Advierto: Esto post trata sobre el fracaso de un modelo
de gestión pública donde los incendios son el síntoma; pero la enfermedad es
otra. España ha sustituido la gestión forestal por la gestión de las
emergencias forestales.
España ha construido un inmenso universo con la extinción de incendios forestales, mientras abandonó deliberadamente la gestión del monte. España invierte miles de millones de euros cuando el incendio ya existe, pero nada cuando todavía puede evitarse.
En España existe una especie de adicción institucional a
la emergencia y cada verano se anunciaban más hidroaviones, más helicópteros,
más UME, más presupuesto..., mientras el monte ha seguido acumulando
combustible.
Los incendios no son únicamente consecuencia del cambio climático; son el resultado de una mala política forestal mantenida durante décadas. Porque aquí se ha confundido proteger el monte con no gestionarlo. El abandono rural no ha sido compensado por una gestión pública eficaz.
España presume de tener uno de los mejores dispositivos de extinción del mundo, pero eso no impide que cada vez arda más superficie cuando se producen grandes incendios.
La política forestal se ha convertido en una política
reactiva y mediática: la fotografía del hidroavión descargando agua tiene mucho
más rendimiento político que una brigada desbrozando monte. Y así nos va.
Comienzo…
Sobresaltado por la evolución de los incendios en la península, desde el jueves 22 de julio[1], y teniendo un testigo directo de la virulencia del fuego abulense y de la descoordinación palmaria de las primeras horas, que reporta a diario desde que fue evacuado del serrano Sotillo de la Adrada, Valle del Tiétar, el domingo 26 —en la tarde del miércoles 29 pudo volver a casa— y supimos, con resignada preocupación, de su deambular por Lanzahíta y otros pueblitos de la zona, héteme aquí que he vuelto a realizar una inmersión —siempre a cota de periscopio (que me aterran las profundidades abisales)— en el trastero para recuperar algo de aquello que manejé sobre el medio rural a finales de los setenta —que ya ha llovido lo suyo— y que parte de ello ya ilustré en este blog sobre la gestión de masas forestales[2] donde ya saqué a pasear las bondades de los bomberos forestales de cuatro patas, los rebaños, que limpian el monte, y hasta les hablé del conejito “Fidel”. Y quizá alguien lo recuerde, tal vez Ud. amable lector: el único miembro actual del género Oryctolagus que nos queda vivo, simpaticote él, pidiéndonos amablemente que no quemáramos el monte[3].
Sí, eso fue hace muuuuuuuucho tiempo…
España, aquí donde la vemos —en cuanto se disipe el humo de los incendios—, es uno de los países europeos con una de las tradiciones más antiguas de realización de políticas forestales fetén, aunque esa tradición haya marchado entre el arreón de caballo y la parada de burro, con etapas de gran intensidad frente a otras de claro abandono.
Hasta la Edad Media vimos el monte como recurso estratégico. No era ecologismo, oiga; era simple supervivencia, pues sin monte no había leña (combustible y carbón vegetal, madera para la construcción y aperos agrícolas) ni caza, ni ganadería. A partir del siglo XV aparece en la península una política forestal organizada porque la madera de los bosques suponía, también, un recurso estratégico para construir barcos. Un imperio marítimo como el que comenzamos a gestar necesitaba enormes cantidades de barcos[4]. Por eso la Corona comenzó a reservar determinados montes para uso naval. Así, gracias al mar y a los océanos se impulsó nuestra primera política forestal, digamos, “seria”.
Durante los siglos XVII y XVIII se desarrolló una auténtica política de Estado para garantizar la construcción naval. Se crearon hasta Provincias Marítimas en el interior del país, como la de Segura de la Sierra[5], donde los intendentes de Marina inspeccionaban los montes, inventariaban los árboles, ordenaban su cuidado, marcaban los talables, prohibían determinadas cortas y ordenaban nuevas plantaciones a partir los viveros forestales creados. Con Fernando VI (1748) llega la Ordenanzas de Montes de la Marina, que bajo Carlos III se convirtió en política de Estado (1776)[6], con el objetivo de asegurar madera para generaciones futuras y se convirtieron en el embrión de la silvicultura moderna con criterios de sostenibilidad[7].
