“Es in insulto…”,
se arrancaba así el PSOE local en su nota de prensa… Y sabiendo de qué van, me
he vuelto a hojear a Schopenhauer —El arte del insulto—, en mi desesperación.
Hojear, sí; porque no me va mucho Schopenhauer, y mira que
lo intento; y no estoy por labor de leerle a estas alturas de la película,
aunque a raíz de esta etapa edilicia mía he vuelto a reparar en él. Cojo el
tocho y nada más empezar me ha dado de bruces —en lo del insulto— con dos cuestiones
primordiales: que a la hora del exabrupto la cosa va de parecer que tenemos razón y que el fin primordial es tan solo discutir.
Insisto: no me he leído a Schopenhauer, aunque mola sacarlo
a pasear, ¿verdad?
Tras esta confesión —reiterada— pienso que sólo les alienta,
con este tipo de notas, llegar a eso: a (pretender) discutir.
Discutir, créanme, no está mal; pero es que, como vienen
demostrando estos tres últimos años, se emplean a fondo en hacerlo, pero contra
el objetivo primigenio de la discusión y no como ejercicio de verdad que
es mismo fin de toda discusión. Lo plantean como posición de poder. Y ya
te metes de lleno —¡jo! — en otro capítulo, cosa que no quería. Vamos, que
entras en lo de ‘hablar fuerte’ —que es sintomático— porque evidencia
carácter —y nada más que eso— en ausencia en la virtud principal que
es tener algo que decir —incluso entender—, intentando disimular que hay
ausencia de control emocional, cuestión en la que no profundizo porque es de
psiquiatría forense y uno está para lo que está.
Yo también soy irascible; ¡Vaya por Dios!
Sí, si es que resulta que para discutir —deduzco, leo y
confirmo— necesitas el amparo de tres pilares fundamentales: la razón (argumentos), la comprensión (escuchar al oponente, analizarlo
y razonar) y el control (sobre las
emociones y la estrategia)… —me está gustando Schopenhauer— … Pero es que con
estas premisas van aviados. Hay que verlos, como se suele decir, en vivo y en
directo.
Discutir epistolarmente, que es lo de hoy, es asaz
complicado. Por ello, sólo largo mi opinión; razonada opinión (¡faltaría más!).
Por ello, intentaré rebatir lo que afloran como insulto,
porque, además —y ya lo saben—, no insulta el que quiere… Y poder, lo que se
dice poder...
Y vuelvo al texto porque hablan del “tasazo” de la
basura.
Arranca el segundo párrafo diciendo que “el alcalde y su gobierno son los únicos
responsables de este tasazo por su mala gestión”.
Leído esto, a partir de ahí ya no se puede seguir tomando el
serio el resto del foliado.
Y es que da grima leer cosas como que “Es una vergüenza que Toni Pérez saque pecho de tener la hucha llena con
43 millones mientras los vecinos tienen que pagar cada vez más tasas e
impuestos municipales”... o que “ese
dinero que sobra en el Ayuntamiento es el que le falta a las familias de
Benidorm para llegar a fin de mes; es un ahorro generado a base de freír a
impuestos a los vecinos”.
Aquí llegados, pongo un ejemplo, me gusta como plantea la
cuestión Alsina —Carlos Alsina— en su spot promocional de televisión: ¿llueve?,
¿no llueve? Lo que tiene que hacer el periodista —dice él— es salir a la calle
y comprobarlo: en persona. Y mira, esta mañana de sábado ha salido lloviznosa.
Yo apostillaría: no hay que sacar la mano por la ventana;
eso es insuficiente. Han de comprobarse los hechos de primera mano —explica el
brillante comunicador— en lugar de limitarse a dar voz a los que dicen, opinan,
cuentan, etc. En lugar de dar voz a los vocingleros.
Pues salgo a esa jungla —a la intemperie y con el hidrometeoro
en danza ayer y solazo hoy— que es la calle española; la de Benidorm en este
caso. Y me doy de bruces con la terca realidad.
Y esto ya es cuestión clínica relacionada con la vista, con
la mente, con el alma y con el espíritu.
