18 nov 2026

  

Son diez, rotundas y contundentes, razones para no votar al PSOE de Pedro Sánchez el próximo 29 de noviembre, Día Mundial Sin Compras (Buy Nothing Day; no compre por comprar algo que ha funcionado mal). Les invito a conocer mis razones.

Son, para mí, diez cuestiones, diez, que un elector alicantino no le puede pasar por alto al Gobierno de Pedro Sánchez.

1. Inversión estatal insuficiente. Alicante es la quinta provincia española que más aporta al Estado[1] [2] y es la 50ª en inversiones del Estado[3] [4] en los últimos seis años; que ya es decir y son, las mías, ganas de recordarlo para que sea tenido en cuenta. Sí, desde este post denuncio el castigo sistemático a Alicante colocando a la provincia en una posición muy desfavorable en inversión pública por habitante. Esto merece una explicación que nunca llega. Entre 2011 y 2025, Alicante recibió de media únicamente el 78,8% de la inversión per cápita que le habría correspondido por su peso poblacional. El déficit inversor acumulado de Alicante durante ese periodo se estima en 490 millones de euros. Ningún Gobierno, y este tampoco, lo ha corregido. Pero aún es más grave: entre 2015[5] y 2025, únicamente llegó a licitarse el 73,3% de la inversión presupuestada[6]. Alicante no necesita promesas de financiación. Alicante necesita financiación suficiente, inversiones ejecutadas y servicios públicos a la altura de lo que aportan sus ciudadanos a la economía española.

2. El agua y el trasvase Tajo-Segura. La incertidumbre sobre los caudales, las nuevas reglas de explotación y la política de trasvases afectan directamente al campo, al empleo y al abastecimiento de la Vega Baja y otras comarcas[7] [8]. No se puede dejar a la provincia a expensas de la desalación.

3. El retraso de las infraestructuras ferroviarias. El sistemático olvido de la provincia en Cercanías, variante de Torrellano, conexión ferroviaria con el aeropuerto y Corredor Mediterráneo: ¿cuándo estarán terminadas y plenamente operativas? Algo se movió en octubre sobre la variante de Torrellano[9], pero el resto es abandono histérico[10].

4. La conexión por carretera. La N-332, la A-31 y la A-7 necesitan actuaciones que reduzcan congestión, mejoren la seguridad y faciliten la movilidad provincial. Sólo ha habido un anuncio de actuaciones en junio pasado[11]. Pero eso no palía el histórico abandono en las carreteras de Alicante, especialmente en la última década, con infrafinanciación presupuestaria y falta de mantenimiento preventivo. Esta situación afecta tanto a la competitividad económica de la provincia como a la seguridad vial.

5. El aeropuerto Alicante-Elche y su segunda pista. Su importancia turística y económica exige planificación de capacidad, accesos y conexiones. Hay que pedir plazos concretos para las actuaciones anunciadas, incluida la ampliación aeroportuaria. Ya no está Óscar Puente que en agosto pasado dijo no a la segunda pista[12], tan reclamada por la provincia[13] para un aeropuerto que sigue creciendo[14] [15] gracias a la provincia que lo acoge.

6. La vivienda y el acceso de los jóvenes. El encarecimiento de la vivienda afecta especialmente a una provincia turística, con fuerte demanda residencial y presión sobre el alquiler. Hay que juzgar al Gobierno por las viviendas asequibles efectivamente construidas, no por los anuncios. Y en esta cuestión, el tinte ideológico es rechazable[16].  Porque no se puede diseñar la política de vivienda de los próximos años de espaldas a quienes tienen las competencias y gestionan diariamente las ayudas y promociones de vivienda. Es antigua la denuncia sobre la falta de financiación del ICO[17].

7. La economía provincial y el empleo. El turismo no puede ser la única garantía de prosperidad. El calzado del Vinalopó, el juguete de la Foia de Castalla, el mármol de Novelda, la industria de Elche y el tejido empresarial necesitan productividad, innovación e infraestructuras. La provincia es muy dinámica y crea empleo[18], pero hay lagunas que impiden avanzar más[19] [20]. Y ojo, que la economía se ralentizará en 2027 por el fin de los fondos Next Generation y se enfriará el mercado laboral: ¡aviso a navegantes!

