salario medio bruto en torno a los 2.380 €/mes en España frente a los 500-650 €/mes (según sector y zona) en Marruecos. El Poder Adquisitivo marroquí ronda el 20  - 25 % del español. El coste de la vida en Marruecos es considerablemente menor. Sin embargo, los salarios son tan inferiores que el menor coste de la vida no compensa la diferencia de ingresos. En consecuencia, el poder adquisitivo efectivo de un trabajador medio español sigue siendo aproximadamente entre tres y cinco veces superior al de un trabajador medio marroquí.

[15] Organizaciones agrarias españolas como ASAJA, COAG y Unión de Uniones han criticado en diversas ocasiones que las cadenas de distribución españolas (y de supermercados) importen productos marroquíes cuando existe producción nacional, alegando diferencias en costes laborales, exigencias fitosanitarias y competencia. Esas cadenas de distribución y supermercados esgrimen lo de que “deben garantizar el suministro durante todo el año”; pero considero que deben ser más escrupulosas en lo de cumplir la normativa de la UE.

[19] Cada año, con motivo de la Fiesta del Trono (30 de julio), el rey Mohammed VI concede indultos a miles de presos. En 2025, por ejemplo, el indulto fue extraordinariamente amplio y afectó a 19.673 presos, según las autoridades marroquíes. Pero no está acreditado públicamente que algunos de esos indultados de este año, cuya cifra aún no he localizado, hayan sido identificados entre los inmigrantes que entraron en Ceuta. Esa afirmación  que circula de que había excarcelados entre los asaltantes de la frontera debe tratarse, por ahora, como una alegación pendiente de confirmación.

[20]  Según Puerto de Ceuta, se trata de un espigón-escollera de 38’5 metros de longitud que tiene una valla de seis metros de altura y se adentra en el mar, según las mareas que haya en cada momento. En función de esas mareas, la profundidad del agua en su zona más alejada es de entre 2’5 y 3 metros, afectado por corrientes submarinas.

[23] Desde que la UE empezó a financiar de forma sistemática la cooperación migratoria con Marruecos, el importe acumulado supera los 360 millones de euros destinados específicamente al ámbito de la migración y la gestión de fronteras. La cooperación comenzó en 2004, se estructuró en 2013 y adquirió una financiación masiva y continuada a partir de 2014-2015, especialmente tras la crisis migratoria de 2015 y la creación del Fondo Fiduciario de Emergencia para África. Pero desde 2016 y hasta 2022, que no he encontrado nada más, con la premura de este post, hablamos ya de 360 millones de euros: 238 millones de euros procedían del Fondo Fiduciario de Emergencia para África (EUTF). El resto, unos 122 millones, de otros instrumentos financieros de la UE. Vamos, que son más millones en estos 4 años más y con más presiones. - https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-002889-ASW_EN.html

31 jul 2026

Y SI NOS TOMAMOS EN SERIO EL MONTE... (I)

 

 

 

Advierto: Esto post trata sobre el fracaso de un modelo de gestión pública donde los incendios son el síntoma; pero la enfermedad es otra. España ha sustituido la gestión forestal por la gestión de las emergencias forestales.

España ha construido un inmenso universo con la extinción de incendios forestales, mientras abandonó deliberadamente la gestión del monte. España invierte miles de millones de euros cuando el incendio ya existe, pero nada cuando todavía puede evitarse.

En España existe una especie de adicción institucional a la emergencia y cada verano se anunciaban más hidroaviones, más helicópteros, más UME, más presupuesto..., mientras el monte ha seguido acumulando combustible.

Los incendios no son únicamente consecuencia del cambio climático; son el resultado de una mala política forestal mantenida durante décadas. Porque aquí se ha confundido proteger el monte con no gestionarlo. El abandono rural no ha sido compensado por una gestión pública eficaz.

España presume de tener uno de los mejores dispositivos de extinción del mundo, pero eso no impide que cada vez arda más superficie cuando se producen grandes incendios.

La política forestal se ha convertido en una política reactiva y mediática: la fotografía del hidroavión descargando agua tiene mucho más rendimiento político que una brigada desbrozando monte. Y así nos va.

