12 oct 2025

12 DE OCTUBRE

 

 

Antes de salir de casa para acompañar a la Guardia Civil en su día grande, dejo unas líneas en su honor; el honor es su divisa. En su reglamento se destaca que “El honor ha de ser la principal divisa del Guardia Civil; debe conservarlo sin mancha. Una vez perdido, no se recupera jamás”. Esto último vale para todo ser nacido de mujer.

La frase, se la recuerdo a mi padre, hablando del suyo. Honor (conducta íntegra y recta), lealtad (fidelidad al deber y al servicio), sacrificio (entrega personal sin buscar recompensa) y disciplina y servicio público. Sí, fuerte disciplina, capacidad de sacrificio y espíritu benemérito: militar y servidor público de vocación.

Quizá hoy sea momento para plantearles aquí cómo surgió la necesidad del Benemérito Instituto que ha llegado hasta hoy; y seguirá.



Echo la vista atrás y les cuento que nada más comenzar el siglo XVIII España dejó de ser una gran potencia europea; la Guerra de Sucesión(1701–1714) tuvo la culpa. El conflicto despojó del trono a los Austrias y sentó a los Borbones (Felipe V); supuso -no olvidemos- la pérdida de Flandes, Nápoles y Sicilia. Ahí es ná.

Al rebufo francés -por lo de Borbones- se reorganizaron Ejército y Marina y nos metimos en guerras con Inglaterra y Portugal. Lo único bueno de aquello es que apoyamos a los EEUU en su guerra de la Independencia, lo que nos ha servido para que a ambos lados del Atlántico el noventa por ciento de los paisanos de ambas orillas no sepan ni quien fue Bernardo de Gálvez; gobernador de La Luisina y factor clave de la nueva república que nos lleva hasta Trump. País este, tú.

Mientras todo aquello pasaba, en la vieja piel de toro, la sociedad española estaba como cuando los visigodos: los tres estamentos de libro -nobleza, clero y pueblo llano; pero llano-llano de verdad, con campesinos, artesanos y pequeños burgueses-; no más. Con los Borbones llegaría el inicio de la modernización y el arranque de un largo camino plagado de reformas dando preponderancia a la razón y la ciencia -que llegaban tarde, pero bienvenidas que fueron- para lo que comenzó el larguísimo proceso de la retirada del poder a la Iglesia apoyando reformas educativas. Es que llegó la Ilustración y aunque sólo iluminó a las élites, dio paso a las academias y a entender que el pensamiento ilustrado debía campar por aquí. No obstante, ante el cúmulo de desigualdades sociales la tarea fue hercúlea. La agricultura, les cuento, estaba al nivel del milenio anterior; el comercio era colonial; y el desarrollo industrial, arcaico y limitado. Además, entre un clima meteorológicamente adverso y epidemias por doquier, el XVII fue como… “p’a habernos matao”.

Y eso ya lo hicimos en el siglo siguiente, el XIX, con guerra civiles, que llamamos carlistas, porque se amotinaron y perdieron los de ese bando. Además, fue un siglo que se las trajo. Comenzamos en guerra con los gabachos invasores y recuperando la guerrilla de Viriato que, por lo que sé, llevamos ya todos en el ADÑ, que el más español de los ADN.

Y si tengo que resumir el siglo, diría que pasamos a trompicones del Antiguo Régimen al Estado Liberal; comenzamos la transformación económica del país; surgió la clase trabajadora y avanzó la clase media, mientras nos dimos una ensalada de tiros en guerras y vimos como perdíamos definitivamente lo poco que quedaba del imperio.

Y si tengo que resumirles en una palabra el XIX les diré que fue un siglo “interesantísimo” que, como todos los de España, aún chorrea sangre.

Se produjo el paso de una sociedad estamental a una sociedad más burguesa y de clases en un país en el que las desigualdades seguían siendo del nivel de la Fosa de las Marianas. Llegaron las desamortizaciones -la incautación y venta de tierras de la Iglesia y de bienes comunales (civiles)- que con Mendizábal y Madoz -dos ministros ilustrados- no resolvieron el problema agrario, porque los nuevos tenedores de tierras fueron de la burguesía y la nobleza que eran los que tenían la pasta gansa para hacerse con ellas y. al mismo tiempo, muy pocas ganas de renovar el cotarro productivo.