8. La seguridad y los servicios públicos. Las localidades turísticas soportan incrementos estacionales de población. Hay un desajuste estructural y es legítimo exigir efectivos suficientes de Policía Nacional y Guardia Civil, así como de los servicios públicos financiados por el Estado. Esto no es nuevo[21], pero exige una respuesta que hasta ahora no se ha producido. La población empadronada no refleja siempre la población que utiliza los servicios; y esto debe ser tenido en cuenta y este gobierno de Pedro Sánchez lo ha olvidado[22].

9. La responsabilidad política y la confianza institucional. Un elector puede exigir explicaciones sobre los pactos parlamentarios, las concesiones a los socios de legislatura, la transparencia y los casos de corrupción que afecten al entorno del partido socialista. La responsabilidad debe acreditarse individualmente, sin atribuir delitos por asociación.

Y 10. La financiación de la Comunitat Valenciana. Al castigo específico para la provincia de Alicante se une la lacra de la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana. No se puede apoyar quien se niega a resolver esta situación que ya es crónica[23]. Sí, es una situación que no es nueva[24], pero no ha hay visos de que se quiera arreglar[25]. Es más, no se percibe voluntad de arreglar un modelo[26] que condiciona la financiación de hospitales, colegios, servicios sociales y transporte. Detrás de cada euro que falta en la financiación de la Comunitat Valenciana hay una cuestión determinante: la falta de capacidad de la Generalitat para mantener y mejorar los hospitales, los centros de salud, los colegios, las infraestructuras educativas y los servicios sociales que utilizan los ciudadanos. La Generalitat Valenciana dispone de menos recursos que otras comunidades para atender necesidades equivalentes[27].

En este tema, el Gobierno central tiene una responsabilidad directa en la reforma del modelo de financiación autonómica. Pedro Sánchez lleva gobernando desde 2018 y ha dispuesto de años suficientes para impulsar una reforma estructural y alcanzar un acuerdo entre las comunidades autónomas. A la propuesta del Gobierno este mismo año[28], la Generalitat ha dicho No[29]; ni aun así garantiza alcanzar la media nacional[30]. La financiación autonómica no es un asunto reservado a los consejeros de Hacienda ni a los técnicos del Ministerio: afecta directamente a la vida de las personas. Pedro Sánchez no puede presentar como una concesión política lo que debería ser una obligación institucional: garantizar un sistema de financiación justo para todos los españoles[31]. Se puede discrepar de la propuesta, como lo hace la Generalitat valenciana, sobre todo cuando un modelo no se reforma en doce años de gobiernos de distinto signo, pero ha sido especialmente con el Sánchez con el que se ha sido más reivindicativo y ha sido el único en tomar una iniciativa que no satisface.

En la financiación de la Comunitat Valenciana la responsabilidad es fundamentalmente estatal. En cuanto a vivienda, el Estado tiene instrumentos decisivos sobre el mercado inmobiliario. Y sobre seguridad y servicios públicos, el Estado tiene responsabilidades directas. Quedando muy claras las de seguridad, resulta que en sanidad, educación y buena parte de los servicios sociales, aun cuando la Generalitat las gestiona, el Estado conserva responsabilidades tan importantes como establecer las bases y la coordinación general de la sanidad, la regulación de las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio del derecho a la educación, la determinación del marco general de financiación autonómica, la participación en la financiación de la dependencia, el establecimiento de las bases de la Seguridad Social o la distribución de fondos y recursos estatales para diferentes políticas sociales. Por eso la financiación autonómica es tan importante: el Estado tiene la responsabilidad de garantizar un sistema que permita a las comunidades prestar servicios fundamentales en condiciones de igualdad.

 

Y expuestas mis diez razones, la pregunta surge: ¿qué responsabilidad tiene Pedro Sánchez?

Pues bien: un presidente del Gobierno tiene la obligación de establecer mecanismos de prevención, supervisión y transparencia que impidan que las instituciones públicas se conviertan en instrumentos al servicio de intereses particulares. Y aquí entra en acción la proximidad de los implicados al presidente (aunque luego diga que ni los conoce ni tienen relación con él), la utilización de estructuras institucionales, la continuidad de determinadas personas en puestos de responsabilidad y que la exigencia de ejemplaridad no puede depender del partido al que se pertenezca. Si se esgrime que la corrupción no tiene ideología, la exigencia de responsabilidades tampoco debe tenerla.

La corrupción puede tener responsables individuales ante los tribunales, pero el deterioro de la confianza institucional tiene responsables políticos ante los ciudadanos.

¿Con qué autoridad moral puede un Gobierno exigir confianza a los ciudadanos cuando personas de su máxima estructura política han sido condenadas por corrupción y otras actuaciones relacionadas con la contratación pública siguen bajo investigación?

