Esto de hoy es una reflexión sobre lo que pensaba en 2005, lo que ha sucedido desde entonces y los desafíos que tenemos por delante.

Buceando en el trastero he recuperado un trabajo universitario del curso 2004-2005. Se titula “Del Estado del Bienestar a la Sociedad del Bienestar”; Geografía Social y del Bienestar en estado puro. Me he alegrado de dar con él; he disfrutado con su lectura.

 

Han pasado veintiún años.

Sí, veintiún años en los que han cambiado muchas cosas: la economía, la sociedad, la demografía, las relaciones laborales, la tecnología y hasta nuestra manera de entender el mundo. Hemos atravesado una crisis financiera de dimensiones extraordinarias que se extendió en el tiempo, una pandemia que paralizó nuestras vidas, profundas transformaciones en el mercado laboral y una aceleración tecnológica que entonces difícilmente yo podía imaginar.

Pero, al releer aquel trabajo, hay algo que me ha llamado especialmente la atención: las preguntas que me hacía entonces siguen siendo, en buena medida, las mismas que deberíamos hacernos hoy.

Miren si no: ¿es sostenible nuestro Estado del Bienestar? ¿Hasta dónde puede llegar la capacidad del Estado para garantizarlo? ¿Qué responsabilidad corresponde a los ciudadanos, a las familias, a las empresas y a las organizaciones sociales? ¿Podemos seguir ampliando derechos y prestaciones sin preguntarnos cómo vamos a financiarlos?

Y, sobre todo, la principal: ¿hemos construido una sociedad del bienestar o nos hemos limitado a desarrollar un Estado que asuma, prácticamente en exclusiva, esa responsabilidad?

Voy por partes, porque me ha gustado como lo planteé.

 

2005: las preocupaciones de entonces

Cuando escribí aquel trabajo, el Estado del Bienestar europeo llevaba décadas consolidándose. La sanidad pública, la educación, las pensiones, la protección por desempleo y los servicios sociales constituían los grandes pilares de un modelo que había contribuido decisivamente a mejorar las condiciones de vida de millones de personas.

Sin embargo, ya entonces advertía de algunas de sus contradicciones.

El envejecimiento de la población, el incremento de la esperanza de vida, la evolución del mercado laboral, la globalización económica y las dificultades para sostener financieramente un sistema de prestaciones cada vez más amplio eran cuestiones que merecían atención.

También me interesé especialmente la inmigración y su relación con el mercado laboral, la demografía y el sostenimiento de los sistemas públicos de protección social.

No se trataba de cuestionar el Estado del Bienestar, sino de preguntarse por su futuro.

Mi planteamiento partía de una convicción que aún hoy mantengo: el Estado debía continuar desempeñando un papel fundamental, pero el bienestar de una sociedad no puede descansar exclusivamente sobre sus estructuras administrativas y presupuestarias.

De ahí la idea de avanzar hacia una Sociedad del Bienestar.

 

2005-2026: ¿acerté en el diagnóstico?

Gran pregunta. Veintiún años después, merece la pena confrontar aquellas preocupaciones con la realidad.

La primera constatación es que algunos de los problemas que entonces identifiqué no solamente no han desaparecido, sino que han adquirido una dimensión mucho mayor.

El envejecimiento demográfico es probablemente el ejemplo más evidente. En 2005 hablábamos del incremento de la esperanza de vida y de sus consecuencias sobre las pensiones y los sistemas de protección social. Hoy hablamos, además, de dependencia, cuidados de larga duración, soledad no deseada y de la necesidad de reorganizar una parte importante de nuestros servicios públicos.

La cuestión demográfica ha dejado de ser una advertencia para convertirse en uno de los grandes condicionantes de nuestro futuro.

También advertía de la importancia del empleo y de la capacidad productiva de la economía para financiar el bienestar. La crisis de 2008 nos mostró de manera contundente hasta qué punto un sistema de protección social puede verse comprometido cuando se deterioran el empleo, la actividad económica y los ingresos públicos.

La pandemia de 2020 nos ofreció otra lección. Descubrimos la importancia de disponer de unos servicios públicos sólidos, de un sistema sanitario capaz de responder a situaciones extraordinarias y de redes familiares y comunitarias que amortiguaran sus consecuencias.

