Bueno, siguiendo con
lo del otro día sobre el monte, he descansado un poco y me bajo del unicornio blanco al que me subí
para transitar el día regoldando la primera parte del Post y les recuerdo que durante
décadas hemos invertido miles de millones en apagar incendios… y lo mismo ha
llegado el momento de invertir algo menos de miles de millones, con la misma
determinación, en evitar que se produzcan. Porque —esto ya no sé dónde
lo he leído, y varias veces en los últimos días— el monte más
barato de proteger es el que nunca llega a arder.
Sí, pero hay mucho monte; más del 65% es particular —les recuerdo— y ahí pinchamos porque está abandonado en su inmensa mayor parte.
El abandono del monte español es el resultado de una combinación de factores privados y públicos. Sí, los propietarios tienen el deber de conservar su finca y cumplir las obligaciones que establezcan la legislación forestal y autonómica (por ejemplo, mantener franjas de protección alrededor de viviendas o infraestructuras donde la normativa lo exija). Pero la realidad es más compleja.
Siempre se ha hablado de propietarios activos (que explotaban el monte, por lo que solía estar bien gestionado), propietarios pasivos (finca heredada que ni saben, ni pueden, mantener… porque viven en la ciudad y ni repajolera idea de la utilidad del monte), propietarios desconocidos (sucesiones sin regularizar, dificultad de localizar a los propietarios y abandono; nadie actúa porque nadie asume realmente la gestión) y el caso más terrible: los pequeños propietarios de 3, 5 y hasta 10 hectáreas de monte a los que atenderlas y cuidarlas les puede costar miles de euros cada año y que no obtienen ingresos por ellas: euros a fondo perdido que tiran si cumplen. Estos últimos son los propietarios de parcelas de mantenimiento inviable.
He recuperado un ejemplo de un propietario de 10 hectáreas de pinar de hace una burrada de años y aplicando el conversor pesetas-euros —que me da un índice multiplicador de 0’065— me ha salido que cada cuatro o cinco años debe meterle al pinar de marras la friolera de 12.000 a 15.000 euros en tratamientos silvícolas… difícilmente asumibles, con lo que el abandono es una consecuencia previsible.
Así que el pequeño propietario le termina pasando la responsabilidad quijotesca a la Administración y santas pascuas y alegrías, porque si te he visto… ni me acuerdo… y el monte termina por perder su función económica: no limpiamos, no cortamos madera, no entra el ganado a ramonear (porque ya no quedan rebaños por aquellos pagos) y como consecuencia lógica de vida vegetal, aumenta la carga de biomasa.
Lo mismo… si hubiera incentivos… mi amigo de las 10 hectáreas de pinar se animaba a cumplir con unas condiciones mínimas...
Lo veo claro, la Administración debería facilitar en estos casos subvenciones para tratamientos silvícolas, deducciones fiscales por ellas, ayudas a la biomasa, pagos por servicios ecosistémicos, créditos de carbono, facilitar administrativamente agrupaciones de gestión para pequeñas parcelas y desarrollar contratos públicos de mantenimiento… porque no se puede exigir a un propietario que asuma en solitario un coste que le resulta oneroso, aunque beneficia a toda la sociedad el tener un monte atendido. Porque un monte bien gestionado no protege solo a su dueño; protege también a los vecinos, a las carreteras, a los embalses, a la biodiversidad, al turismo y a la calidad del aire. Y este argumento puede voltearse; pero no.
Si lo mismo, al pequeño propietario, le interesa cederlas a la Comunidad Autónoma en la que se ubica su/sus parcela/s… y , luego, que esta las acepte; que esa es otra. Incluso una venta simbólica (por un miserable euro)… No sé, hay que conservar el monte y la seguridad que proporciona el monte es un bien público. Por eso, la conservación, visto lo visto, debe ser una responsabilidad compartida.
Así, ni culpabilizamos al propietario por un abandono que a menudo tiene causas económicas y demográficas, ni trasladamos toda la carga a las autonomías, que son las que tienen transferidas las competencias. Reconozco que la prevención de grandes incendios es un interés general y que, como ocurre con otras infraestructuras estratégicas, requiere corresponsabilidad y financiación estable.