Parece mentira la cortedad que exhiben. Este apretón al
bolsillo —que lo es “el basurazo”— viene de la Ley 7/2022, de 8 de
abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular que desde
su aprobación es la normativa española vigente que busca prevenir la
generación de residuos, fomentar el reciclaje y transitar de un modelo lineal a
uno circular. Filosofalmente, precioso; pero es una ley que entra directa
en choque con la Ley Reguladora de las Haciendas locales. Hasta eso han hecho
mal los redactores del texto legal.
Pero me dejo de metafísica y constato que la 7/2022 es
una ley que obliga a cobrar el coste real —el 100%— de la
prestación del servicio, que, por si no lo tienen clarinete suma —¡atención!
—, los costes de recogida, transporte y tratamiento de residuos, así
como el mantenimiento de vertederos y vigilancia posterior (llegado el cierre),
campañas de concienciación y comunicación y… hasta llega a plantear la
ley la posibilidad de obtener ingresos adicionales por la venta de materiales
reciclados o de energía que, como bien saben —y pónganle toque de sordina—, es
uno de los principales activos de ayuntamientos y consorcios en estos momentos.
La ley sostiene que el objetivo es que el coste sea transparente,
no deficitario y diferenciado de otros tributos. Obliga la ley del
Gobierno sanchista a los ciudadanos a asumir íntegramente el coste real de la
recogida y tratamiento de la basura. Por cierto —que luego iremos a los
impuestos en general y al alza de precios— la gestión de residuos fue la quinta
categoría que más se encareció en 2025 el IPC, que examina cerca de 200
conceptos. Solo lo superaron el chocolate (y el cacao), el café, la joyería (y los
relojes-joya), y los ¡huevos!; que manda uebos lo cosa. Y si en 2025 representó
lo de los residuos 3,072 puntos por cada 1.000 del índice total
(aproximadamente un 0,3%), en 2026 ya ha escalado hasta 3,433.
Y, algo que suele olvidarse al aroma de las rosas —y no las
de mi haz— es que el Gobierno dejó en manos de los ayuntamientos el diseño de
la tasa sin disponer de criterios comunes, más allá de los ya sabidos de que no
sea deficitaria y que —insisten e insisten— cubra el 100% del coste,
pero exigiendo que no fuera “dopada” como se venía haciendo antes de la fecha de
la entrada en vigor de la puñetera ley. Es que antes, los ayuntamientos y
consorcios, con otros ingresos, combatía la carestía del servicio: “ayudaban”
al vecino a sufragar el coste. Ahora: imposible, legalmente. ¡Gracias, Pedro!
Y a tenor de las voces expertas en la materia, con lo que se
está cobrando, aún es barato este servicio.
Y aún despejando de la ecuación esta última apostilla —de
que es barato este servicio— resulta que ya tenemos claro el culpable del
“tasazo”: la ley. Y apenas tiramos del hilo llegamos al Gobierno de España, que
es sanchista. Y ahí le has dado: una ley sanchista.
Pero la cosa es más grave. Esta Ley —con la que ahora nos
meteremos— emana de la Directiva Marco de Residuos (2008/98/CE), de la
Directiva de plásticos de un solo uso (2019/904) y de los Objetivos del Pacto
Verde Europeo. En consecuencia: España estaba obligada a cumplirla, podrán
argumentarme. Pero no es así; y ya entramos en disquisiciones.
Las directivas europeas obligan a los países miembros en
cuanto al resultado que deben alcanzar; y cada Estado puede decidir cómo
incorporarla a su legislación nacional, lo que se conoce como “transposición”.
Lo que España estaba —y está— obligada a cumplir son los objetivos; no
esa ley concreta que se han marcado los leguleyos gubernamentales hispanos, lo
que embrutece la cuestión.
Sales a la calle y te cae el chaparrón de todos y cada uno
de los municipios de España de más de 5.000 habitantes que han tenido que
aplicar esa ley. ¿Te viene mal la subida? Pues como todas las subidas; pero en
el punto de mira no puedes poner a tu ayuntamiento, porque ha sido cosa del
Gobierno de la nación.
Claro, disparar por elevación no es la cuestión porque les
da de lleno “a los míos”, pero si encuentro el Medio cómplice que me compra el
exabrupto, estoy en el candelabro. Y así nos va. Echando balones fuera, con la
complicidad de algunos plumillas y el oleaje, intentando convertirlo en marejada,
de las Redes Sociales.