Comienzo…

Sobresaltado por la evolución de los incendios en la península, desde el jueves 22 de julio[1], y teniendo un testigo directo de la virulencia del fuego abulense y de la descoordinación palmaria de las primeras horas, que reporta a diario desde que fue evacuado del serrano Sotillo de la Adrada, Valle del Tiétar, el domingo 26 —en la tarde del miércoles 29 pudo volver a casa— y supimos, con resignada preocupación, de su deambular por Lanzahíta y otros pueblitos de la zona, héteme aquí que he vuelto a realizar una inmersión —siempre a cota de periscopio (que me aterran las profundidades abisales)— en el trastero para recuperar algo de aquello que manejé sobre el medio rural a finales de los setenta —que ya ha llovido lo suyo— y que parte de ello ya ilustré en este blog sobre la gestión de masas forestales[2] donde ya saqué a pasear las bondades de los bomberos forestales de cuatro patas, los rebaños, que limpian el monte, y hasta les hablé del conejito “Fidel”. Y quizá alguien lo recuerde, tal vez Ud. amable lector: el único miembro actual del género Oryctolagus que nos queda vivo, simpaticote él, pidiéndonos amablemente que no quemáramos el monte[3].

Sí, eso fue hace muuuuuuuucho tiempo…

España, aquí donde la vemos —en cuanto se disipe el humo de los incendios—, es uno de los países europeos con una de las tradiciones más antiguas de realización de políticas forestales fetén, aunque esa tradición haya marchado entre el arreón de caballo y la parada de burro, con etapas de gran intensidad frente a otras de claro abandono.

Hasta la Edad Media vimos el monte como recurso estratégico. No era ecologismo, oiga; era simple supervivencia, pues sin monte no había leña (combustible y carbón vegetal, madera para la construcción y aperos agrícolas) ni caza, ni ganadería. A partir del siglo XV aparece en la península una política forestal organizada porque la madera de los bosques suponía, también, un recurso estratégico para construir barcos. Un imperio marítimo como el que comenzamos a gestar necesitaba enormes cantidades de barcos[4]. Por eso la Corona comenzó a reservar determinados montes para uso naval. Así, gracias al mar y a los océanos se impulsó nuestra primera política forestal, digamos, “seria”.

Durante los siglos XVII y XVIII se desarrolló una auténtica política de Estado para garantizar la construcción naval. Se crearon hasta Provincias Marítimas en el interior del país, como la de Segura de la Sierra[5], donde los intendentes de Marina inspeccionaban los montes, inventariaban los árboles, ordenaban su cuidado, marcaban los talables, prohibían determinadas cortas y ordenaban nuevas plantaciones a partir los viveros forestales creados. Con Fernando VI (1748) llega la Ordenanzas de Montes de la Marina, que bajo Carlos III se convirtió en política de Estado (1776)[6], con el objetivo de asegurar madera para generaciones futuras y se convirtieron en el embrión de la silvicultura moderna con criterios de sostenibilidad[7].

Por cierto, un proyecto de investigación de la Complutense madrileña ha recogido “todos” los incendios registrados en España desde 1497; al sucedido en Herguijuela de la Sierra, en las Batuecas salmantinas, le cabe el honor de abrir el registro que surgió para saber qué había pasado en los montes de España antes de 1968, fecha en que se creó la Estadística General de Incendios Forestales[8]. Si, porque entonces también se quemaban.

Tras esa pincelada de investigación, volvemos a la línea del tiempo, donde lo habíamos dejado.

Y así, en el siglo XIX nace en España la ingeniería forestal; en 1848 se crea la Escuela Especial de Ingenieros de Montes, una de las primeras del mundo, de donde surgirían, con sus egresados, el Cuerpo de Ingenieros de Montes, los primeros catálogos forestales y los primeros planes de ordenación. España se convirtió en una referencia científica en este campo aplicando la idea de ordenar el monte. Y comenzamos a hablar de la dasocracia[9].

A finales del XIX y comienzos del XX entramos en otra dimensión con el arranque de la política hidráulico-forestal. Se dieron cuenta de que además de ser el bosque un pulmón natural, bien cuidado, atrae lluvia, mitiga la erosión, estabiliza las laderas, lamina flujos, alimenta acuíferos y protege cauces (y embalses) de aterramientos.