En fin, que esto se me complica. Así que para finalizar, tomen nota de mi plan…
Planteo actuar cada año sobre 100.000 hectáreas, número al azar que viene a ser un tercio de lo que se nos viene quemando, de media, cada año. Y digo 100.000 porque es redondo, cargado de ceros, y me han salido unas cifras que yo veo viables.
Ah, el plan pasa por ser un programa perfectamente asumible, incluso desde el punto de vista presupuestario. Además, permitiría actuar de forma muy selectiva sobre las zonas de mayor riesgo (interfaz urbano-forestal, parques naturales, masas forestales continuas, etc.).
Haríamos tratamientos silvícolas manuales y mecanizados sobre 100.000 hectáreas cada año dando prioridad en zonas de alto riesgo. Hablaos de actuar a periodo anual completo (12 meses) y con personal adscrito al medio: con brigadas forestales.
Una brigada forestal permanente estaría formada, deduzco tras leer, por 8 personas (como un contubernio de una legión romana): 1 capataz y 7 operarios brigadistas. Y leo que una brigada bien equipada —y aquí está la clave— puede actuar aproximadamente sobre 70 hectáreas/año, dependiendo de la dificultad del terreno.
Matemáticas al canto: 100.000 hectáreas entre 70 hectárea por brigada… necesitamos 1.430 brigadas… unas 11.500 personas, que llevado al detalle de la brigada sería… 1.430 capataces y 10.010 operarios-brigadistas.
Pero necesitamos mandos y plana mayor y todo eso. Añadamos a los que deben coordinar esto que, por proporción, deben andar en casi 800 entre ingenieros de montes, ingenieros técnicos forestales, topógrafos, gentes de prevención de riesgos, administración y logística. Recuerden: el tambor también es tropa.
Y ahora un tema peliagudo: la maquinaria. No toda la superficie puede mecanizarse, pero si tengo maquinaria puedo, incluso cubrir más zona.
Tirando de informes en *pdf y de artículos de revistas del gremio, para mi ejército de 1.430 brigadas necesitaría contar con 350 tractores forestales, 250 desbrozadoras autopropulsadas, 250 retroarañas para zonas de pendiente, 700 vehículos todoterreno, 150 camiones, 150 trituradoras de biomasa, 2.500 motosierras profesionales y 5.000 desbrozadoras manuales. Es que hay empresas operativas en el sector y tienen planes y todo en la web.
Y en cuanto a los números: las pasta. Calculo 575 millones en personal; 100 millones para la compra de la maquinaria; 55 para el combustible y su mantenimiento; de 6 a 8 millones en formación (que me aparece en todos los planes); de 12 a 15 millones en investigación, cartografía, satélites e IA (que no falte, que nos puede ser muy útil); y 20 millones en todo el rollo de las cuestiones administrativas… Con todo, no me llega a 775 millones al año… sólo con brigadas de la Administración.
Pero si fijamos el objetivo en riesgo reducido y cada año actuamos sobre un frente en concreto —el 100 % de la interfaz urbano-forestal considerada de alto riesgo; el 100 % de las zonas críticas de parques nacionales y naturales; los grandes corredores de infraestructuras (autovías, ferrocarriles, líneas eléctricas); las cuencas prioritarias para abastecimiento de agua— tendríamos un impacto mucho mayor sobre la seguridad.
Y aquí vienen las disquisiciones quisquillosas. Si una brigada de 8 personas tratara solo 70 hectáreas al año por brigada, estaríamos hablando de menos de 9 hectáreas por trabajador y año, una productividad propia de trabajos muy manuales en terrenos extremadamente complejos. Pero he leído que con un modelo mixto —brigadas púbicas, empresas especializadas privadas, pastoreo dirigido y aprovechamiento de biomasa— una brigada podría tratar del orden de 150 a 250 hectáreas anuales (según la dificultad del terreno). En ese nuevo escenario podemos colegir que esas 100.000 hectáreas/año se las harían de 400 a 500 brigadas y no las 1.430 del cálculo inicial, mermando todo el operativo necesario ya hablamos de 500 capataces, 3.500 brigadistas y 350 para el capítulo de va desde ingenieros a los de logística.