Por cierto, un proyecto de investigación de la Complutense madrileña ha recogido “todos” los incendios registrados en España desde 1497; al sucedido en Herguijuela de la Sierra, en las Batuecas salmantinas, le cabe el honor de abrir el registro que surgió para saber qué había pasado en los montes de España antes de 1968, fecha en que se creó la Estadística General de Incendios Forestales[8]. Si, porque entonces también se quemaban.
Tras esa pincelada de investigación, volvemos a la línea del tiempo, donde lo habíamos dejado.
Y así, en el siglo XIX nace en España la ingeniería forestal; en 1848 se crea la Escuela Especial de Ingenieros de Montes, una de las primeras del mundo, de donde surgirían, con sus egresados, el Cuerpo de Ingenieros de Montes, los primeros catálogos forestales y los primeros planes de ordenación. España se convirtió en una referencia científica en este campo aplicando la idea de ordenar el monte. Y comenzamos a hablar de la dasocracia[9].
A finales del XIX y comienzos del XX entramos en otra dimensión con el arranque de la política hidráulico-forestal. Se dieron cuenta de que además de ser el bosque un pulmón natural, bien cuidado, atrae lluvia, mitiga la erosión, estabiliza las laderas, lamina flujos, alimenta acuíferos y protege cauces (y embalses) de aterramientos.
En 1935 nació el Patrimonio Forestal del Estado que, por necesidades obvias, tras la Guerra Civil adquirirá enorme protagonismo. En 1971 se creará el Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) cuya labor se ha venido ensalzando en los últimos años y que muchos lo recordamos únicamente por el conejo Fidel[10].
Y con el Estado de las Autonomías se rompe la tradición de políticas forestales claras con la irrupción de una legión de verdes verderoles ecologetas que son unos recalcitrantes ineptos de ideología de despacho y sólo a ellos cabe imaginar el culmen de despropósitos medioambientales a que nos abocan.
España nunca ha sido ajena al cuidado de sus montes. Los protegió para construir su Armada, los ordenó para garantizar madera a las generaciones futuras y los restauró para conservar el agua y frenar la erosión. El siglo XXI, visto lo visto, nos plantea un nuevo desafío: gestionar las masas forestales abandonadas para proteger a las personas frente a los grandes incendios y, de paso —para que nadie se nos moquee— adaptarnos al cambio climático.
Por cierto; todos estamos contra el cambio climático
porque el cambio climático está contra todos. No es cuestión de debate en este
post. El clima cambia; es dinámico. Hay cambio. Otra copla es la que cantan
ciertos componentes de la sociedad moderna, la de talibanes del clima.
Sentado esto, a lo que íbamos.
El monte en España hoy exige un Pacto de Estado sin ideología fantasma ni ecologeta; con mucho sentido común y nada de lo que propone el Presidente del Gobierno —Pacto de Estado contra la emergencia climática— que repite todo el coro de verborreicos sincronizados miembros del Gobierno y que el 17 de diciembre último pasado ya esbozó sus 15 ejes y 80 medidas en las que nadie se pone de acuerdo y que en esencia vienen de las que ya propuso en julio de 2022.
Ese pacto, en concreto, ¡no! Pues como sostiene el catedrático Víctor Resco es una ensalada de propuestas que no soluciona ni los incendios ni su tan insistida crisis climática[11].
España tiene alrededor de 28’4 millones de hectáreas de superficie forestal (28.391.780 hectáreas según el Inventario Nacional Forestal[12]), de las que aproximadamente 19,2 millones están arboladas y poco más de 9,1 millones corresponden a monte desarbolado o matorral, que se quema igual.
Un porcentaje altísimo de esa masa forestal acumula una elevada cantidad de biomasa y matorral debido al abandono rural, la reducción del pastoreo y la prácticamente nula gestión forestal.