Y Alicante tampoco ha quedado al margen de las informaciones conocidas. La UCO ha examinado conversaciones de Koldo García relacionadas con una reclamación económica de las obras de la estación del AVE de Elche (que no salió)[32]. También se han publicado informaciones cuestionando la adjudicación de las obras del puerto de Tabarqueras, en Santa Pola, a una empresa relacionada con un empresario, investigado en el caso Koldo, durante la etapa de Rebeca Torró al frente de la conselleria competente[33].

Los ciudadanos de Alicante tienen derecho a saber si las obras públicas de su provincia se han adjudicado con plena limpieza, igualdad de oportunidades y sometimiento exclusivo al interés general.

La ejemplaridad no es una opción. Es una obligación de quien gobierna. Y la confianza de los ciudadanos no se recupera con eslóganes, sino con explicaciones, transparencia y asunción de responsabilidades.

Y para cerrar:

a)   Alicante, planteo desde aquí, no pide privilegios; pide respeto, inversiones, servicios públicos suficientes y unas instituciones en las que pueda confiar. Es que, también en esto merece recibir lo mismo que cualquier otro territorio de España.

 

b)   Alicante no puede ser la gran olvidada cuando se trata de inversiones y financiación, y aparecer en el mapa cuando se conocen operaciones empresariales que exigen explicaciones. El Gobierno central no es un mero espectador de los problemas de Alicante. Tiene competencias, recursos y capacidad de decisión sobre cuestiones fundamentales para la calidad de vida de sus ciudadanos. La igualdad de los españoles no puede depender del territorio en el que vivan, ni la responsabilidad política puede diluirse entre administraciones cuando llega el momento de responder ante los ciudadanos.

 

c)   Alicante no puede seguir siendo la última provincia en la lista de prioridades de Madrid. Esto sólo ha sido, a vuelapluma, un compendio mínimo de diez reivindicaciones, diez respuestas exigibles y diez compromisos medibles.

Pongo negro sobre blanco la repercusión de los gobiernos de Pedro Sánchez ante Alicante y qué razones existen para penalizarlo electoralmente.

La provincia representa aproximadamente el 37% de la población de la Comunitat Valenciana, pero soporta las consecuencias de un sistema de financiación autonómica que lleva más de una década sin reformarse y que, además, se combina con una distribución territorial de las inversiones públicas que tampoco ha favorecido históricamente a Alicante.

A mí me parecen diez razones más que suficientes.

 




[5] Sánchez gobierna desde el 2 de junio de 2018

[22] La responsabilidad del Estado sigue siendo decisiva en las razones 6, 7 y 9 porque, aunque las comunidades autónomas y los ayuntamientos tengan competencias importantes en esas materias, el Gobierno central conserva instrumentos normativos, financieros, regulatorios y ejecutivos que condicionan directamente los resultados.

[27] La financiación efectiva por habitante ajustado es de 3.141 €; la diferencia respecto a la media autonómica es de -249 €; la diferencia respecto a la comunidad mejor financiada (Cataluña) es de -936 €. La financiación respecto a la media sólo es del 92,6 %. Es decir, la Comunitat Valenciana recibía un 7,4% menos que la media en financiación efectiva por habitante ajustado.  https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2026-19330

[28] El Gobierno ha presentado una propuesta de reforma. Y sería intelectualmente deshonesto ignorarlo. La propuesta contempla un incremento importante de los recursos para la Comunitat Valenciana y según las cifras comunicadas por el Ministerio de Hacienda en junio de 2026, el nuevo modelo supondría 3.669 millones de euros adicionales para la Comunitat Valenciana; una mejora de los recursos disponibles para sanidad, educación y dependencia. Ello comportaría una reducción de la deuda valenciana mediante la asunción estatal de hasta 11.210 millones de euros y llevaría aparejado un ahorro estimado de 1.207 millones de euros en intereses de la deuda. Ahora bien: aunque la propuesta supone una mejora considerable, no garantiza alcanzar la media nacional.

[31] Deuda valenciana (3.º trimestre 2025): 62.424 M€ (endeudamiento estructural acumulado). Condonación de deuda valenciana propuesta: 11.210 M€. Eso sólo es una medida para aliviar la deuda.



4 nov 2026

DE RENUNCIAS… (Opinión)

 

 

Anoche, Puente renunció a su cargo. Con altivez y desdén: renunció.

El resultado es el mismo; pero no es lo mismo renunciar, que dimitir o ser cesado.