Y, claro, en este nuevo contexto el presupuesto anual también descendería, situándose aproximadamente en torno a unos 450 millones de euros, dependiendo de la orografía, el porcentaje de mecanización y el aprovechamiento económico de la biomasa.
Y, ¿ qué cantidad de biomasa retirarían anualmente ahora que la vemos como un recurso?
Pues depende del tipo de monte y del tratamiento silvícola; pero podemos hacer una estimación bastante sólida. Estimamos que de biomasa tendremos entre 15 y 40 toneladas por hectárea (matorral, ramas, pies pequeños y restos de poda), dejando en el monte, por razones ecológicas (protección del suelo, aporte de nutrientes y biodiversidad), su porción correspondiente, lo habitual sería extraer de 10 a 25 toneladas por hectárea.
Hablaremos, pues, de 20 toneladas hectárea de media para un cálculo fácil. 20 TM/ha x 100.000 Ha = 2 millones de TM de biomasa.
Pero no toda sería comercializable y luego te encuentras con las pérdidas (humedad, transporte y cantidad)… Supongamos que sólo el 70% es aprovechable; estamos hablando de 1’4 millones de TM de biomasa útiles que, con un precio medio puesto en planta de unos 40-60 €/t, el valor bruto estaría entre los 56 y los 84 millones de euros. Ahora bien, si parte de esa biomasa se transformara en pellets, astilla seca, biochar o biocombustibles, el valor añadido sería mayor. Pero estamos en lo estamos y controlamos.
Con que resumiendo: el coste anual del plan estaría en los 400-450 millones de euros y los ingresos por biomasa entre los 60-80 millones de euros. Hemos palmado bastante dinero, pero ahorrado una burrada en extinción de grandes incendios, con lo que los daños evitados, aún muy difíciles de cuantificar a priori, resultarían potencialmente muy elevados, con lo que saldríamos ganando, transformando un pasivo ambiental en un activo económico, sin perder de vista que el objetivo principal sigue siendo la prevención y la gestión sostenible del monte.
Pero si mantenemos los mil millones de la cuenta de la vieja inicial, podemos duplicar y estar en las 200.000 hectáreas año de limpieza.
Y a todo esto sin meter rebaños (que no los hay) en el monte.
Cuando tenía el post a punto de caramelo le oí a Marc Vidal lo de “los hidroaviones no pueden apagar la estupidez”[1] donde me reafirma y señala que lo fundamental es gastar en prevenir más que en extinguir. Y apunta a que las imágenes de telediario de un hidroavión en descarga en un telediario “venden” tanto como un político con chaleco de emergencias, y que no es noticia una cabra ramoneando en enero. ¡Cierto! Y apunta más: el éxito de la prevención es que no pase nada y “en este país nadie gana unas elecciones presumiendo de las catástrofes que logró que no ocurrieran”. Vidal se pregunta: ¿quién gestiona el monte? Y la respuesta, aquí, creo que ya te lo he esbozado.
Y respecto a los hidroaviones[2], los medios aéreos operativos —los del Grupo 43 del EA (y del Espacio)— en España. Del Estado hay operativos 7; 7 para las 17 Comunidades Autónomas; 3 más están inoperativos. Desde 2018, componían una flotilla de 14 unidades, de las siempre se ha dicho que han estado operativos un mínimo de 12; pero no[3]. En 2022 se aprobó la renovación de la flotilla[4] y coincidiendo con ello comenzó el calvario de que a aumentaron los tiempos de mantenimiento y revisión hasta llegar a 2026 con sólo 7 hidroaviones apagafuegos operativos. Y luego está que 4 hidroaviones considerados obsoletos y dados de baja en España siguen operando en Portugal. En la configuración que aquí les señalamos no eran lo suficientemente aceptables, pero parece que Portugal los ha reacondicionado con éxito, modernizado y certificado y están realizando su misión.
Y termino.