Cada año arden decenas de miles de hectáreas, y en años extremos pueden superarse las 300.000; en camino de ello vamos. 2024 fue un año “bueno” (en realidad, “raro”) con sólo 46.215 hectáreas calcinadas, pero 2025 se llevó la palma de oro del festival de la llama con 344.417 hectáreas. Y según los últimos datos actualizados de EFFIS (European Forest Fire Information System), en España se han quemado 207.105[13] hectáreas desde el principio de año hasta este 30 de julio, por encima de la media de los últimos 20 años a estas alturas de la temporada.
Sí, necesitamos actuar, rápida y consensuadamente con un —yo propongo— Plan Nacional de Gestión Preventiva Forestal, basado en clareos selectivos, eliminación de matorral excesivo, apertura y mantenimiento de cortafuegos, limpieza de cunetas forestales, mantenimiento de pistas, recuperación de bancales y cultivos abandonados, pastoreo dirigido con cabras y ovejas y aprovechamiento energético de la biomasa.
Vamos, un brindis al Sol que hago desde este blog pero que tirando de mis notas de hace medio siglo sobre una charla que nos dieron entonces y con un repasito a algunas páginas web y con una calculadora afinada… veo que es posible.
Limpiaríamos el monte y no solo reduciríamos incendios: nos tomaríamos en serio el monte. Lograríamos menos emisiones de CO2 por esos incendios, más infiltración de agua —con la consiguiente recuperación de acuíferos—, menos escorrentía incontrolada y mejor conservación de los suelos, lo que llevaría aparejado un aumento de biodiversidad, fijación de población rural por nuevos empleos (rellanamos la España vaciada), ingresos por aprovechamiento de biomasa para energía y ¡reducción del gasto en extinción!
Hasta a mí me suena mucho a cuento de la lechera, pero cada vez que releo mis apuntes de entonces lo veo más claro. Según mis cuentas, el Gobierno de España destinó en 2025 alrededor de 112 millones de euros en medios estatales de lucha contra incendios forestales[14]. Pero sumando lo por mí detectado en Medios sobre los dispositivos de extinción de incendios y añadiendo el esfuerzo anual en extinción que se sitúa en torno a los 1.000 millones de euros[15], a los que sumar los daños directos reportados por el Gobierno de España a la UE que ascendieron a 4.318 millones de euros[16].
Es que, tal como está el parque hoy, alcanzaríamos (con “mi” plan) tres objetivos simultáneos: reducir el riesgo de incendios catastróficos y proteger a la población (componente de seguridad); crear entre 15.000 y 30.000 puestos de trabajo estables, especialmente en la España rural (componente de empleo); y convertiríamos la muy abundante biomasa forestal en un recurso económico y energético, favoreciendo una economía circular (la componente de sostenibilidad que a todo el mundo chachi le gusta).
Cada vez que miro mis notas, me gusta (“mi” plan) hasta a mí. Es que en un contexto de cambio climático como el que nos gusta pregonar, este tipo de política tendría un doble valor: actuaría como medida de adaptación (reduciendo la severidad de los incendios) y también de desarrollo territorial, al generar empleo permanente en zonas despobladas o con riesgo de despoblación. Sería —ahí lo dejo— un ejemplo de inversión pública eficaz que combina protección civil, gestión ambiental y política de cohesión territorial. ¡Toma ya!
Me encanta como voy; ya ni me preocupa el cántaro de leche… pero viendo quién está en el Gobierno, voy a dar un traspiés, ¡seguro!
Concluyo que la viabilidad de mi propuesta es... seguro que ‘alta’, desde el punto de vista técnico; seguro que ‘media’, desde el punto de vista económico (como bien sabe don Antonio, no soy economista); y seguro que ‘muy baja’, desde el político. Y no porque sea inviable, aventuro, sino porque “mi plan” exige una continuidad durante décadas, algo difícil en un país donde la ideología insulso-progre inunda determinados ciclos políticos, como el actual, y los ecologetas son una plaga.