Y en materia de inmigración, aquella preocupación por su relación con el mercado laboral y la sostenibilidad demográfica sigue vigente, aunque hoy exige incorporar cuestiones adicionales: integración, formación, acceso al empleo, convivencia y capacidad de los servicios públicos para atender a una población creciente y diversa.

No todas las previsiones de 2005 podían anticipar lo que vendría después. Tampoco sería razonable pretender que un trabajo universitario de entonces ofreciera respuestas a los problemas de hoy.

Pero sí resulta significativo que buena parte de las preguntas fundamentales continúen sobre la mesa.

Acerté en lo del envejecimiento y la presión sobre las pensiones, la fragilidad de la financiación, la inmigración laboral y la perspectiva de género. Me superó la realidad ante mi optimismo en la Estrategia de Lisboa[1], la confianza en que el crecimiento sostendría el sistema (¡jope!, llegó la crisis a partir de 2008) y el diagnóstico de la Agenda 2010 alemana como modelo. No sospeché, ni por asomo, la precariedad en el empleo y la vivienda como arietes modernos…

 

La crisis del modelo y las nuevas realidades

La realidad, hoy, se ha encargado de recordarme que ningún modelo económico, político o social es inmutable.

La crisis financiera de 2008 puso a prueba la capacidad de los Estados para sostener sus sistemas de protección social. El desempleo, los ajustes presupuestarios y el endeudamiento público evidenciaron hasta qué punto el bienestar depende también de la fortaleza de la economía que lo financia.

Después llegó la pandemia. Y, con ella, una nueva percepción de nuestra vulnerabilidad colectiva.

Mientras tanto, el mercado laboral ha experimentado transformaciones profundas. La digitalización, la automatización, las nuevas formas de empleo y la inteligencia artificial están modificando las relaciones económicas y profesionales.

Y han aparecido, o se han agravado, otros problemas que entonces no ocupaban el lugar que hoy tienen: el acceso a la vivienda, la pobreza energética, la brecha digital, las dificultades de emancipación de los jóvenes y la soledad no deseada.

Todo ello obliga a revisar nuestras prioridades y, especialmente, a preguntarnos si estamos adaptando nuestras estructuras de bienestar a las necesidades reales de la sociedad.

 

La solidaridad intergeneracional: ¿quién sostiene el bienestar de quién?

Hay una cuestión que merece una atención especial y que probablemente no tenía en 2005 la dimensión que tiene hoy: la solidaridad entre generaciones. Yo, es que entonces, ni la sospechaba.

El Estado del Bienestar se ha construido sobre un principio de solidaridad colectiva. Los ciudadanos contribuyen, a través de impuestos y cotizaciones, a financiar prestaciones y servicios que atienden necesidades presentes y futuras. Pero ese pacto social tiene también una dimensión temporal. Cada generación recibe una herencia de derechos, servicios e infraestructuras, y asume, al mismo tiempo, la responsabilidad de contribuir a que quienes vengan después puedan disfrutar de ellos.

El envejecimiento de la población, la financiación de las pensiones, el incremento del gasto sanitario y de dependencia y el crecimiento de la deuda pública obligan a reflexionar sobre el equilibrio de ese pacto.

Y no podemos hacerlo sin incorporar la perspectiva de los jóvenes.

Entonces no vi el problema que ahora veo: una generación joven que encuentra dificultades para acceder a una vivienda, emanciparse, formar una familia o desarrollar un proyecto profesional estable. Y la realidad es que el modelo de bienestar que hemos construido no le ofrece las mismas oportunidades que ofreció a sus mayores. Una realidad que plantea una pregunta incómoda: ¿está nuestra sociedad ofreciendo a los jóvenes las mismas oportunidades de progreso y bienestar que tuvieron las generaciones anteriores?

No se trata de enfrentar a jóvenes y mayores, ni de cuestionar los derechos adquiridos por quienes han contribuido durante toda su vida al sostenimiento del sistema. Sería una simplificación injusta. Se trata de reconocer hoy que la solidaridad intergeneracional debe funcionar en ambas direcciones.

