23 abr 2024

Reflexionando... sobre el modelo turístico y el acceso a la vivienda en las zonas turísticas

 

 

 

Hablamos, sin pudor, de la necesidad de un cambio de modelo productivo en España. Y esto, especialmente, se hace en los grandes destinos turísticos donde encontramos situaciones agravadas en torno al acceso a la vivienda. Le echamos la culpa al turismo… y, blandiendo estulticia, a otra cosa mariposa.

El 20A en Canarias ha salido hasta en la sopa de Medios. No dudo de que Canarias tenga un límite, como dice el lema de los manifestantes… Pero es lo que tienen las islas, límites (bordes): terminas en el mar. Ah, bueno, que se refieren al modelo turístico; pues también, terminas en el mar.

En esto del turismo patrio, como decía Sancho al hidalgo de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor (que cuando esto escribo celebramos el Día del Libro): “quien busca peligro, perece en él”, como cuando don Alonso se metió en la aventura de los batanes[1] [2]… Mucho ruido, pero es lo que te da de comer.

En lo de dejarse llevar por las emociones sobre el territorio sin tener plan B es un gran error.

El modelo turístico español -Sol y Playas- viene resultando ser un éxito desde los años cincuenta… aunque lo de “la industria de los forasteros” tiene un principio anterior.

Arrancó tras la IIGM con generaciones de europeos que buscaban su seguro de sol y tipismo en la vieja piel de toro (e islas adyacentes) y se consagró en los setenta con paquetes turísticos adquiridos en los países de origen hacia los tradicionales destinos de sol y playa que habían desarrollado un ocio adaptado a ellos.

El proceso ha ido evolucionando gracias a los vuelos low cost y la Internet; y complicándose. Ahora, tras la pandemia Covid19, es una necesidad donde el Sol y Playas, pese a quien le pese, es lo que tira del carro del turismo. Por ello, por el sol y las playas, los destinos turísticos españoles han ido jalonando éxitos, uno tras otro, y son referentes internacionales.

Este modelo productivo español sigue vivo y gozando de éxito -ya verán los resultados de este 2024… si Putin y Zelenski, el Estado Islámico, Kim Jong-un, Netanyahu, Haniya y Jameni no la lían aún más- con todas sus singularidades. Al final, apunten que ya verán, sumaremos 200.000 millones de euros de ingresos, el 13’4 del PIB, y hasta un 17% de nuevos empleos, aunque muchísimos sean raquíticos, en una España de subvenciones que ha cerrado 2023 con un déficit del 3’6% y una deuda de 107’7%. ¡Olé! Por fin estamos a la cabeza de algo en la UE[3]: el país con más deuda regional. ‘Olé, olé y Olé!

La cuestión ahora es que las nuevas –y no tan nuevas- generaciones de turistas están cambiando y los nuevos perfiles demandan una oferta de productos y servicios diferentes y diferenciales que poco a poco los destinos van enfocando con dispar criterio y, se mire como se mire, manteniendo el éxito.

Cambiar el modelo a estas horas de la película es complicado. En España crecen los servicios y la industria se contrae. Así es que… Modelo turístico al canto porque en lo que es la industria tradicional, acabamos de esquivar por los pelos la recesión técnica[4].

Menos mal que tenemos turismo, que si no…

El dinamismo de los servicios contrasta con el anquilosamiento de la industria.

La economía española lleva década y media tambaleante; la brecha de productividad de España con la eurozona fue de casi 14 puntos en 2023 y no hay visos de mejora.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada y el Consejo General de Economistas explicaban allá por febrero último que “la escasa y poco competitiva inversión en activos intangibles (capital humano, tecnológico y social), los desajustes existentes entre la oferta y la demanda de trabajo, la elevada temporalidad del empleo, y las barreras a la financiación para las empresas pequeñas, especialmente para las tecnológicas” complicaban el problema patrio. Desde 2010, España ha retrocedido en PIB per cápita “más de veinte años[5].