Renunciar es abandonar voluntariamente algo a lo que se tiene derecho o que se desempeña; renunciar es una decisión personal y no presupone necesariamente asumir una responsabilidad política por algo sucedido. Dimitir es abandonar voluntariamente un cargo o responsabilidad, generalmente como consecuencia de una discrepancia, un fracaso o una exigencia de responsabilidad política; conlleva una carga política y ética que no tiene la renuncia. Luego estaría lo de ser cesado, cosa que no ha ocurrido y que hubiera significado que quien tiene la potestad de nombrar y separar del cargo a alguien decide poner fin a esa responsabilidad; las consecuencias se ven a la legua.

Durante seis días, Puente defendió que su obligación era permanecer en el cargo y dar la cara. Anoche adujo que su obligación era marcharse. Permanecer en el cargo, sostuvo siempre, era asumir responsabilidades; marcharse también lo debe suponer.

Lo sucedido anoche, 3 de noviembre, en la Diputación Permanente del Congreso no exonera ni al ya exministro ni al Gobierno; ni cierra las investigaciones, ni determina las causas del accidente ni establece las responsabilidades.

Puente hizo lo que debe hacer un ministro cuando considera que políticamente no puede seguir: dimitir. La pregunta es ¿qué hacemos con la culpa después de la dimisión? La culpa debe seguir su camino.

Y tiene razón Puente al citar al ministro portugués Jorge Coelho cuando tras un accidente con víctimas, dimitió[1] y pronunció la frase “la culpa no puede morir soltera”. Y por el mismo principio rector, renunciar no puede convertirse en el punto final de la responsabilidad.

Jorge Coelho dimitió la misma noche de la tragedia; Óscar Puente anunció su renuncia seis días después. Coelho utilizó la frase para asumir su responsabilidad política; Puente la utiliza después de varios días de explicaciones, polémicas y controversias públicas, para dar lustre a su salida.

Coelho insistió en irse y se fue; aunque su presidente, Guterres, le pidió que se quedara. Puente aceptó quedarse en cuanto se lo insinuaron; aunque dijo que desde el principio había ofrecido a Sánchez su dimisión[2].

Pero hay más. Por la mañana del martes 3 de noviembre Puente nos soltó la parábola de la experiencia ante los errores y la tragedia, tirando de Mark Twain... ¿Qué pasó?: la experiencia de Adamuz no evitó Urda.

A la vista de lo sucedido —cuando menos, señor Puente— no basta con aprender de los errores: tenía que haber corregido antes de renunciar, que tiempo tuvo, todo aquello que podía volver a ocurrir. Las tragedias no son experiencias de las que aprender; son fracasos que hay que evitar. Y la primera obligación de quien tiene responsabilidades públicas es precisamente esa: evitar que sucedan las tragedias.

Ya no está Puente dirigiendo el Ministerio de Transportes, pero: ¿por qué tuvo que haber dos tragedias ferroviarias para que un ministro llegara a la conclusión de que no podía continuar? No doy crédito a la postura.

“La culpa no puede morir soltera”. Y tenía y tiene razón el portugués Jorge Coelho; la tenía hace veinticinco años, cuando dimitió —en 2001—, como ministro de Equipamiento Social después del derrumbamiento del puente de Entre-os-Rios, que costó la vida a 59 personas. La tiene hoy, en el recuerdo.

Es cierto: la culpa ni puede morir soltera. Pero es que la culpa tampoco puede quedar huérfana de explicaciones, ni puede enterrarse entre declaraciones, comparecencias y juegos de palabras que solo adquieren verdadero significado cuando van acompañadas de decisiones.

La honra de las frases históricas no se hereda por pronunciarlas. Se alcanza cuando se está a la altura de las decisiones que las hicieron históricas.

El martes 3 de noviembre sacó el aún ministro Puente a pasear a Mark Twain y a Jorge Coelho. Demasiada literatura para una tragedia que exige algo bastante más sencillo que erudición: verdad, responsabilidad y respeto a las víctimas.

Yo, en lo personal, sigo consternado: el dolor de las víctimas no necesita comparaciones. Al decir “después del suyo (refiriéndose a víctimas y familias), ninguno es tan grande como el mío” volvió a arrogarse un innecesario protagonismo. Y la responsabilidad de un ministro, en el momento de pronunciar esa malhadada frase, tampoco necesita dramatizaciones. Ese fue el momento más desafortunado de la noche.

La tragedia exige algo bastante más sencillo: verdad, responsabilidad y respeto a las víctimas.