En 1935 nació el Patrimonio Forestal del Estado que, por necesidades obvias, tras la Guerra Civil adquirirá enorme protagonismo. En 1971 se creará el Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) cuya labor se ha venido ensalzando en los últimos años y que muchos lo recordamos únicamente por el conejo Fidel[10].

Y con el Estado de las Autonomías se rompe la tradición de políticas forestales claras con la irrupción de una legión de verdes verderoles ecologetas que son unos recalcitrantes ineptos de ideología de despacho y sólo a ellos cabe imaginar el culmen de despropósitos medioambientales a que nos abocan.

España nunca ha sido ajena al cuidado de sus montes. Los protegió para construir su Armada, los ordenó para garantizar madera a las generaciones futuras y los restauró para conservar el agua y frenar la erosión. El siglo XXI, visto lo visto, nos plantea un nuevo desafío: gestionar las masas forestales abandonadas para proteger a las personas frente a los grandes incendios y, de paso —para que nadie se nos moquee— adaptarnos al cambio climático.

Por cierto; todos estamos contra el cambio climático porque el cambio climático está contra todos. No es cuestión de debate en este post. El clima cambia; es dinámico. Hay cambio. Otra copla es la que cantan ciertos componentes de la sociedad moderna, la de talibanes del clima.

Sentado esto, a lo que íbamos.

El monte en España hoy exige un Pacto de Estado sin ideología fantasma ni ecologeta; con mucho sentido común y nada de lo que propone el Presidente del Gobierno —Pacto de Estado contra la emergencia climática— que repite todo el coro de verborreicos sincronizados miembros del Gobierno y que el 17 de diciembre último pasado ya esbozó sus 15 ejes y 80 medidas en las que nadie se pone de acuerdo y que en esencia vienen de las que ya propuso en julio de 2022.

Ese pacto, en concreto, ¡no! Pues como sostiene el catedrático Víctor Resco es una ensalada de propuestas que no soluciona ni los incendios ni su tan insistida crisis climática[11].

España tiene alrededor de  28’4 millones de hectáreas de superficie forestal (28.391.780 hectáreas según el Inventario Nacional Forestal[12]), de las que aproximadamente 19,2 millones están arboladas y poco más de 9,1 millones corresponden a monte desarbolado o matorral, que se quema igual.

Un porcentaje altísimo de esa masa forestal acumula una elevada cantidad de biomasa y matorral debido al abandono rural, la reducción del pastoreo y la prácticamente nula gestión forestal.

Cada año arden decenas de miles de hectáreas, y en años extremos pueden superarse las 300.000; en camino de ello vamos. 2024 fue un año “bueno” (en realidad, “raro”) con sólo 46.215 hectáreas calcinadas, pero 2025 se llevó la palma de oro del festival de la llama con 344.417 hectáreas. Y según los últimos datos actualizados de EFFIS (European Forest Fire Information System), en España se han quemado 207.105[13] hectáreas desde el principio de año hasta este 30 de julio, por encima de la media de los últimos 20 años a estas alturas de la temporada.

Sí, necesitamos actuar, rápida y consensuadamente con un —yo propongo— Plan Nacional de Gestión Preventiva Forestal, basado en clareos selectivos, eliminación de matorral excesivo, apertura y mantenimiento de cortafuegos, limpieza de cunetas forestales, mantenimiento de pistas, recuperación de bancales y cultivos abandonados, pastoreo dirigido con cabras y ovejas y aprovechamiento energético de la biomasa.

Vamos, un brindis al Sol que hago desde este blog pero que tirando de mis notas de hace medio siglo sobre una charla que nos dieron entonces y con un repasito a algunas páginas web y con una calculadora afinada… veo que es posible.

Limpiaríamos el monte y no solo reduciríamos incendios: nos tomaríamos en serio el monte. Lograríamos menos emisiones de CO2 por esos incendios, más infiltración de agua —con la consiguiente recuperación de acuíferos—, menos escorrentía incontrolada y mejor conservación de los suelos, lo que llevaría aparejado un aumento de biodiversidad, fijación de población rural por nuevos empleos (rellanamos la España vaciada), ingresos por aprovechamiento de biomasa para energía y ¡reducción del gasto en extinción!