Piénsenlo fríamente: nuestro país dispone de ingenieros de montes y forestales altamente cualificados, empresas especializadas en silvicultura, excelentes profesionales encuadrados ya en brigadas forestales y de prevención, empresas de biomasa, maquinaria moderna, centros de investigación forestal y experiencia acumulada durante décadas. ¿Por qué no lo intentamos?
A mí (don Antonio ya conoce mi discapacidad económica) ¡no me preocupa el coste! Mire usted: dedicamos más de 14.000 millones a carreteras y más de 13.000 millones a infraestructuras ferroviarias y… están como están. A la vista de estas dos cuantías, ¿que supondrían —calculo yo y ahora— mil milloncejos de nada (1.000) para “mi plan”? Lo que nos cuesta extinguir los de ahora; ¿sólo es un poco más del 0'05 % del PIB? Y en chorradas y financiaciones absurdas se gasta este gobierno más allende los Pirineos y la Canarias.
España necesita considerar sus montes como una infraestructura estratégica de país, tan importante como las carreteras, los ferrocarriles o los embalses. (¡que vaya tres ejemplos que he puesto a día de hoy, señor ministro!)
Un monte bien gestionado no es solo un espacio natural: es una infraestructura que protege vidas, almacena carbono, regula el agua, conserva los suelos, sostiene la biodiversidad, impulsa la economía rural y reduce el coste de los incendios.
Igual que nadie se pone a discutir la necesidad del mantenimiento y la conservación de una carretera-autopista, una vía férrea o una presa (que ahora mismo están fatal), tampoco debería discutirse la necesidad de mantener de forma permanente el patrimonio forestal del país.
Este planteamiento “mío” considero que tiene además una gran fuerza política porque, insisto, conecta tres objetivos estratégicos ya esgrimidos anteriormente —seguridad, empleo y transición ecológica— en una única política pública de largo recorrido. Podría convertirse en uno de los grandes proyectos nacionales del siglo XXI.
Y es importante porque no solo es gasto puro y duro; una parte importante volvería a la economía de todos los días mediante empleo, impuestos, Seguridad Social... reducción de costes para sofocar incendios e irrupción de entradas económicas por aprovechamiento energético de biomasa.
En realidad habría que verlo como una inversión, no como un gasto. La viabilidad social la tengo clara (aunque soy discapacitado visual y utilizo lentes correctoras): hasta los tontolhaba ecologetas lo apoyarían, ¡seguro! (aunque lo mismo los estoy machacando dialécticamente mucho y por eso van y me dicen ¡no!).
Me reconozco un punto flaco en “mi plan”: más del 65 % del monte español es privado, está muy fragmentado con miles de parcelas abandonadas (y ahora contaremos por qué), sin accesos (no desde pistas forestales; total, allí “no hay nada”) y en muchos casos con propietarios desconocidos. Si no resolvemos este problemón, ni cuento de la lechera, ni cántaro que valga, ni piedra, ni fuente, ni leche.
Aquí, la clave está en conseguir que esos propietarios —generalmente pequeños propietarios— encuentren rentable mantener el monte.
El monte que encierra potencialidades económicas: biomasa, madera, resinas, corcho e incluso frutos forestales; alberga ganadería extensiva y apicultura; hasta turismo de naturaleza… puede generar créditos de carbono[17] y conseguir pagos por servicios ecosistémicos[18]. Es cuestión de ponernos manos a la obra.
Es que solo con la biomasa ya tenemos salidas para calefacción, compost y biochar.