El Gobierno pregona que está cambiando el modelo productivo (¿?) gracias a los fondos europeos de recuperación (¿?), pero los datos –y el sentido común- le contradicen. Es que las evidencias les rebaten de continuo. Pero ellos erre que erre; aunque la realidad sea más tozuda. La luz al final del túnel es un Talgo de la serie 106 que viene de frente…

Sólo el turismo resiste y presenta cuentas: en 2023 España recibió 85,1 millones de turistas internacionales y el turismo alcanzó un 12,8% del PIB, impulsó el crecimiento de la economía y creó más y –dicen los exégetas del sanchismo que- mejor empleo; su contribución a la economía alcanzó el 12,8% del PIB y fue el mejor año desde que existen estadísticas, con la generación total de 186.596 millones de euros a través de su actividad. Y resulta que el 17% de todos los puestos de trabajo creados en 2023 correspondieron a empresas de la industria turística. Fueron, concretamente, 95.224 empleos más que en 2022. Además, la tasa de temporalidad bajó hasta el 8% y las subidas salariales fueron las mayores de toda la economía española, con una media del 4,4%. El PIB turístico creció un 13,1%, que se traduce en el 70,8% del crecimiento de la economía española, que el Banco de España sitúa en el 2,4%. Si es que habríamos de reverenciar al turismo.

Asín que… al turismo, ni me lo toquen.

¿Cómo van a intentar cambiar lo único que funciona?

Ahora bien, con las cifras más elevadas de la historia… al final, el sector turístico tira del carro, nos saca del apuro y conserva los mismos problemas desde hace años. Y esto sí que nos lo tenemos que hacer ver.

Es triste decirlo, pero el sector turístico es un sector que fundamentalmente se nutre de una fuerza laboral de poca o nula cualificación. ¿Algo a remediar?, sí. Y para más inri, en la oferta complementaria, encontramos un cierto nivel de economía sumergida. Es duro decirlo, pero es que, si no, ¿cómo explicas que este país sobreviva con tasas de paro del 25 por ciento, que -de ser ciertas- nos llevarían a buen seguro a una rebelión social?

Nada, remediémoslo con formación y capacitación profesional.

Pero el nuevo personal -formado y capacitado- se encuentra con el mismo panorama laboral que el ni formado ni capacitado: falta de condiciones laborales competitivas y salarios bajos. Estas dos lacras parecen confirmarse como los motivos que se amagan detrás de la falta de personal cualificado en el sector turístico.

En 2024, el SMI es de 1.134 euros mensuales en 14 pagas; 1.323 euros mensuales si es en 12 pagas. A un camarero, y con formación, se le ofrece poco más… y tiene por delante largas jornadas y que pagarse una solución habitacional a los precios que están. Mala pinta, oiga.

Sin lugar a duda hay que seguir en clave de turismo, pero habremos de reorientarnos hacia modelos puntuales más racionales, al tiempo que ir desarrollando productos innovadores que permitan la convivencia de más de un perfil de turista en el mismo destino, evaluando el beneficio empresarial y social que ello deberá conllevar; habrá que tener una visión de futuro integrada aunando esfuerzos en alianzas público-privadas; mejorar en conectividad -ahora el gob (con estos mendrugos es inapropiado terminar el nombre) anuncian la “expansión” del aeropuerto de El Altet.

Con un par, el presidente de AENA, Maurici Lucena, ha soltado por su boca en la junta de accionistas de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea un “Quiero subrayar, para que quede claro en la Comunitat Valenciana, que se expandirán los aeropuertos de Alicante-Elche y de Valencia”. No podía ser menos habida cuenta que el Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández cerró 2023 con 15,7 millones de pasajeros registrados, 4,6% más que en 2019 (el último año previo a la pandemia). El tráfico nacional supuso el 14% del tráfico comercial (frente al 11% del 2019). “El Altet” (yo, es que soy así y lo de Alicante-Elche ‘Miguel Hernández’ me suena progre) ha logrado la desestacionalización de la operativa al superar el millón de pasajeros en doce de los trece últimos meses…

Por ello lo de la expansión me sabe a cuerno quemado cuando se está pidiendo la construcción de la segunda pista y la conexión ferroviaria.

¿Podemos llamar a las cosas por su nombre?; ¿Qué supone la expansión?; ¿cómo encajamos en esto lo de acción o efecto de expandir? Aquí hablamos de construir, otro verbo y otra necesidad, donde lo importante es planificar a medio y largo plazo. Esperando estoy el informe de las cámaras de comercio en el vecino mes de mayo.

Aquí, lo que importa es ser impepinablemente sostenibles y tener el turismo como estrategia de país

Sí, tener el turismo como estrategia de país –repiénseselo, manifestante del 20A- y planteéselo. Y luego está la normalización hacia el DTI como una de las más brillantes opciones de futuro en materia de turismo.

Sobre todo porque ahora al turismo -y a las zonas turísticas- le reaparece -lleva ya un tiempo- el problema de la vivienda que se está convirtiendo en la madre de todas las cuestiones.

Y es verdad. El acceso a la vivienda es un problema.