Hasta a mí me suena mucho a cuento de la lechera, pero cada vez que releo mis apuntes de entonces lo veo más claro. Según mis cuentas, el Gobierno de España destinó en 2025 alrededor de 112 millones de euros en medios estatales de lucha contra incendios forestales[14]. Pero sumando lo por mí detectado en Medios sobre los dispositivos de extinción de incendios y añadiendo el esfuerzo anual en extinción que se sitúa en torno a los 1.000 millones de euros[15], a los que sumar los daños directos reportados por el Gobierno de España a la UE que ascendieron a 4.318 millones de euros[16].

Es que, tal como está el parque hoy, alcanzaríamos (con “mi” plan) tres objetivos simultáneos: reducir el riesgo de incendios catastróficos y proteger a la población (componente de seguridad); crear entre 15.000 y 30.000 puestos de trabajo estables, especialmente en la España rural (componente de empleo); y convertiríamos la muy abundante biomasa forestal en un recurso económico y energético, favoreciendo una economía circular (la componente de sostenibilidad que a todo el mundo chachi le gusta).

Cada vez que miro mis notas, me gusta (“mi” plan) hasta a mí. Es que en un contexto de cambio climático como el que nos gusta pregonar, este tipo de política tendría un doble valor: actuaría como medida de adaptación (reduciendo la severidad de los incendios) y también de desarrollo territorial, al generar empleo permanente en zonas despobladas o con riesgo de despoblación. Sería —ahí lo dejo— un ejemplo de inversión pública eficaz que combina protección civil, gestión ambiental y política de cohesión territorial. ¡Toma ya!

Me encanta como voy; ya ni me preocupa el cántaro de leche… pero viendo quién está en el Gobierno, voy a dar un traspiés, ¡seguro!

Concluyo que la viabilidad de mi propuesta es... seguro que ‘alta’, desde el punto de vista técnico; seguro que ‘media’, desde el punto de vista económico (como bien sabe don Antonio, no soy economista); y seguro que ‘muy baja’, desde el político. Y no porque sea inviable, aventuro, sino porque “mi plan” exige una continuidad durante décadas, algo difícil en un país donde la ideología insulso-progre inunda determinados ciclos políticos, como el actual, y los ecologetas son una plaga.

Piénsenlo fríamente: nuestro país dispone de ingenieros de montes y forestales altamente cualificados, empresas especializadas en silvicultura, excelentes profesionales encuadrados ya en brigadas forestales y de prevención, empresas de biomasa, maquinaria moderna, centros de investigación forestal y experiencia acumulada durante décadas. ¿Por qué no lo intentamos?

A mí (don Antonio ya conoce mi discapacidad económica) ¡no me preocupa el coste! Mire usted: dedicamos más de 14.000 millones a carreteras y más de 13.000 millones a infraestructuras ferroviarias y… están como están. A la vista de estas dos cuantías, ¿que supondrían —calculo yo y ahora— mil milloncejos de nada (1.000) para “mi plan”? Lo que nos cuesta extinguir los de ahora; ¿sólo es un poco más del 0'05 % del PIB? Y en chorradas y financiaciones absurdas se gasta este gobierno más allende los Pirineos y la Canarias.

España necesita considerar sus montes como una infraestructura estratégica de país, tan importante como las carreteras, los ferrocarriles o los embalses. (¡que vaya tres ejemplos que he puesto a día de hoy, señor ministro!)

Un monte bien gestionado no es solo un espacio natural: es una infraestructura que protege vidas, almacena carbono, regula el agua, conserva los suelos, sostiene la biodiversidad, impulsa la economía rural y reduce el coste de los incendios.

Igual que nadie se pone a discutir la necesidad del mantenimiento y la conservación de una carretera-autopista, una vía férrea o una presa (que ahora mismo están fatal), tampoco debería discutirse la necesidad de mantener de forma permanente el patrimonio forestal del país.

Este planteamiento “mío” considero que tiene además una gran fuerza política porque, insisto, conecta tres objetivos estratégicos ya esgrimidos anteriormente —seguridad, empleo y transición ecológica— en una única política pública de largo recorrido. Podría convertirse en uno de los grandes proyectos nacionales del siglo XXI.

Y es importante porque no solo es gasto puro y duro; una parte importante volvería a la economía de todos los días mediante empleo, impuestos, Seguridad Social... reducción de costes para sofocar incendios e irrupción de entradas económicas por aprovechamiento energético de biomasa.