La agricultura, la actividad económica dominante desde tiempos de los romanos, ni se enteró de las revoluciones agrarias de otros países europeos y mantuvo sus arcaicas técnicas tradicionales y su baja productividad. Por su parte, la industrialización -¡por fin!- llegó, pero concentrada en Cataluña (textil) y el País Vasco (siderurgia). El resto del país apenas albergó algún destello protoindustrial -muy concreto, como el de El Perchel en Málaga entre 1833 y 1860- ajeno a cualquier realidad de viabilidad. Todo esto nos introdujo, en bandeja de plata, la llamada 'cuestión social' porque muchos campesinos -jornaleros del campo- quedaron sin tierras en las que trabajar tras las desamortizaciones, abocados a la miseria o la emigración a los nuevos centros fabriles, lo que nos llevó a la irrupción del movimiento obrero en núcleos industrializados y a las ciudades donde se hacinaban para malvivir, cogiendo auge, en excelente caldo de cultivo, los movimientos socialista y anarquista, impulsados por las duras condiciones laborales y de vida en los centros de trabajo y las ciudades.

La burguesía y el comercio en el XIX ganaron peso económico y las profesiones liberales alumbraron a los nuevos dirigentes de la clase política que lo único bueno que hicieron fue programar avances el alfabetización y educación a paso de tortuga. Ah, llegó el ferrocarril, pero como nuestra economía era tan débil, exceptuando un par de industriales que se hicieron de oro, el parné lo puso el capital extranjero que dominó el panorama.

Total que, el XIX fue un siglo marcado por los conflictos internos y, muy especialmente, por las Guerras Carlistas (1833-1876), entre absolutistas (carlistas) y liberales (isabelinos) y donde los golpes militares de los llamados 'espadones' estuvieron a la orden del día. Los militares intervinieron con frecuencia en la política: generales como Espartero, Narváez, O'Donnell o Prim encabezaron pronunciamientos, una nueva aportación de España al mundo del golpismo que aquí siempre han realizado primeras figuras, no como en otros países que lo da un coronel cualquiera. No, hombre no; que esto es España.

El XIX terminaría en 1898 con la pérdida de Puerto Rico, Cuba, Guam y Filipinas. Bueno, si de pérdidas escribimos, anoten que por lo de Filipinas sacamos 20 millones de dólares de entonces… y 337 días después a los últimos de Filipinas, que embarcaron y se vinieron p’a España.

Aquello del 98 -el desastre del 98- supuso una gran crisis nacional. Mira que llegar la noticia de del desastre de la batalla de Cavite -un 2 de mayo, que en 1898 cayó en domingo- cuando Madrid se aprestaba para su corrida grande: toros de Murube y con Guerrita, Fuentes y Bombita, en el cartel. Leo en el ABC que la empresa quiso suspender el festejo, pero el gobierno de Sagasta -don Práxedes Mateo- lo impidió “para no deprimir el espíritu del público”. Pero ya en el quinto toro todos lo sabían y el público salió de la plaza más hundido que el Titanic.

Y tras toda esta introducción, centrémonos en el XIX y en cómo estaba el parque patrio después de expulsar al gabacho.

Como somos como somos, Fernando VII -el Deseado- fue repuesto en el trono (1814) y dejó a los liberales con varios palmos de narices al negarse a jurar la Constitución que tanto empeño había salido de las Cortes de Cádiz cuando el monarca estaba salido del país. Y, encima y va, por el Decreto de Valencia, restaura el absolutismo -llega el Manifiesto de los Persas y 69 diputados de las Cortes ‘liberales’ de Cádiz le piden volver a lo de antes- y comenzamos a dar tumbos: Sexenio absolutista (1814–1820) -persiguiendo liberales-, al que sigue el Trienio liberal (1820–1823), que arranca con el pronunciamiento de Rafael del Riego -un coronel que no pudo esperar a llegar a general- y termina con la entrada de los Cien mil Hijos de San Luis -que no sumaron ni 70.000; pero de matemáticas andábamos fatal- que nos envía la Santa Alianza (el Papa y las demás monarquías absolutas europeas; hasta el Zar de Rusia) que acaban con los liberales y nos abocaron a la llamada Década ominosa (1823–1833) que, como su nombre indica, resultó abominable.