Renunciar, dimitir o ser cesado son tres maneras de abandonar un despacho. Pero ninguna de ellas, por sí sola, sirve para esclarecer una tragedia ni para responder a las víctimas.

Y un ruego: que no muera la verdad. Soltera, casada, viuda… que prevalezca la verdad.


 



[1] A las 21:00 (hora local portuguesa) de un 4 de marzo de 2001, el segundo y el tercer tablero del puente Hintze Ribeiro, un puente metálico construido en 1887 para comunicar Entre-os-Rios y Castelo de Paiva, conectando así los municipios portugueses de Entre-os-Rios (Oporto) y Castelo de Paiva (Aveiro) colapsaron. La razón: la erosión propia del Duero, la extracción de arena durante años y unas inundaciones extraordinarias que aceleraron el deterioro de la infraestructura. Como resultado, los tres turismos y el autobús repleto de excursionistas que circulaban sobre los tableros cayeron al río. Murieron 59 personas. A las 2 de la mañana del 5 de marzo se hizo efectiva su dimisión. https://poligrafo.sapo.pt/politica/20-anos-de-entre-os-rios-a-noite-mais-longa-da-vida-politica-de-jorge-coelho-contada-pelo-proprio    &     https://arquivos.rtp.pt/conteudos/demissao-de-jorge-coelho

3 nov 2026

 Esto de hoy es una reflexión sobre lo que pensaba en 2005, lo que ha sucedido desde entonces y los desafíos que tenemos por delante.

Buceando en el trastero he recuperado un trabajo universitario del curso 2004-2005. Se titula “Del Estado del Bienestar a la Sociedad del Bienestar”; Geografía Social y del Bienestar en estado puro. Me he alegrado de dar con él; he disfrutado con su lectura.

 

Han pasado veintiún años.

Sí, veintiún años en los que han cambiado muchas cosas: la economía, la sociedad, la demografía, las relaciones laborales, la tecnología y hasta nuestra manera de entender el mundo. Hemos atravesado una crisis financiera de dimensiones extraordinarias que se extendió en el tiempo, una pandemia que paralizó nuestras vidas, profundas transformaciones en el mercado laboral y una aceleración tecnológica que entonces difícilmente yo podía imaginar.

Pero, al releer aquel trabajo, hay algo que me ha llamado especialmente la atención: las preguntas que me hacía entonces siguen siendo, en buena medida, las mismas que deberíamos hacernos hoy.

Miren si no: ¿es sostenible nuestro Estado del Bienestar? ¿Hasta dónde puede llegar la capacidad del Estado para garantizarlo? ¿Qué responsabilidad corresponde a los ciudadanos, a las familias, a las empresas y a las organizaciones sociales? ¿Podemos seguir ampliando derechos y prestaciones sin preguntarnos cómo vamos a financiarlos?

Y, sobre todo, la principal: ¿hemos construido una sociedad del bienestar o nos hemos limitado a desarrollar un Estado que asuma, prácticamente en exclusiva, esa responsabilidad?

Voy por partes, porque me ha gustado como lo planteé.

 

2005: las preocupaciones de entonces

Cuando escribí aquel trabajo, el Estado del Bienestar europeo llevaba décadas consolidándose. La sanidad pública, la educación, las pensiones, la protección por desempleo y los servicios sociales constituían los grandes pilares de un modelo que había contribuido decisivamente a mejorar las condiciones de vida de millones de personas.

Sin embargo, ya entonces advertía de algunas de sus contradicciones.

El envejecimiento de la población, el incremento de la esperanza de vida, la evolución del mercado laboral, la globalización económica y las dificultades para sostener financieramente un sistema de prestaciones cada vez más amplio eran cuestiones que merecían atención.

También me interesé especialmente la inmigración y su relación con el mercado laboral, la demografía y el sostenimiento de los sistemas públicos de protección social.

No se trataba de cuestionar el Estado del Bienestar, sino de preguntarse por su futuro.

Mi planteamiento partía de una convicción que aún hoy mantengo: el Estado debía continuar desempeñando un papel fundamental, pero el bienestar de una sociedad no puede descansar exclusivamente sobre sus estructuras administrativas y presupuestarias.

De ahí la idea de avanzar hacia una Sociedad del Bienestar.

 

2005-2026: ¿acerté en el diagnóstico?

Gran pregunta. Veintiún años después, merece la pena confrontar aquellas preocupaciones con la realidad.