Esta actuación permanente sobre el medio sería una auténtica revolución; España volvería a liderar este segmento. Con actuaciones continuadas desaparecería el concepto de “campaña extraordinaria” de cara al verano, se actuaría ¡cada año y todo el año! sobre un porcentaje de la superficie prioritaria —28 millones de hectáreas de golpe es imposible— y cada cierto tiempo volveríamos, porque hay que hacer mantenimiento, a intervenir; exactamente igual que hacemos con una carretera… Bueno, que hacíamos con una carretera…
A lo que voy. Con “mi” plan, el concepto actual de brigadista coge otra dimensión y se abre más a la carrera profesional forestal donde, además, cabe una idea innovadora y rompedora que en alguna propuesta web he leído: el Servicio Cívico Forestal. Esto es un ir más allá; que me he visto arriba. Esto es un “hasta el infinito y más allá”. Con esto, plateo una posición de fuerza para demostrar que nos importa el monte con un servicio voluntario para jóvenes de entre 18 y 30 años que les reporte formación e incluso retribución y les capacite en reforestación, prevención y emergencias; como una “mili” hipermega pacifista, verdosa y solidaria que, además, sirva como mérito para oposiciones y acceso a determinados empleos públicos; y más relacionados con el medioambiente. Vamos que, como ya me he venido muy arriba, les planteo un cóctel juvenil sin alcohol de formación profesional, empleo juvenil, protección civil y servicio al país.
Bueno… ya lo saben: España ha construido uno de los mejores sistemas de extinción de incendios del mundo. Pero, mientras perfeccionaba la lucha contra el fuego, fue abandonando silenciosamente la gestión del monte.
Y yo que me creía que no existe ninguna política pública que espere al accidente para empezar a prevenirlo. Se mantiene una red de carreteras antes de que se hundan, se revisan las vías férreas antes de que puedan ocasionar un accidente, se revisan las presas antes de que fallen… Sin embargo, en los montes hemos acabado aceptando que la gran inversión llegue cuando el incendio ya está declarado... mañana, más.
[1] El incendio se inició el 22 de julio en el municipio
Burgohondo, aunque ha tomado como denominación la localidad de Navaluenga), por
el uso de maquinaria pesada no autorizada en una zona forestal. El fuego ha
afectado gravemente a municipios del Valle del Alberche, Tierra de Pinares,
sierra de Gredos y Valle del Tiétar, además del entorno del embalse de El
Burguillo y del Pantano de San Juan.
[2] https://jdiaz474.wordpress.com/2016/09/08/de-aquellos-bomberos-voluntarios-que-limpiaban-nuestros-montes/
[3] Fidel salía en
aquellas teles grises, en blanco y negro, dándonos mensajes a los
automovilistas de ventanilla bajada: "No tire colillas sin apagar",
"No arroje cerillas encendidas"; a los excursionistas y
domingueros: "No encienda fuego en el monte", "Apague
completamente las hogueras"; a los agricultores: "Tenga cuidado al
quemar rastrojos o pastizales";
al común de los españoles: "El monte es riqueza para todos,
consérvelo";... y para todos: "Cuando un monte se quema, algo
suyo se quema"... Y luego llegó Jaume Perich Escala, "El
Perich", y en portada de aquel libro —ironía dirigida contra la gran
propiedad forestal y el latifundismo, muy presentes en el imaginario social de
la época— colocó la genial coletilla; señor Conde… [Autopista (Cuando un bosque
se quema, algo suyo se quema... señor conde; Ed. Estela, 1970)] que consagró la
frase.
[4] Un gran navío de
línea podía requerir, entre pitos y flautas, de hasta 4.000 árboles de
distintos tipo y porte. Y si aceptamos unos 3.000 árboles de media por
galeón y estimamos que España construyó alrededor de 2.000
galeones entre los siglos XVI y XVIII, sólo la construcción de
esos buques habría requerido del orden de 6 millones de árboles
—robles para las cuadernas, pinos y abetos de gran altura para los palos, olmos
para zonas sometidas al agua, encinas para piezas de gran resistencia y también
tablazón de fresno y boj—; a los que añadir los necesarios para otros navíos de
línea, fragatas, galeras u otras embarcaciones del Cantábrico,
Atlántico/Pacífico y Mediterráneo. Estas cifras podrían ayudar a entender por
qué la gestión de los bosques se convirtió en una cuestión estratégica para la
Monarquía Hispánica y por qué se promulgaron ordenanzas específicas para
proteger los montes destinados a la construcción naval.