Esto fue en la línea del tiempo, porque en el quehacer de cada día estaba que la guerra contra el franchute dejó ciudades arrasadas, campos abandonados y una débil economía colapsada. Las infraestructuras quedaron muy dañadas y la producción agrícola e industrial se redujo drásticamente. El Estado estaba endeudado hasta las cejas y sin recursos de ningún tipo porque, como éranos pocos en el camarote de los Marx, parió la abuela: comenzaron las guerras de independencia en América, que acabarían con la mayor parte del imperio colonial español.

Total, que se recurrió a empréstitos; palabro que significa préstamos a gran escala de bancas extrajeras que pasaron a dominar la situación económico-financiera de España.

Además, la guerra había movilizado, por activa o por pasiva, a gentes de toda clase y condición, muchos de los cuales, una vez concluida la guerra no tenían otra posibilidad de subsistencia que seguir en la partida dedicados al bandolerismo; si dejaban el trabuco y la sierra no encontraban sustento alguno.

Y la vuelta del absolutismo generó desilusión y conflictos sociales. Las ideas de la Constitución de Cádiz (libertad, igualdad jurídica, soberanía nacional) no desaparecieron, y comenzaron a formar una oposición liberal al absolutismo.

Pero este país era un desastre: más del ochenta por ciento de la población vivía en el campo y del campo; la economía se basaba en la agricultura de subsistencia y el ganado. La mayoría campesina era pobre y analfabeta, dominada por los caciques, con duras condiciones de vida y trabajo. La Iglesia, para más inri -que bien viene en este caso- tenía un enorme peso en la vida cotidiana: en la educación, en el calendario, en la moral y en el control social del pueblo llano-llano. La mayoría de las autoridades locales, puestas a dedo, eran débiles o cómplices de los terratenientes. Un panorama negro, pero negro-negro; negro zaíno.

Este clima tan de peli mala de Curro Jiménez, de robos, de contrabando y -también- de asesinatos, el gobierno de Narváez -del general Narváez- crea la Guardia Civil en 1844, como un cuerpo militarizado para garantizar el orden público en el campo.

Ramón María Narváez fue presidente del Gobierno de aquella España hasta en siete veces a lo largo de veinticuatro años; me río yo de los peces de colores.

En su primer y más efectivo mandato, de tan solo dos años, funda la Guardia Civil para poner paz en el campo.

Los campesinos habían perdido el control sobre las tierras comunales con la desamortización de Madoz; y las tierras comunales constituían su principal medio de subsistencia. Comenzaron las protestas y hubo alguna rebelión. En 1840 ya se hablaba en España del reparto de la tierra y se producen las primeras ocupaciones de fincas en Andalucía por parte de los jornaleros. Marinaleda tiene sus antecedentes.

Isabel II era la reina, pero veníamos de la regencia de su madre, María Cristina (de Borbón) y acababa de asumir el poder el general Espartero (Joaquín Baldomero Fernández-Espartero y Álvarez de Toro, virrey de Navarra, príncipe de Vergara, duque de la Victoria, duque de Morella, conde de Luchana y vizconde de Banderas) que fue decisivo en las guerras Carlistas.

Era un producto típico de aquella España: hijo de un carretero de Granátula de Calatrava, Ciudad Real, y su meteórica carrera militar estuvo granada de acciones en combates aquí y en América, de donde volvió ya Brigadier tras ser jefe del Alto Estado Mayor de Perú. De él, de Espartero, les sonará lo de los atributos de su caballo: “más cojones que el caballo de Espartero”, ¿no? Bien, pues solo hay que irse a la calle de Alcalá -en Madrid- y a la altura del número 97 tienen una estatua ecuestre para comprobarlo. Tras leer a buena altura lo de “A Espartero/El Pacificador/1839/La Nación Agradecida”, se gira usted un poco -a derecha o izquierda-, mira hacia arriba y antes de llegar al cielo de Madrid, ahí los tiene: los cojones del caballo Espartero.