En realidad habría que verlo como una inversión, no como un gasto. La viabilidad social la tengo clara (aunque soy discapacitado visual y utilizo lentes correctoras): hasta los tontolhaba ecologetas lo apoyarían, ¡seguro! (aunque lo mismo los estoy machacando dialécticamente mucho y por eso van y me dicen ¡no!).

Me reconozco un punto flaco en “mi plan”: más del 65 % del monte español es privado, está muy fragmentado con miles de parcelas abandonadas (y ahora contaremos por qué), sin accesos (no desde pistas forestales; total, allí “no hay nada”) y en muchos casos con propietarios desconocidos. Si no resolvemos este problemón, ni cuento de la lechera, ni cántaro que valga, ni piedra, ni fuente, ni leche.

Aquí, la clave está en conseguir que esos propietarios —generalmente pequeños propietarios— encuentren rentable mantener el monte.

El monte que encierra potencialidades económicas: biomasa, madera, resinas, corcho e incluso frutos forestales; alberga ganadería extensiva y apicultura; hasta turismo de naturaleza… puede generar créditos de carbono[17] y conseguir pagos por servicios ecosistémicos[18]. Es cuestión de ponernos manos a la obra.

Es que solo con la biomasa ya tenemos salidas para calefacción, compost y biochar.

Esta actuación permanente sobre el medio sería una auténtica revolución; España volvería a liderar este segmento. Con actuaciones continuadas desaparecería el concepto de “campaña extraordinaria” de cara al verano, se actuaría ¡cada año y todo el año! sobre un porcentaje de la superficie prioritaria —28 millones de hectáreas de golpe es imposible— y cada cierto tiempo volveríamos, porque hay que hacer mantenimiento, a intervenir; exactamente igual que hacemos con una carretera… Bueno, que hacíamos con una carretera…

A lo que voy. Con “mi” plan, el concepto actual de brigadista coge otra dimensión y se abre más a la carrera profesional forestal donde, además, cabe una idea innovadora y rompedora que en alguna propuesta web he leído: el Servicio Cívico Forestal. Esto es un ir más allá; que me he visto arriba. Esto es un “hasta el infinito y más allá”. Con esto, plateo una posición de fuerza para demostrar que nos importa el monte con un servicio voluntario para jóvenes de entre 18 y 30 años que les reporte formación e incluso retribución y les capacite en reforestación, prevención y emergencias; como una “mili” hipermega pacifista, verdosa y solidaria que, además, sirva como mérito para oposiciones y acceso a determinados empleos públicos; y más relacionados con el medioambiente. Vamos que, como ya me he venido muy arriba, les planteo un cóctel juvenil sin alcohol de formación profesional, empleo juvenil, protección civil y servicio al país.

Bueno… ya lo saben: España ha construido uno de los mejores sistemas de extinción de incendios del mundo. Pero, mientras perfeccionaba la lucha contra el fuego, fue abandonando silenciosamente la gestión del monte.

Y yo que me creía que no existe ninguna política pública que espere al accidente para empezar a prevenirlo. Se mantiene una red de carreteras antes de que se hundan, se revisan las vías férreas antes de que puedan ocasionar un accidente, se revisan las presas antes de que fallen… Sin embargo, en los montes hemos acabado aceptando que la gran inversión llegue cuando el incendio ya está declarado... mañana, más.

 

 



[1] El incendio se inició el 22 de julio en el municipio Burgohondo, aunque ha tomado como denominación la localidad de Navaluenga), por el uso de maquinaria pesada no autorizada en una zona forestal. El fuego ha afectado gravemente a municipios del Valle del Alberche, Tierra de Pinares, sierra de Gredos y Valle del Tiétar, además del entorno del embalse de El Burguillo y del Pantano de San Juan. 

[3] Fidel salía en aquellas teles grises, en blanco y negro, dándonos mensajes a los automovilistas de ventanilla bajada: "No tire colillas sin apagar", "No arroje cerillas encendidas"; a los excursionistas y domingueros: "No encienda fuego en el monte", "Apague completamente las hogueras"; a los agricultores: "Tenga cuidado al quemar rastrojos o pastizales";  al común de los españoles: "El monte es riqueza para todos, consérvelo";... y para todos: "Cuando un monte se quema, algo suyo se quema"... Y luego llegó Jaume Perich Escala, "El Perich", y en portada de aquel libro —ironía dirigida contra la gran propiedad forestal y el latifundismo, muy presentes en el imaginario social de la época— colocó la genial coletilla; señor Conde… [Autopista (Cuando un bosque se quema, algo suyo se quema... señor conde; Ed. Estela, 1970)] que consagró la frase.