La práctica periodística debe ser libre, honrada y crítica;
y debe existir una predisposición natural a cuestionar los argumentos de las
fuentes. Es lamentable asistir cada día al bochornoso espectáculo de aceptar
como punto de partida cualquier ocurrencia con membrete de formación política o
maquinación de individuos que tienen trastocado el oremus de la política y
sueñan con ser el superman/superwoman de su egolatría mal digerida por la realidad
social en la que la misma persona se auto incluido.
Cualquier salida de pata de banco de la oposición es tenida
como verdad. Y si es rebatida y anulada
se sigue manteniendo de titular porque, en realidad, está en consonancia con el
ramalazo ideológico que viene marcando la vida del “plumilla”. Cierto: todos
tenemos nuestro corazoncito y —como el valor antaño en la mili (que se suponía)
—una ideología.
Pero, frente a esto, si tienes que tragar bilis; pues la
tragas.
Te cuentan —y tú lo sabes— que ha subido el recibo de la
basura… pues poco donde rascar: la ley 7/2022 de Residuos te dice que
hay que aplicar una tasa y con ella cubrir el cien por cien del servicio. ¿Es
cuestión municipal o viene sobrevenida? ¡Sobrevenida!
Ahora, gestionar los residuos cuesta más, mucho más que
antes: es infinitamente más complejo —léase: más caro— lo de recoger,
transportar, separar, reciclar…; las normas ambientales son más exigentes y hay
costes añadidos a vertederos y plantas de tratamiento… Y como ahora todo ese
coste se traslada al ciudadano, se nota más la subida. Dicen los estudios de
los expertos que antes se cubría del orden del 65% del coste real del servicio;
ahora debe cubrirse el 100%. Y cada ayuntamiento calcula la tasa a su manera
porque no existe un sistema único y de referencia en toda España. La ley lo
deja al albur municipal: que sea la Administración municipal la que te
complique la vida, maño. Cada ayuntamiento decide cómo cobrarla —por vivienda, por
valor catastral, por consumo de agua, por número de personas… —, lo que provoca
grandes diferencias entre ciudades, sensación de “subidas desproporcionadas e injustas”
y déficit de gobernanza, pero es que ahora hay una Ley que condiciona y obliga.
Sí, una ley —la 7/2022 de residuos y suelos contaminados
para una economía circular—que salió adelante con182 votos a favor, 70 votos en
contra y 88 abstenciones, que había pasado por la Cámara Alta, el Senado —donde
se introdujeron enmiendas—, y el PP se abstuvo. Ya; difícil papeleta.
Votar en contra era ir contra normativa europea ya
comprometida; votar a favor era asumir una ley del Gobierno sanchista. La
abstención evitaba el choque directo con Bruselas y evidenciaba que no se daba
apoyo político explícito al Gobierno. El PP criticaba en su momento, sobre todo,
que la nueva tasa de residuos era obligatoria para todos los municipios mayores
de 5.000 habitantes, sumaba impuestos ambientales (como el impuesto al
plástico) y generaría un impacto negativo en las economías familiares. Es más:
se habló de una ecuación, pero como estamos fatal de matemáticas… La ecuación era
y es simple: ATp + RPp = Abs. (Apoyo Técnico parcial + Rechazo Político
parcial = Abstención). Puede que mole menos que mi Schopenhauer, pero salió en la
explicaciones en prensa durante casi una semana. Indudablemente fue una
decisión táctica que en román paladino se traduce como “ni sí, ni no”: ni
frenas ni legitimas la ley. España no podía dejar de hacer una ley, pero no esa
ley; la que salió no es una buena ley.
Lo del PxG —pago por generación (de residuos)— se las trae y
se suma a la montaña de impuestos que este gobierno nos ha subido.
Porque en materia de impuestos estatales el instituto Juan
de Mariana ha sumado las alzas anuales desde que está Pedro Sánchez está en
Moncloa y a ellos le salen más de 90 golpes al bolsillo de los españoles: 11 en
2019, 12 en 2020, 20 en 2021, 10 en 2022, 17 en 2023, 12 en el 2024, otras 12
en el 2025... Los expertos, para Newtral, no cuestionan esta información. El economista
Daniel Lacalle eleva hasta un centenar el número de subidas: “con Sánchez
llevamos ya 100 subidas de impuestos y un fortísimo desplome del salario real
neto”. No le he leído a nadie una réplica (lo mismo he buscado poco). Y
Lacalle va a más y no se esconde para señalar el objetivo sanchista no es otro
que “el expolio al sector productivo y las familias para crear un país
dependiente”.