La mejor política forestal no consiste solo en limpiar el monte, sino en conseguir que vuelva a tener un valor económico compatible con su conservación. Antes, el monte no generaba residuos; generaba recursos. Ahora, todo son problemas y el material retirado vale menos que lo que cuesta extraerlo.
Esto tiene una explicación: en España ha desaparecido el mundo rural tradicional. Así, entre 1960 y 1980 se hundieron los aprovechamientos que mantenían limpio el monte: pastoreo extensivo, carboneo, recogida de leñas y matorral, resinación o cultivos marginales. En consecuencia, la superficie forestal aumentó enormemente. Muchos antiguos campos agrícolas se naturalizaron y se cubrieron de matorral y bosque joven. Y llegaron los grandes incendios; que lo mismo tenemos memoria frágil: el peor año de incendios de todos los que tenemos registrado fue 1985; ardieron 484.476 hectáreas. Por encima de las 400.000 Has. también tenemos 1994 (437.635 hectáreas), en mitad de una grave sequía, y 1989 (426.693 hectáreas).
Y ahora nos encontramos que para revertir la situación generada por la desidia no encontramos ni personal, ni ganadería suficiente; y los costes han crecido de forma exponencial. Limpiar un monte con maquinaria cuesta ahora mucho más que cuando existía una economía rural que obtenía un beneficio directo de esos trabajos.
Y luego, otro problema que anida y se enquista ya; y es que con la década de los ochenta corriendo aumentaron, como señalé, los grandes incendios y, en consecuencia, una parte muy importante de los presupuestos comenzaron a orientarse hacia la extinción a través de adquisición de medios aéreos, vehículos y sistemas de coordinación. Así como la contratación de retenes especializados que durante décadas se consideraron que se circunscribían a un trabajo de temporada (estival, principalmente).
En los años 90 la dimensión del problema creció mucho más deprisa que la capacidad de gestionarlo y cumplido el primer cuatro del siglo XXI resulta que hay más superficie forestal, más continuidad de combustible, más interfaz urbano-forestal y menos personas viviendo y trabajando en el monte que cuando existía el ICONA y “Fidel” nos daba consejos de Pero Grullo.
Ahora mismo, tras la aprobación de la Ley Básica de Bomberos Forestales (2024) y del Real Decreto sobre planes anuales de prevención, vigilancia y extinción (2025), la tendencia es que cada vez haya más personal con contratos anuales y menos campañas exclusivamente estivales. Ahora mismo hay más de 18.000 profesionales dedicados todo el año a incendios forestales en las comunidades autónomas.
Son cifras estimativas, pero no me hagan la suma. Estos números, sólo son números y no significan que todos estén disponibles simultáneamente para atacar incendios. Aquí se incluyen brigadistas, técnicos de extinción, agentes medioambientales, mandos, operadores de comunicaciones, conductores, personal de logística y hasta cuadrillas de prevención... a tenor de los epígrafes de los contratos.
Y las CCAA cuentan con más de 300 aeronaves (helicópteros, aviones anfibios ligeros, aviones de coordinación y vigilancia) y disponen de más de 2.000 vehículos terrestres, entre autobombas, brigadas, maquinaria pesada y patrullas… pero ¡para combatir el fuego!; no para prevenir.
Sí, destinamos desde las CCAA casi 1.400 millones de euros a combatir el fuego; no a prevenir. El Estado, por su parte, aporta medios estratégicos —como los grandes hidroaviones del 43 Grupo, las BRIF[5] y la UME— para reforzar a las comunidades cuando la situación supera su capacidad o se producen varios grandes incendios simultáneamente.
Y cada día son más los ingenieros de montes que sostienen que el debate no es volver al ICONA, sino recuperar una gestión activa y económicamente sostenible del territorio. Sin una actividad permanente —forestal, ganadera o agrícola— la limpieza del monte depende casi exclusivamente de inversiones públicas muy costosas y difíciles de mantener año tras año.