[5] Histórica
demarcación especial del interior peninsular (sierras de Sierra de Segura,
Alcaraz, Villanueva del arzobispo, Cazorla y Santisteban) creada en el siglo
XVIII (1733; reformulada en 1748), destacando por su capital en Orcera (Jaén) y
su fin de abastecer de madera a los arsenales reales. Los troncos talados se
bajaban flotando por los ríos Segura, Guadalimar y Guadalquivir en las famosas
maderadas. Dependía de los departamentos de Marina de Cádiz y Cartagena según
la vertiente de los montes. Fue abolida en 1836 con la llegada del nuevo
régimen provincial y el cambio en la construcción naval. Tenía una superficie
de más de 9.500 km2 (repartida entre las actuales provincias de Jaén, Albacete
y, en menor medida, Ciudad Real), superficie aproximadamente equivalente a la
de la actual provincia de Lugo; incluía 55 núcleos urbanos, sin contar aldeas y
pedanías, administrados directamente por la Marina a más de 200 kilómetros de
la costa más cercana.
[7] Sirvan estos
tres ejemplos contenidos en ellas:
Atajar los incendios forestales provocados por ganaderos o labradores para
procurarse más pastos los primeros o fertilizar nuevas tierras de laboreo los
segundos, con la medida de prohibir sembrar y pastar en los terrenos
incendiados por espacio de siete años, pasados los cuales estaban ya otra vez
poblados o enmalezados los montes o breñales abiertos con el fuego; así, los
incendiarios no tenían esperanza de sacar fruto de su criminal operación, por
lo que desistían de esta deplorable práctica; Sistemático inventariado de las
existencias forestales con estrictos criterios dendrométricos y marcado de los
árboles a talar una vez alcanzado el turno, evitando la tala de aquellos que no
hubiesen alcanzado una edad mínima, favoreciendo una explotación sostenible del
monte y evitando la tala indiscriminada de este que impidiera su regeneración;
de esta forma, tan solo se cortaba un pie si estaba asegurada su sustitución
por otro u otros más jóvenes. Únicamente se concedía a los vecinos el
aprovechamiento forestal para sus precisos usos, y de ningún modo a los
foráneos que cortaban árboles sin criterio y los comercializaban sin control
alguno fuera de la provincia; Se incentivaron los viveros para la repoblación
de los claros y la regeneración de los montes con las prácticas silviculturales
oportunas.
[9] Rama de la
dasonomía enfocada en la ordenación y gestión de los bosques y montes. Su
objetivo principal es organizar el aprovechamiento sostenible de los recursos
madereros para obtener el mayor rendimiento económico constante, garantizando
al mismo tiempo la conservación y regeneración del ecosistema. Etimológicamente
proviene de las raíces griegas dasos (bosque o espesura) y kratos (poder o
gobierno), lo que se traduce literalmente como el “gobierno o administración
del bosque”. Su impulsor fue el ingeniero Agustín Pascual y González
(introductor de las ideas y tendencias de la escuela forestal alemana, la
primera del mundo), junto a figuras clave de la época como Lucas de Olazábal y
otros.
[10] El nombrecillo
de “Fidel” para el conejito del ICONA viene —me contaron en su día en la EUITA—
del de un viejo manual al que llamaban así, “el Fidel”; todo estaba en “el
Fidel”. “El Fidel”, recuerdo
y va a hacer 50 años, no era otra cosa que un manual de instrucciones o
cuaderno de campo del ICONA, utilizado durante años por el personal forestal
para las repoblaciones, trabajos selvícolas y gestión del monte. Se apuntaba la
autoría a un tal Fidel Rojo, ingeniero de Montes. Y lo tomé por bueno, lo decía
un profe. Muchos años después supe que el título oficial del Manual era Instrucciones
Generales para la Ordenación de Montes Arbolados, que trasplantaba al papel
la Orden de 29 de diciembre de 1970[10] por la
que se aprobaron las Instrucciones Generales para la Ordenación de Montes
Arbolados. Y del tal ‘ingeniero Fidel Rojo’ no he encontrado mayor referencia
ahora. Y de aquellas instrucciones generales hoy sé que fueron elaboradas por
una comisión interna de ingenieros forestales de la Dirección General de
Montes. Al ser una orden ministerial aprobada en el BOE, el firmante legal del
documento en la época fue el Ministro de Agricultura, entonces Tomás Allende y
García-Baxter. Encontrar impreso uno de aquellos manuales resolvería el
expediente X que he planteado para descongestionar; para descongestionarme.