La primera constatación es que algunos de los problemas que entonces identifiqué no solamente no han desaparecido, sino que han adquirido una dimensión mucho mayor.

El envejecimiento demográfico es probablemente el ejemplo más evidente. En 2005 hablábamos del incremento de la esperanza de vida y de sus consecuencias sobre las pensiones y los sistemas de protección social. Hoy hablamos, además, de dependencia, cuidados de larga duración, soledad no deseada y de la necesidad de reorganizar una parte importante de nuestros servicios públicos.

La cuestión demográfica ha dejado de ser una advertencia para convertirse en uno de los grandes condicionantes de nuestro futuro.

También advertía de la importancia del empleo y de la capacidad productiva de la economía para financiar el bienestar. La crisis de 2008 nos mostró de manera contundente hasta qué punto un sistema de protección social puede verse comprometido cuando se deterioran el empleo, la actividad económica y los ingresos públicos.

La pandemia de 2020 nos ofreció otra lección. Descubrimos la importancia de disponer de unos servicios públicos sólidos, de un sistema sanitario capaz de responder a situaciones extraordinarias y de redes familiares y comunitarias que amortiguaran sus consecuencias.

Y en materia de inmigración, aquella preocupación por su relación con el mercado laboral y la sostenibilidad demográfica sigue vigente, aunque hoy exige incorporar cuestiones adicionales: integración, formación, acceso al empleo, convivencia y capacidad de los servicios públicos para atender a una población creciente y diversa.

No todas las previsiones de 2005 podían anticipar lo que vendría después. Tampoco sería razonable pretender que un trabajo universitario de entonces ofreciera respuestas a los problemas de hoy.

Pero sí resulta significativo que buena parte de las preguntas fundamentales continúen sobre la mesa.

Acerté en lo del envejecimiento y la presión sobre las pensiones, la fragilidad de la financiación, la inmigración laboral y la perspectiva de género. Me superó la realidad ante mi optimismo en la Estrategia de Lisboa[1], la confianza en que el crecimiento sostendría el sistema (¡jope!, llegó la crisis a partir de 2008) y el diagnóstico de la Agenda 2010 alemana como modelo. No sospeché, ni por asomo, la precariedad en el empleo y la vivienda como arietes modernos…

 

La crisis del modelo y las nuevas realidades

La realidad, hoy, se ha encargado de recordarme que ningún modelo económico, político o social es inmutable.

La crisis financiera de 2008 puso a prueba la capacidad de los Estados para sostener sus sistemas de protección social. El desempleo, los ajustes presupuestarios y el endeudamiento público evidenciaron hasta qué punto el bienestar depende también de la fortaleza de la economía que lo financia.

Después llegó la pandemia. Y, con ella, una nueva percepción de nuestra vulnerabilidad colectiva.

Mientras tanto, el mercado laboral ha experimentado transformaciones profundas. La digitalización, la automatización, las nuevas formas de empleo y la inteligencia artificial están modificando las relaciones económicas y profesionales.

Y han aparecido, o se han agravado, otros problemas que entonces no ocupaban el lugar que hoy tienen: el acceso a la vivienda, la pobreza energética, la brecha digital, las dificultades de emancipación de los jóvenes y la soledad no deseada.

Todo ello obliga a revisar nuestras prioridades y, especialmente, a preguntarnos si estamos adaptando nuestras estructuras de bienestar a las necesidades reales de la sociedad.

 

La solidaridad intergeneracional: ¿quién sostiene el bienestar de quién?

Hay una cuestión que merece una atención especial y que probablemente no tenía en 2005 la dimensión que tiene hoy: la solidaridad entre generaciones. Yo, es que entonces, ni la sospechaba.

El Estado del Bienestar se ha construido sobre un principio de solidaridad colectiva. Los ciudadanos contribuyen, a través de impuestos y cotizaciones, a financiar prestaciones y servicios que atienden necesidades presentes y futuras. Pero ese pacto social tiene también una dimensión temporal. Cada generación recibe una herencia de derechos, servicios e infraestructuras, y asume, al mismo tiempo, la responsabilidad de contribuir a que quienes vengan después puedan disfrutar de ellos.

El envejecimiento de la población, la financiación de las pensiones, el incremento del gasto sanitario y de dependencia y el crecimiento de la deuda pública obligan a reflexionar sobre el equilibrio de ese pacto.

Y no podemos hacerlo sin incorporar la perspectiva de los jóvenes.