Ahora, con pavor, veo que no podemos construir el bienestar de las generaciones presentes comprometiendo las oportunidades de las futuras. Ni podemos pedir a quienes todavía no han podido incorporarse plenamente al mercado laboral que sostengan indefinidamente un sistema sin ofrecerles perspectivas razonables de futuro.

Y aquí me viene ni que pintada una cuestión principal: la justicia social también consiste en que cada generación pueda transmitir a la siguiente unas condiciones de vida, unas oportunidades y unos recursos que permitan seguir avanzando.

 

El Estado del Bienestar no puede ser una sociedad de expectativas ilimitadas

Quizá una de las grandes confusiones de nuestro tiempo consiste en identificar el bienestar con la capacidad del Estado para proporcionar prestaciones y servicios.

Naturalmente, el Estado tiene responsabilidades irrenunciables: garantizar la igualdad de oportunidades, proteger a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, asegurar servicios públicos esenciales y evitar que las circunstancias económicas o sociales determinen el futuro de las personas son obligaciones fundamentales. Pero una cosa es reconocer esas responsabilidades y otra muy distinta considerar que el bienestar colectivo depende exclusivamente de lo que las administraciones públicas puedan hacer.

El Estado no genera por sí solo la riqueza que distribuye. Necesita una economía productiva, empresas competitivas, trabajadores cualificados, empleo estable, inversión e innovación. Necesita, en definitiva, una sociedad económicamente activa y comprometida… Y ahí, me duele.

Me duele porque necesita también ciudadanos conscientes de que los derechos llevan aparejadas responsabilidades, que los recursos son limitados y que la solidaridad exige reciprocidad y compromiso. No se trata de contraponer Estado y sociedad, ni de sustituir los servicios públicos por iniciativas privadas o comunitarias; se trata de entender que el Estado debe garantizar el bienestar, pero que la sociedad entera debe ser partícipe en su construcción y sostenimiento.

 

El bienestar también se construye desde los municipios

Hay otra dimensión que hoy incorporaría a aquella reflexión de 2005 y que tiene mucho que ver con la experiencia acumulada durante estos años: el papel de las administraciones locales.

El bienestar no es solamente una cuestión de grandes políticas nacionales, de presupuestos generales o de sistemas públicos de pensiones y sanidad. El bienestar también se construye desde la proximidad.

Se construye cuando un municipio ofrece servicios sociales capaces de atender a quienes más lo necesitan; cuando dispone de espacios públicos accesibles y seguros; cuando facilita la movilidad, la convivencia y la integración; cuando planifica su crecimiento urbano pensando en la calidad de vida de sus vecinos; cuando protege el medio ambiente y gestiona responsablemente sus recursos.

Se construye con políticas de vivienda, con instalaciones deportivas y culturales, con espacios verdes, con servicios educativos y con programas dirigidos a mayores, jóvenes, familias y personas con discapacidad.

Y se construye, sobre todo, cuando las administraciones locales son capaces de escuchar, coordinar y movilizar a los distintos agentes sociales y económicos que forman parte de la comunidad.

Un ayuntamiento no puede resolver por sí solo los grandes desequilibrios del Estado del Bienestar. Sus competencias y recursos tienen límites. Pero sí puede contribuir decisivamente a crear las condiciones para que sus ciudadanos vivan mejor.

En realidad, el municipio es probablemente el escenario donde la Sociedad del Bienestar adquiere su dimensión más tangible: donde las grandes declaraciones se convierten en servicios, donde las políticas se traducen en calidad de vida y donde la solidaridad deja de ser un concepto abstracto para convertirse en una realidad cotidiana.

 

La sociedad del bienestar que todavía tenemos pendiente

Veintiún años después, sigo pensando que la distinción entre Estado del Bienestar y Sociedad del Bienestar merece una reflexión.

Lo señalé entonces: la sociedad del bienestar es aquella en la que las administraciones públicas cumplen con sus obligaciones, pero también aquella en la que las empresas asumen compromisos sociales, las familias encuentran apoyo, las organizaciones del tercer sector desarrollan su labor y los ciudadanos participan activamente en la vida colectiva.