[11] Doctor por la
Universidad de Wyoming, catedrático de Ingeniería Forestal y Cambio Global en
la Universidad de Lleida; https://www.rescodedios.com/es/ en https://www.elespanol.com/espana/20260730/resco-catedratico-ingenieria-forestal-pacto-sanchez-ensalada-propuestas-no-soluciona-incendios-crisis-climatica/1003744337993_0.html
[12] https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-forestal-nacional.html
[13] EFFIS no utiliza
exactamente la misma metodología que las estadísticas oficiales del Ministerio
para la Transición Ecológica (EGIF). EFFIS se basa en observación por satélite
y cartografía incendios de aproximadamente 30 hectáreas o más, por lo que sus cifras
pueden diferir de las oficiales españolas. Aun así, es la referencia utilizada
por la Comisión Europea para comparar países y analizar tendencias y están en
abierto… asín que…
[14] chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.congreso.es/entradap/l15p/e7/e_0078675_n_000.pdf?
[15] No existe
todavía una liquidación oficial única del gasto total de extinción en 2025. La
práctica totalidad del coste la asumen las comunidades autónomas (personal,
parques, helicópteros contratados, autobombas, retenes, etc.), mientras que el
dispositivo estatal fue de 112 millones. Estaríamos hablando de mil millones de
euros.
[16] chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11357-2026-INIT/es/pdf?
[17] Los créditos de
carbono son un instrumento económico diseñado para poner un precio a la
reducción o captura de emisiones de gases de efecto invernadero. Un crédito de
carbono equivale a una tonelada de CO₂ (o su equivalente en otros gases) que ha
sido evitada o retirada de la atmósfera. Ese crédito puede comprarse y venderse
en mercados específicos. Una empresa que no puede reducir todas sus emisiones
puede adquirir créditos generados por un proyecto que sí reduce o captura
carbono. Está calculado que los bosques españoles absorben cada año del orden
de 30 a 40 millones de toneladas de CO₂ y el desarrollo de un mercado sólido de
créditos de carbono ligado a una gestión forestal sostenible podría convertirse
en una herramienta útil para financiar la prevención, reforzar la economía
rural y aumentar la resiliencia de las masas forestales frente al cambio
climático.
[18] Los Pagos por Servicios
Ecosistémicos (PSE) son mecanismos mediante los cuales quien se beneficia de un
servicio que presta la naturaleza remunera, de forma directa o indirecta, a
quien lo conserva o mejora. La idea es sencilla: la naturaleza produce bienes y
servicios que tienen un valor económico, aunque normalmente no tengan un precio
de mercado. Las principales actividades que pueden considerarse pagos por
servicios ecosistémicos; captura y almacenamiento de CO2, regulación del agua,
prevención de incendios, conservación de la biodiversidad, protección del
suelo, servicios recreativos y de turismo, conservación de sistemas agrarios
tradicionales y restauración ecológica. Muchos expertos consideran que los
pagos por servicios ecosistémicos podrían convertirse en una fuente estable de
ingresos para propietarios forestales y municipios rurales, ayudando a
financiar la gestión activa del territorio. Ojo a los PSE que en los próximos
años es probable que los PSE evolucionen desde programas puntuales hacia
instrumentos permanentes de financiación del medio natural, complementando los
presupuestos públicos y ofreciendo incentivos para que propietarios,
ayuntamientos y gestores conserven los ecosistemas de los que dependen tanto la
economía como la calidad de vida.