Yo me acuerdo del torpedeo socialista de la Ley del Suelo popular nada más despuntar el siglo XXI y, también, de una de las sentencias más desafortunadas que se recuerdan en la que el Tribunal Constitucional otorgó a las Comunidades Autónomas la competencia exclusiva en materia de ordenación urbanística[6] [7], privando al Estado de una de las escasas posibilidades que le quedaban de influir positivamente en la solución de este problema. Aunque si la cosa fuera de este gob, como se está demostrando, peor estarían las cosas. ¿Se acuerdan cuando la ministra Trujillo, María Antonia por nombre, reinventó la corrala[8]? Pues la pelota estaba en el tejado de las Comunidades Autónomas

Le Corbussier trabajó en esto de la solución habitacional desde 1914… y así llegó la unidad de habitación transitoria (1944; treinta años rulando la idea) hasta culminar la idea en la Unidad de Habitación de Marsella (1952) y sus nuevos vuelcos en 1961 y 1964… y no ha cuajado.

En este país vamos a empujones en este tema (y en todos) y la cosa nos fue como nos fue en vivienda –lamentándonos siempre- hasta que, recordemos, en 2008 estalló la burbuja inmobiliaria y nos quedó patente que la vivienda, que había sido tradicionalmente considerada como un activo financiero y no una necesidad básica del español medio, era un problema… tras aumentar los casos de ejecución por impago de hipotecas.

La vivienda pasó a ser necesidad acuciante y acabó convirtiéndose en el problema patrio.

Problema que en realidad se circunscribe a la cuestión de la pasta gansa: los salarios actuales de la gran mayoría de los jóvenes españoles y de buena parte de la sociedad apenas dan para alquilar o intentar comprar una casa medio digna.

Concluyamos que es muy difícil encontrar vivienda asequible, en alquiler o propiedad, en las principales ciudades de España… por el motivo de los sueldos.

Este problema se ha acrecentado en el último año con la nueva ley de la vivienda, el continuado aumento de los precios y la recalcitrante subida de los tipos de interés.

En el estándar ideal de gasto de las personas ningún español debería destinar más del 25% a vivienda (alquiler o pago de hipoteca; lo que se conoce como tasa de esfuerzo de hogar) y el Banco de España decía -en febrero último, una vez más-, que los españoles destinaron más del 40% en 2023; con casos referenciados de más del 50%. El esfuerzo de los alemanes es tan solo del 15%; ¡Mein Gott! Algo estamos haciendo mal.

Así, cobra tremendismo (al menos para mí) es que, en 2021, el 42% de los hogares españoles con españolitos de entre 30 y 44 años no era propietario de su vivienda, lo que supone quince puntos más que hace diez años. Y no doy con el dato de 2023 que, seguro, es aún más descorazonador.

Y desazona ver los casos de jóvenes parejas, con dos sueldos del sector turístico, que tienen que alejarse más de Benidorm para encontrar algo que no les suponga tanto esfuerzo de hogar… o ver en la tele profes de primaria a las que les sale más a cuenta los 800 euros al mes que se gastan en volar de Palma a Ibiza (a los isleños les cuesta más barato volar) que alquilarse un casuto en la más grande de las Pitiusas.

Y, de repente, me ha venido a la mente la novela de Rafael Azcona, llevada al cine en 1958, “El pisito”, donde Petrita y Rodolfo resulta que no se podían casar porque no les llega el parné para el pisito. La solución (maquinada por Petrita; las mujeres en esto –y en casi todo- son más lsitas) es que Rodolfo se case con la vieja casera, doña Martina, y a la muerte de esta en viudo herede ¡el contrato de alquiler sobre el inmueble de renta antigua! y, por fin, se puedan casar al contar con un pisito donde vivir su amor.

Pues así estamos en 2024 (como en los 50 de la España en blanco y negro); pero doña Martina ahora no existe; y, mucho menos, los contratos de renta antigua en las zonas turísticas.

Por cierto, cuando se escribió la novela y se guionizó, en aquella España de postguerra se estimaba que existía un déficit de un millón de viviendas para cumplir el proyecto franquista “una familia, una vivienda”. Y en 1957 se creó el Ministerio de la Vivienda (Decreto Ley de 25 de Febrero). Antes ya estaba el Instituto Nacional de la Vivienda (1939); pero la solución llegó con la Ley de Arrendamientos Urbanos (1951) que puso en marcha un Plan de Urgencia Social de viviendas subvencionadas… Y con el II Plan Nacional de la Vivienda (1961-1975) se construyeron 4.080.619 viviendas sociales. Sí, ha leído bien: cuatro millones ochenta mil seiscientas diecinueve… más de cuatro millones.