Es una sociedad que entiende que la educación no termina en la escuela, que la salud no depende exclusivamente de los hospitales, que la integración no se consigue únicamente mediante disposiciones administrativas y que la cohesión social no se construye solamente mediante transferencias económicas.

Es también una sociedad que no confunde solidaridad con dependencia, ni responsabilidad individual con abandono de quienes necesitan ayuda.

Y, sobre todo, una sociedad que no pierde de vista que el bienestar de las generaciones presentes no puede construirse comprometiendo las oportunidades de las generaciones futuras.

 

¿Y ahora qué?

Algunas de mis previsiones han quedado superadas y otras necesitarían matices importantes. Veintiún años de historia son suficientes para corregir muchas certezas.

Pero sí creo que aquella pregunta que me hice conserva toda su vigencia.

El verdadero desafío no consiste en elegir entre más Estado o menos Estado. Consiste en construir un modelo en el que la capacidad de las administraciones públicas, la fortaleza de la economía y el compromiso de la sociedad se refuercen mutuamente.

Un modelo en el que la solidaridad no se limite a distribuir recursos, sino que también genere oportunidades; en el que la responsabilidad pública vaya acompañada de corresponsabilidad social; y en el que el progreso de una generación no se consiga a costa de las posibilidades de la siguiente.

Porque el bienestar no es un patrimonio que recibimos gratuitamente, ni una prestación que podemos dar por garantizada indefinidamente. Es una conquista colectiva que exige recursos, instituciones, responsabilidad y solidaridad.

Quizá ha llegado el momento de dejar de preguntarnos únicamente qué puede hacer el Estado por nosotros y empezar a preguntarnos también qué podemos hacer nosotros para sostener la sociedad en la que queremos vivir.

En 2005 titulé aquel trabajo “Del Estado del Bienestar a la Sociedad del Bienestar”. La pregunta que entonces me hacía era cómo construir una sociedad en la que el bienestar no fuera responsabilidad exclusiva del Estado, sino el resultado del compromiso y la corresponsabilidad de toda la sociedad. Veintiún años después, sigo sin tener una respuesta definitiva.

Pero sigo pensando que esa es la pregunta que merece la pena hacerse. Porque quizá el verdadero reto no sea solamente garantizar el Estado del Bienestar que hemos conseguido, sino construir la Sociedad del Bienestar que todavía tenemos pendiente.

Y viéndolo con los ojos de hoy, hay dos cosas que me preocupan. En demografía, el problema es más grave de lo que preví: la fecundidad es más baja —ya hablaría abiertamente de infecundidad, que no de infertilidad— y la cifra de mayores supera mi proyección para 2050. La población española crece principalmente por la inmigración, que sostiene afiliación y cotizaciones. Eso es muy duro. Y es que, en inmigración, los datos muestran hoy que es la principal fuente de crecimiento demográfico y laboral, aunque siguen debatiéndose sus efectos fiscales.

Preocupado estoy… Lo que tengo claro, aun tantos años después, es que la solidaridad con cargo al Presupuesto no es solidaridad; es dependencia.

 

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[1] La Estrategia de Lisboa fue un ambicioso proyecto de transformación económica, social y tecnológica de la Unión Europea, aprobado por los jefes de Estado y de Gobierno de los entonces quince países miembros en el Consejo Europeo celebrado en Lisboa los días 23 y 24 de marzo de 2000. Su gran objetivo era convertir a Europa, en el plazo de diez años, para competir con Estados Unidos y las economías emergentes, sin renunciar a su modelo social. De China, ni se hablaba; pero sí de más y mejores empleos y de mayor cohesión social. Buscaba alcanzar una tasa de empleo del 70 % de la población en edad de trabajar; superar el 60 % de empleo femenino; incrementar la inversión en investigación y desarrollo hasta el 3 % del PIB; modernizar los sistemas educativos y de formación; reducir la exclusión social y combatir la pobreza; y modernizar los sistemas de protección social para garantizar su sostenibilidad. Ya en 2004 se veía que le iba a costar... y llegó la crisis financiera de 2008 y sus consecuencias terminaron condicionando todavía más el horizonte de 2010.