Entonces no vi el problema que ahora veo: una generación joven que encuentra dificultades para acceder a una vivienda, emanciparse, formar una familia o desarrollar un proyecto profesional estable. Y la realidad es que el modelo de bienestar que hemos construido no le ofrece las mismas oportunidades que ofreció a sus mayores. Una realidad que plantea una pregunta incómoda: ¿está nuestra sociedad ofreciendo a los jóvenes las mismas oportunidades de progreso y bienestar que tuvieron las generaciones anteriores?

No se trata de enfrentar a jóvenes y mayores, ni de cuestionar los derechos adquiridos por quienes han contribuido durante toda su vida al sostenimiento del sistema. Sería una simplificación injusta. Se trata de reconocer hoy que la solidaridad intergeneracional debe funcionar en ambas direcciones.

Ahora, con pavor, veo que no podemos construir el bienestar de las generaciones presentes comprometiendo las oportunidades de las futuras. Ni podemos pedir a quienes todavía no han podido incorporarse plenamente al mercado laboral que sostengan indefinidamente un sistema sin ofrecerles perspectivas razonables de futuro.

Y aquí me viene ni que pintada una cuestión principal: la justicia social también consiste en que cada generación pueda transmitir a la siguiente unas condiciones de vida, unas oportunidades y unos recursos que permitan seguir avanzando.

 

El Estado del Bienestar no puede ser una sociedad de expectativas ilimitadas

Quizá una de las grandes confusiones de nuestro tiempo consiste en identificar el bienestar con la capacidad del Estado para proporcionar prestaciones y servicios.

Naturalmente, el Estado tiene responsabilidades irrenunciables: garantizar la igualdad de oportunidades, proteger a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, asegurar servicios públicos esenciales y evitar que las circunstancias económicas o sociales determinen el futuro de las personas son obligaciones fundamentales. Pero una cosa es reconocer esas responsabilidades y otra muy distinta considerar que el bienestar colectivo depende exclusivamente de lo que las administraciones públicas puedan hacer.

El Estado no genera por sí solo la riqueza que distribuye. Necesita una economía productiva, empresas competitivas, trabajadores cualificados, empleo estable, inversión e innovación. Necesita, en definitiva, una sociedad económicamente activa y comprometida… Y ahí, me duele.

Me duele porque necesita también ciudadanos conscientes de que los derechos llevan aparejadas responsabilidades, que los recursos son limitados y que la solidaridad exige reciprocidad y compromiso. No se trata de contraponer Estado y sociedad, ni de sustituir los servicios públicos por iniciativas privadas o comunitarias; se trata de entender que el Estado debe garantizar el bienestar, pero que la sociedad entera debe ser partícipe en su construcción y sostenimiento.

 

El bienestar también se construye desde los municipios

Hay otra dimensión que hoy incorporaría a aquella reflexión de 2005 y que tiene mucho que ver con la experiencia acumulada durante estos años: el papel de las administraciones locales.

El bienestar no es solamente una cuestión de grandes políticas nacionales, de presupuestos generales o de sistemas públicos de pensiones y sanidad. El bienestar también se construye desde la proximidad.

Se construye cuando un municipio ofrece servicios sociales capaces de atender a quienes más lo necesitan; cuando dispone de espacios públicos accesibles y seguros; cuando facilita la movilidad, la convivencia y la integración; cuando planifica su crecimiento urbano pensando en la calidad de vida de sus vecinos; cuando protege el medio ambiente y gestiona responsablemente sus recursos.

Se construye con políticas de vivienda, con instalaciones deportivas y culturales, con espacios verdes, con servicios educativos y con programas dirigidos a mayores, jóvenes, familias y personas con discapacidad.

Y se construye, sobre todo, cuando las administraciones locales son capaces de escuchar, coordinar y movilizar a los distintos agentes sociales y económicos que forman parte de la comunidad.

Un ayuntamiento no puede resolver por sí solo los grandes desequilibrios del Estado del Bienestar. Sus competencias y recursos tienen límites. Pero sí puede contribuir decisivamente a crear las condiciones para que sus ciudadanos vivan mejor.

En realidad, el municipio es probablemente el escenario donde la Sociedad del Bienestar adquiere su dimensión más tangible: donde las grandes declaraciones se convierten en servicios, donde las políticas se traducen en calidad de vida y donde la solidaridad deja de ser un concepto abstracto para convertirse en una realidad cotidiana.

 

La sociedad del bienestar que todavía tenemos pendiente

Veintiún años después, sigo pensando que la distinción entre Estado del Bienestar y Sociedad del Bienestar merece una reflexión.