Deténgase en estos números: en 14 años, entre 1961 y 1975, se construyeron -con voluntad- más de cuatro millones de viviendas para cubrir la demanda del enorme crecimiento vegetativo de la población española, asumir la emigración interna y la reposición de vivienda antigua.

Vale: sálgame denigrando con las calidades o lo que quiera; pero se trata de más de cuatro millones de viviendas todo lo fachas que usted quiera.

Puede que duela recordarlo, pero los españolitos de entonces, ahorrando, se podían comprar el pisito (en 1977, el 77,8 % de los españoles era propietario de su casa) o, en su defecto, podían pagar el alquiler gracias a la Ley de Viviendas de Renta Limitada (1954) y la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos (1964). Leyes franquistas, eso sí.

Por cierto, el decreto Boyer (Real Decreto 2/1985, de 30 de abril), sobre medidas de política económica, supuso la liberalización del mercado de alquileres poniendo fin a la dictadura franquista en materia de rentas de viviendas. Asín que… todo el monte se convirtió en orégano.

Y hasta aquí que les leo porque me entra el tembleque cuando leo que en los años que llevamos de Democracia -cuatro décadas largas- sólo se han construido 2’36 millones de viviendas protegidas en España y con periodos de protección de entre 10 y 30 años, con lo que cumplidos estos años las viviendas pasan al mercado libre con precios de mercado.

Vamos, que en materia de vivienda, guste o no reconocerlo, cuesta abajo y sin frenos hasta el problema de hoy, que arrastramos bastante más de una década.

Ahora mismo, en vivienda protegida y vivienda social, resuenan más quejíos, ayes y lamentos que en un arranque de la Niña de los Peines (y que me disculpe doña Pastora Pavón por meterla en este ajo).

Hay en España, INE dixit, 26’8 millones de viviendas; 60.334 en Benidorm (toque localista que me brota al pronto).

De los 26’8 millones, 19’35 millones son viviendas principales y hay, cuentan, más de 3’5 millones de insuficientes viviendas vacías, lo que le molesta a muchos olvidando que son propiedades privadas. Sí, también tenemos 3’8 millones de las llamadas viviendas de uso esporádico y unas 290.000 en alquiler social… Están todas contabilizadas. Sabemos las viviendas que hay y, como se hizo en la España franquista, sabemos las que faltan… y las que habría que construir cada año. Pero falta la voluntad y el parné para ello.

Este año, dicen desde la patronal del sector y refrendan los portales inmobiliarios, se van a construir 110.000 viviendas en España, aunque se necesitarían 40.000 más, al ritmo de 150.000 viviendas al año -sólo en vivienda pública- durante una década para atender la demanda -1’5 millones- y regularizar el mercado, confiando, dicen los expertos, que si todo va bien se pudiera acceder a ellas, suponiendo que los españolitos consiguieran detraer de su sueldo la cantidad necesaria. Hace unos días, el 14 de abril, la ministra de Vivienda del gob actual confirmó el déficit de 1’5 millones de viviendas públicas (aunque varios estudios reclaman 2’4 millones) y recordó, una vez más, la manida promesa de 184.000 viviendas hasta el final de la legislatura en curso, que, de construirse, sólo cubrirían en 12’3% de la necesidad.

Es que la Administración debe implicarse. En 2002 España gastaba algo más de 1% del PIB en vivienda pública; en 2022, veinte años después, algo menos del 0’5%. Y encima me saldrá alguien a decir que el gob puso en 2022 la nada despreciable cantidad de 6.900 millones de euros en vivienda… pero como 4.200 millones fueron a ayudas al alquiler y todo eso, a la construcción pura y dura, al ladrillo y desde las comunidades, solo llegaron 2.700 millones... que para un país como este… ¡es nada! ¡Terrible!

Hay un informe de la OCU[9] al respecto que deja sin aliento ya en la página 4…

Y hasta tenemos una Ley de Vivienda (Ley 12/2023, de 24 de mayo) que está a punto de cumplir un año y gracias a la cual el metro cuadrado ha pasado de 1667 € a 2079 €. ¡Olé!

El efecto real ha sido contracción del mercado e incremento de precios por ausencia de oferta y estancamiento de la demanda. Vamos, otra ley sanchista inútil que ante el resultado ha hecho salir a los integristas de a bordo pidiendo expropiar viviendas a sus legítimos propietarios mientras el gob mantiene normas de intervención que suponen un grave atentado contra la libertad de mercado y la propiedad privada en vez de entrar de lleno en el tema y dar seguridad al propietario.