[4] Un gran navío de línea podía requerir, entre pitos y flautas, de hasta 4.000 árboles de distintos tipo y porte. Y si aceptamos unos 3.000 árboles de media por galeón y estimamos que España construyó alrededor de 2.000 galeones entre los siglos XVI y XVIII, sólo la construcción de esos buques habría requerido del orden de 6 millones de árboles —robles para las cuadernas, pinos y abetos de gran altura para los palos, olmos para zonas sometidas al agua, encinas para piezas de gran resistencia y también tablazón de fresno y boj—; a los que añadir los necesarios para otros navíos de línea, fragatas, galeras u otras embarcaciones del Cantábrico, Atlántico/Pacífico y Mediterráneo. Estas cifras podrían ayudar a entender por qué la gestión de los bosques se convirtió en una cuestión estratégica para la Monarquía Hispánica y por qué se promulgaron ordenanzas específicas para proteger los montes destinados a la construcción naval.

[5] Histórica demarcación especial del interior peninsular (sierras de Sierra de Segura, Alcaraz, Villanueva del arzobispo, Cazorla y Santisteban) creada en el siglo XVIII (1733; reformulada en 1748), destacando por su capital en Orcera (Jaén) y su fin de abastecer de madera a los arsenales reales. Los troncos talados se bajaban flotando por los ríos Segura, Guadalimar y Guadalquivir en las famosas maderadas. Dependía de los departamentos de Marina de Cádiz y Cartagena según la vertiente de los montes. Fue abolida en 1836 con la llegada del nuevo régimen provincial y el cambio en la construcción naval. Tenía una superficie de más de 9.500 km2 (repartida entre las actuales provincias de Jaén, Albacete y, en menor medida, Ciudad Real), superficie aproximadamente equivalente a la de la actual provincia de Lugo; incluía 55 núcleos urbanos, sin contar aldeas y pedanías, administrados directamente por la Marina a más de 200 kilómetros de la costa más cercana.

[7] Sirvan estos tres ejemplos contenidos en ellas:  Atajar los incendios forestales provocados por ganaderos o labradores para procurarse más pastos los primeros o fertilizar nuevas tierras de laboreo los segundos, con la medida de prohibir sembrar y pastar en los terrenos incendiados por espacio de siete años, pasados los cuales estaban ya otra vez poblados o enmalezados los montes o breñales abiertos con el fuego; así, los incendiarios no tenían esperanza de sacar fruto de su criminal operación, por lo que desistían de esta deplorable práctica; Sistemático inventariado de las existencias forestales con estrictos criterios dendrométricos y marcado de los árboles a talar una vez alcanzado el turno, evitando la tala de aquellos que no hubiesen alcanzado una edad mínima, favoreciendo una explotación sostenible del monte y evitando la tala indiscriminada de este que impidiera su regeneración; de esta forma, tan solo se cortaba un pie si estaba asegurada su sustitución por otro u otros más jóvenes. Únicamente se concedía a los vecinos el aprovechamiento forestal para sus precisos usos, y de ningún modo a los foráneos que cortaban árboles sin criterio y los comercializaban sin control alguno fuera de la provincia; Se incentivaron los viveros para la repoblación de los claros y la regeneración de los montes con las prácticas silviculturales oportunas.

[9] Rama de la dasonomía enfocada en la ordenación y gestión de los bosques y montes. Su objetivo principal es organizar el aprovechamiento sostenible de los recursos madereros para obtener el mayor rendimiento económico constante, garantizando al mismo tiempo la conservación y regeneración del ecosistema. Etimológicamente proviene de las raíces griegas dasos (bosque o espesura) y kratos (poder o gobierno), lo que se traduce literalmente como el “gobierno o administración del bosque”. Su impulsor fue el ingeniero Agustín Pascual y González (introductor de las ideas y tendencias de la escuela forestal alemana, la primera del mundo), junto a figuras clave de la época como Lucas de Olazábal y otros.