Lo señalé entonces: la sociedad del bienestar es aquella en la que las administraciones públicas cumplen con sus obligaciones, pero también aquella en la que las empresas asumen compromisos sociales, las familias encuentran apoyo, las organizaciones del tercer sector desarrollan su labor y los ciudadanos participan activamente en la vida colectiva.

Es una sociedad que entiende que la educación no termina en la escuela, que la salud no depende exclusivamente de los hospitales, que la integración no se consigue únicamente mediante disposiciones administrativas y que la cohesión social no se construye solamente mediante transferencias económicas.

Es también una sociedad que no confunde solidaridad con dependencia, ni responsabilidad individual con abandono de quienes necesitan ayuda.

Y, sobre todo, una sociedad que no pierde de vista que el bienestar de las generaciones presentes no puede construirse comprometiendo las oportunidades de las generaciones futuras.

 

¿Y ahora qué?

Algunas de mis previsiones han quedado superadas y otras necesitarían matices importantes. Veintiún años de historia son suficientes para corregir muchas certezas.

Pero sí creo que aquella pregunta que me hice conserva toda su vigencia.

El verdadero desafío no consiste en elegir entre más Estado o menos Estado. Consiste en construir un modelo en el que la capacidad de las administraciones públicas, la fortaleza de la economía y el compromiso de la sociedad se refuercen mutuamente.

Un modelo en el que la solidaridad no se limite a distribuir recursos, sino que también genere oportunidades; en el que la responsabilidad pública vaya acompañada de corresponsabilidad social; y en el que el progreso de una generación no se consiga a costa de las posibilidades de la siguiente.

Porque el bienestar no es un patrimonio que recibimos gratuitamente, ni una prestación que podemos dar por garantizada indefinidamente. Es una conquista colectiva que exige recursos, instituciones, responsabilidad y solidaridad.

Quizá ha llegado el momento de dejar de preguntarnos únicamente qué puede hacer el Estado por nosotros y empezar a preguntarnos también qué podemos hacer nosotros para sostener la sociedad en la que queremos vivir.

En 2005 titulé aquel trabajo “Del Estado del Bienestar a la Sociedad del Bienestar”. La pregunta que entonces me hacía era cómo construir una sociedad en la que el bienestar no fuera responsabilidad exclusiva del Estado, sino el resultado del compromiso y la corresponsabilidad de toda la sociedad. Veintiún años después, sigo sin tener una respuesta definitiva.

Pero sigo pensando que esa es la pregunta que merece la pena hacerse. Porque quizá el verdadero reto no sea solamente garantizar el Estado del Bienestar que hemos conseguido, sino construir la Sociedad del Bienestar que todavía tenemos pendiente.

Y viéndolo con los ojos de hoy, hay dos cosas que me preocupan. En demografía, el problema es más grave de lo que preví: la fecundidad es más baja —ya hablaría abiertamente de infecundidad, que no de infertilidad— y la cifra de mayores supera mi proyección para 2050. La población española crece principalmente por la inmigración, que sostiene afiliación y cotizaciones. Eso es muy duro. Y es que, en inmigración, los datos muestran hoy que es la principal fuente de crecimiento demográfico y laboral, aunque siguen debatiéndose sus efectos fiscales.

Preocupado estoy… Lo que tengo claro, aun tantos años después, es que la solidaridad con cargo al Presupuesto no es solidaridad; es dependencia.

 



[1] La Estrategia de Lisboa fue un ambicioso proyecto de transformación económica, social y tecnológica de la Unión Europea, aprobado por los jefes de Estado y de Gobierno de los entonces quince países miembros en el Consejo Europeo celebrado en Lisboa los días 23 y 24 de marzo de 2000. Su gran objetivo era convertir a Europa, en el plazo de diez años, para competir con Estados Unidos y las economías emergentes, sin renunciar a su modelo social. De China, ni se hablaba; pero sí de más y mejores empleos y de mayor cohesión social. Buscaba alcanzar una tasa de empleo del 70 % de la población en edad de trabajar; superar el 60 % de empleo femenino; incrementar la inversión en investigación y desarrollo hasta el 3 % del PIB; modernizar los sistemas educativos y de formación; reducir la exclusión social y combatir la pobreza; y modernizar los sistemas de protección social para garantizar su sostenibilidad. Ya en 2004 se veía que le iba a costar... y llegó la crisis financiera de 2008 y sus consecuencias terminaron condicionando todavía más el horizonte de 2010.