Hasta los mononeuronales saben que la seguridad jurídica al propietario del inmueble es la verdadera solución para poner viviendas vacías en el mercado de alquiler; dando mayores garantías a los propietarios y hacer que la ley se cumpla en tiempo y forma es lo que elevaría la oferta de pisos en alquiler. Y, naturalmente, construir más vivienda protegida. Pero dar garantías de seguridad al propietario fachurrón está mal visto.

El 95% del parque de vivienda en alquiler está en manos de particulares; pequeños propietarios y ahorradores que habían visto en el sector de la vivienda un mercado seguro en el que poner sus ahorros y obtener una lógica rentabilidad. Buscan, naturalmente, proteger su patrimonio y, para ello, necesitan la máxima seguridad y estabilidad. Lo mismo, convencido estoy, que los inquilinos. Aunque los hay que por hache o por be, ante una ley garantista para ellos, pasan de cumplir con sus obligaciones contractuales.

Caer en manos de alguien que alquila y no pagua y que, encima, pueda ocasionarte una serie de daños en la propiedad cuando le reclamas, es lo más temido; porque no los puedes echar ni con aceite hirviendo y te metes en un proceso legal… Y como dice el refrán patrio: pleitos tengas y los ganes. Hay tal impunidad que muchos echan la llave al pisito o se pasan al alquiler turístico y... ya saben el lío que hay...

En España, he de reconocer, hay seguridad jurídica. Me lo jura un amigo magistrado. Aunque él mismo añade que “los plazos para hacer cumplir la ley son tan largo y tan flexibles que la sensación generalizada es que no; que no la hay. Pero la hay”. Ahí te quiero ver.

En el Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2023 que elabora la Property Rights Alliance y publica el Instituto de Estudios Económicos resulta que España está en el puesto 22, de 37 economías desarrolladas; un 4,2% por debajo del promedio observado en la Unión Europea. Sí, Álvaro: haberla, hayla; pero… Eu non creo nas meigas, pero habelas hainas.

Aquí, si los inquilinos te dejan de pagar y se quedan en el pisito, te jodes y bailas al son que ellos marcan porque no te queda más remedio que hacerte cargo de sus gastos y tus gastos (comunidad, IBI, hipoteca, agua, luz, etc.) y seguir sin percibir ingresos en concepto de alquiler. ¡Olé! Y no les digas nada que te denuncian. Y si se van, a ver cómo consigues cobrar la adeudado y los posibles daños. Una ruina.

Por eso, echas el cierre y buscas la oportunidad de rentabilizar la inversión que realizaste con tus ahorros o con aquella primitiva que te cayó o con el pisito que te legó Petrita, que seguro tuvo hijos con Rodolfo y eres heredero único de la buena señora. Muchos se pasan al alquiler turístico más ágil, más rentable, más resolutivo.

Un estudio de investigadores del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona sobre los pisos de Airbnb (2007 y 2017) concluyó que este tipo de actividad causa el incremento de alquiler y encarece la compra en las zonas de Barcelona donde se instalan estos alojamientos.

Desde FEVITUR el amigo Sotillos me dice de continuo que nones y, donde quiera que va, sostiene que no puede achacarse el problema de la vivienda en España a la existencia de pisos turísticos: “El nivel de viviendas de uso turístico en España es sólo el 1,15% del total construido”.

Y eso me reafirma: sólo una seguridad jurídica real y actuar en consecuencia en la construcción de vivienda protegida -pública o privada- podría ser la verdadera solución al problema del alquiler para el acceso inicial a la vivienda.

Ahora mismo, sólo el 10% de lo que se construye es vivienda protegida; y de ese 10%, el 80% proviene únicamente de inversión privada. ¿Oído, cocina?

El caso es que si hubiera más vivienda pública y -¡atención!- sueldos en consonancia no tendríamos estos problemas de ir arremetiendo contra el modelo productivo que es el que es: contra el Turismo.

Y con la que está cayendo… del turismo diremos que… Eppur si muove…

 

 


 



[1] Batán: máquina generalmente hidráulica, situada en un curso de agua, compuesta de gruesos mazos de madera, movidos por un eje, para golpear, desengrasar y enfurtir los paños.

[6] SENTENCIA 61/1997, de 20 de marzo; (BOE núm. 99, de 25 de abril de 1997) en https://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/3326

[8] Tipo de vivienda característica del viejo Madrid, diseñada como casa de corredor con armazón general de madera, cuyos balcones dan a un patio interior. Modelo de edificación de vecindad populosa y castiza de los siglos XVII, XVIII y XIX.

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