[10] El nombrecillo de “Fidel” para el conejito del ICONA viene —me contaron en su día en la EUITA— del de un viejo manual al que llamaban así, “el Fidel”; todo estaba en “el Fidel”.  El Fidel”, recuerdo y va a hacer 50 años, no era otra cosa que un manual de instrucciones o cuaderno de campo del ICONA, utilizado durante años por el personal forestal para las repoblaciones, trabajos selvícolas y gestión del monte. Se apuntaba la autoría a un tal Fidel Rojo, ingeniero de Montes. Y lo tomé por bueno, lo decía un profe. Muchos años después supe que el título oficial del Manual era Instrucciones Generales para la Ordenación de Montes Arbolados, que trasplantaba al papel la Orden de 29 de diciembre de 1970[10] por la que se aprobaron las Instrucciones Generales para la Ordenación de Montes Arbolados. Y del tal ‘ingeniero Fidel Rojo’ no he encontrado mayor referencia ahora. Y de aquellas instrucciones generales hoy sé que fueron elaboradas por una comisión interna de ingenieros forestales de la Dirección General de Montes. Al ser una orden ministerial aprobada en el BOE, el firmante legal del documento en la época fue el Ministro de Agricultura, entonces Tomás Allende y García-Baxter. Encontrar impreso uno de aquellos manuales resolvería el expediente X que he planteado para descongestionar; para descongestionarme.

[13] EFFIS no utiliza exactamente la misma metodología que las estadísticas oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica (EGIF). EFFIS se basa en observación por satélite y cartografía incendios de aproximadamente 30 hectáreas o más, por lo que sus cifras pueden diferir de las oficiales españolas. Aun así, es la referencia utilizada por la Comisión Europea para comparar países y analizar tendencias y están en abierto… asín que…

[14] chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.congreso.es/entradap/l15p/e7/e_0078675_n_000.pdf?

[15] No existe todavía una liquidación oficial única del gasto total de extinción en 2025. La práctica totalidad del coste la asumen las comunidades autónomas (personal, parques, helicópteros contratados, autobombas, retenes, etc.), mientras que el dispositivo estatal fue de 112 millones. Estaríamos hablando de mil millones de euros.

[16] chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11357-2026-INIT/es/pdf?

[17] Los créditos de carbono son un instrumento económico diseñado para poner un precio a la reducción o captura de emisiones de gases de efecto invernadero. Un crédito de carbono equivale a una tonelada de CO₂ (o su equivalente en otros gases) que ha sido evitada o retirada de la atmósfera. Ese crédito puede comprarse y venderse en mercados específicos. Una empresa que no puede reducir todas sus emisiones puede adquirir créditos generados por un proyecto que sí reduce o captura carbono. Está calculado que los bosques españoles absorben cada año del orden de 30 a 40 millones de toneladas de CO₂ y el desarrollo de un mercado sólido de créditos de carbono ligado a una gestión forestal sostenible podría convertirse en una herramienta útil para financiar la prevención, reforzar la economía rural y aumentar la resiliencia de las masas forestales frente al cambio climático.

[18] Los Pagos por Servicios Ecosistémicos (PSE) son mecanismos mediante los cuales quien se beneficia de un servicio que presta la naturaleza remunera, de forma directa o indirecta, a quien lo conserva o mejora. La idea es sencilla: la naturaleza produce bienes y servicios que tienen un valor económico, aunque normalmente no tengan un precio de mercado. Las principales actividades que pueden considerarse pagos por servicios ecosistémicos; captura y almacenamiento de CO2, regulación del agua, prevención de incendios, conservación de la biodiversidad, protección del suelo, servicios recreativos y de turismo, conservación de sistemas agrarios tradicionales y restauración ecológica. Muchos expertos consideran que los pagos por servicios ecosistémicos podrían convertirse en una fuente estable de ingresos para propietarios forestales y municipios rurales, ayudando a financiar la gestión activa del territorio. Ojo a los PSE que en los próximos años es probable que los PSE evolucionen desde programas puntuales hacia instrumentos permanentes de financiación del medio natural, complementando los presupuestos públicos y ofreciendo incentivos para que propietarios, ayuntamientos y gestores conserven los ecosistemas de los que dependen tanto la economía como la calidad de vida.