Se calienta Lacalle y deja escrito que “Jamás en
democracia se había visto un gobierno que combinase una voracidad fiscal de tal
magnitud con un deterioro tan acusado del poder adquisitivo de los ciudadanos y
del salario real neto”. Y alude a un artículo de Alberto D. Prieto
publicado en El Español en diciembre pasado sobre ese centenar de puñaladas
traperas al bolsillo para recaudar más y ofrecer menos. Y abundando en su
radiografía, Lacalle cita a la OCDE y el INE para denunciar que “los
trabajadores españoles han perdido poder adquisitivo desde 2019: los salarios
reales netos han caído en torno a un 2,5% en promedio, es decir, hoy un
empleado medio puede comprar menos que antes de que Sánchez llegara al Gobierno”.
En Expansión —y hace un mes— Diego S. Adelantado elevaba hasta 140 las subidas
de impuestos y cotizaciones que llevábamos a cuestas en esta pasión sanchista y
lo dejaba clarinete: a Impuestos y subidas, a Sánchez no le gana nadie.
Duele leer que estamos “con una inflación acumulada
superior al 24% desde 2019” y que tenemos “los alimentos disparados más
de un 40%”. Hay que tener mucha melsa para salir a hablar de impuestos,
dineros y precios sabiendo que FUNCAS —Encuesta sobre las finanzas del hogar— o
el Banco de España —el informe de abril del año pasado; que no he pillado aún
el de este año— lo tienen hasta por escrito: un 20% menos de poder adquisitivo.
Y tal como tenemos el parque —frito a impuestos y subidas desde 2018— el salario de los españoles tendría que subir 1.070 euros de media al año para no notar la subida de precios sólo en el supermercado; desde la pandemia, los precios de la alimentación han aumentado un 40,5%, frente a una subida salarial del 20,2%, lo que ha dejado con una tiritona que no te menees el monederos de las familias, mientras oyes a la hora de comer algún telediario hablando de chistorras y lechugas, sabiendo que los soles no salen para todos por igual.
Y termino con la subida “silenciosa” del IRPF que machaca el
poder adquisitivo año tras año. Leo que un sueldo de 17.500 € brutos —el del
ejemplo que me ilustra— paga hoy unos 600 € más que en 2018 por pura inflación.
Cuando ya estás perdiendo renta disponible por arriba —me
explican—, cada subida o amenaza de subida municipal por abajo se siente como
una bofetada fiscal; pero hay que señalar al culpable. Al césar lo que es del
césar y a Dios lo que es de Dios. (Mateo 22:21).
Pero cosa viene desde bien arriba y desde 2018, los españoles
pagamos cada año más impuestos aún sin que se aprueben subidas explícitas. ¿La
razón? La inflación empuja los salarios nominales hacia arriba, pero los tramos
del IRPF no se actualizan. El resultado es una subida de impuestos encubiertas.
Ya dijo Keynes: “la inflación es un impuesto” (el impuesto de los pobres,
dijo otro, con muchas razón, pero su nombre no ha pasado a la posteridad). Y si
Hacienda recauda más por este “efecto invisible”, es normal que cada nueva tasa
—como la de basuras— se convierta en un problema para los ciudadanos de a pie. Pero
tienen un culpable; una mala ley sacada de contexto para contentar a unos
socios y que tiene a favor del gobierno que los que la tienen que aplicar son
los ayuntamientos… y el PP gobierna en poco más de 3.200 ayuntamientos de
España y el PSOE lo hace en poco menos de 2.300; que lidien ellos (nueva
interpretación de la cogobernanza).
Y poco más que contar, que me vuelvo a Schopenhauer que,
mira por dónde —¡quién me lo iba a decir!— me está gustando. Sostiene que la
inteligencia auténtica es rara avis; y que la sociedad suele premiar la
mediocridad antes que el talento… No, si me termino el libro…
Si es que van con sus chorradas provocando…
Tiene un ensayo este Schopenhauer sobre el ruido donde ya
leí que “Siempre he sostenido que la cantidad de ruido que cualquiera puede
soportar sin alterarse es inversamente proporcional a su capacidad mental y,
por lo tanto, puede considerarse una medida bastante justa de la misma”...
Sin acritud.
Suyo afectísimo,
Juan.