En España contratamos de 6.000 a 10.000 brigadistas extra para la ‘campaña estival’ con contratos de entre 3 y 6 meses, que se unen a los 18.000 profesionales que ya forman parte de plantillas. Podemos hablar de “un ejército de casi 30.000 profesionales” para luchar contra el fuego sabiendo que el 80% del trabajo del bombero forestal se debe realizar para que no se produzca el fuego… España ha sustituido la gestión forestal por la gestión de las emergencias forestales; y eso duele en sobre la vieja piel de toro.
Pero España no es un caso aislado; es la expresión más avanzada de un problema que afecta a todos los territorios con clima mediterráneo. Lo que ocurre en España empieza a verse también en Francia, Italia, Grecia, Portugal, Turquía, California, Chile o el sur de Australia; también en el Magreb, lo que empieza a ser muy preocupante.
¡Ojo!: agárrense los machos: a pesar de todas las tragedias que estamos viendo en los incendios de este verano… la gran noticia no es solo que España sufra grandes incendios, sino que, pese a tener millones de hectáreas de monte expuestas a condiciones cada vez más extremas, la inmensa mayoría (el 99%) no llega a arder a pesar de que están como están.
Concluyo con una reflexión de Juli G. Pausas, del Centro de Investigaciones contra la Desertización (CIDE) de Valencia y experto en ecología del fuego, que resume muy bien esta situación: “el problema no es que haya más incendios, sino que hemos construido paisajes capaces de sostener incendios cada vez más grandes e intensos. El cambio climático aumenta la probabilidad de que esos incendios se produzcan, pero el combustible acumulado y la estructura del territorio determinan en gran medida su magnitud”.
Cuidemos el monte.
[2] El 8 de febrero
de 1971 llegaron a la Base Aérea de Getafe los dos primeros Canadair CL-215,
adquiridos por el entonces Ministerio de Agricultura, encuadrándose en el 803
Escuadrón. Y se emplearon a fondo y resultaron tan eficaces que en 1973 se
adquirieron nuevos Canadair y comenzó el despliegue permanente de aviones en
distintas bases del país durante el verano. En 1980 nació oficialmente el 43
Grupo, que desde entonces se convirtió en la unidad especializada en medios
aéreos contra incendios del Ejército del Aire. En los años 90 los antiguos
CL-215 fueron transformados en CL-215T, sustituyendo los motores de pistón por
turbohélices e incorporando los nuevos CL-415, una evolución del modelo
original diseñado específicamente para la extinción de incendios. En estos 55
años los Canadair españoles han acumulado casi 200.000 horas de vuelo, de las
que más de 86.000 corresponden a misiones reales de extinción, tanto en España
como en otros países europeos y mediterráneos.
[3] Certificados
“mission capable” entre 2018 y 2023, 11; 2025 y 2025, 10; 2026, 7. Fuentes: MITECO,
Servimedia. Lamoncloa.gob.es
[4] Hasta abril de
2024, el Gobierno no firmó un acuerdo para renovar y mejorar la flota estatal
de los aviones anfibios que luchan contra los incendios forestales, que incluye
la compra de siete nuevas aeronaves modelo DHC 515. La entrega a España de
estos aviones se realizará entre 2028 y 2031.
[5] Las BRIF son las
Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales, un cuerpo altamente especializado
que actúa en los incendios forestales de mayor complejidad en España.
Pertenecen al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
(MITECO), que las despliega allí donde una comunidad solicita apoyo o cuando el
Estado considera necesario reforzar el operativo. Se crearon en 1992, tras los
grandes incendios de finales de los años ochenta y principios de los noventa.
Actualmente existen 10 bases BRIF permanentes, repartidas estratégicamente por
España en Tabuyo del Monte (León), Tineo (Asturias), Pinofranqueado (Cáceres),
La Iglesuela del Tiétar (Toledo), Prado de los Esquiladores (Cuenca), Lubia
(Soria), Daroca (Zaragoza), Ruente (Cantabria), Puntagorda (La Palma) y Laza
(Ourense). Además existen varias BRIF-A, brigadas helitransportadas de menor
entidad adaptadas a determinados territorios. Cada base cuenta con más de 50
profesionales y suman alrededor de 700 efectivos.