Poco hay más que hablar. Sólo me viene a la memoria un caso algo parecido: el de Bartolomeo Colleoni, un condotiero (mercenario del siglo XV, con estatua en Venecia) cuyo escudo heráldico es de los del género parlante; de los que representan gráficamente el apellido y poco más hay que explicar.

En el caso del caballo de Espartero, el escultor Pablo Gisbert Roig quiso plasmar el ‘carácter’ del jinete que está subido en su caballo y sobre un pedestal de tres metros de altura. Entonces, donde únicamente pudo poner los atributos del militar fue en el caballo. Y los puso; tanto en la escultura de Madrid como en la Logroño.

Espartero -autoritario y centralista- era, a fin de cuentas, un liberal con fidelidad absoluta a Isabel II. Su lema fue “cúmplase la voluntad popular”; y estaba muy por la imagen de la monarquía británica (de entonces). Su regencia se caracterizó por el malestar de los moderados, de los progresistas y de las ciudades: Madrid y Barcelona, sobre todo, que con sus revueltas del año 43 le obligaron a exiliarse en Londres (faltaría más) y en noviembre de ese año las Cortes decidieron que Isabel II, con trece años era ya mayor de edad y podía reinar. Los moderados asumieron el poder durante toda una década (la Década Moderada 1844-1854) .

Y vuelvo a la triste realidad que les relato: la primera guerra carlista (1833-39) dejó al país exhausto. Las tierras que Mendizábal puso en venta, como señalé, las compraron nobles y terratenientes impidiendo -como se veía a la legua- que unos campesinos empobrecidos pudieran comprarlas y generar lo que hoy llamamos autónomos (agrarios). Total: acabada la guerra, a muchos les salía a cuanta y mejor seguir en partidas bandolereando por doquiera que cabalgaran y haciendo de las suyas, que doblando el lomo en el campo español.

Que esa es otra: no la de doblar el lomo y sí la de cabalgar. En España, de siempre, ha ido más gente a caballo, sin ser caballero, que en el resto del mundo mundial conocido.

Y a lo que voy.

En resumidas cuentas: En aquella España de la quinta década del XIX había una gran inseguridad en los caminos y zonas rurales porque abundaban las partidas de bandoleros; el contrabando era una forma de vida y subsistencia y muchos delincuentes comunes dejaban las ciudades -donde la Guardia Nacional, la milicia urbana liberal, actuaba en cuestiones de orden público- y se iban al campo a hacer de las suyas que es, además, donde vivía la mayoría de la población y que carecía de protección efectiva.

Para restablecer el orden público en el medio rural, evitar los asaltos en caminos, los robos y los motines campesinos -que eran frecuentes- el campo español necesitaba seguridad para poder producir y comerciar lo poco que producía. Recordemos que la economía del país necesitaba seguridad en el medio rural para poder comerciar y producir. Además, era una imperiosa necesidad afirmar la Autoridad del Estado en toda la península evitando el control de determinadas facciones o caciques y, por supuesto, evitando nuevos levantamientos y disturbios, especialmente en zonas que habían sido focos carlistas o donde existía agitación social. El gobierno quería una fuerza que mantuviera la estabilidad, evitara revueltas campesinas y consolidara un Estado liberal centralizado y autoritario.

Y aquel Estado Liberal de 1844 nos trajo la Guardia Civil para el Orden Público en el medio rural (en más del 70% de España entonces), una nueva Constitución (1845), la Ley Moyano (1857) que será la base del sistema educativo español y la consolidación fiscal y el control del déficit que tanta falta nos hacía.

Y a lo que voy hoy: desde su creación, organización y despliegue, la Guardia Civil redujo notablemente el bandolerismo y los delitos en los caminos rurales, se convirtió en símbolo de autoridad estatal en zonas donde antes apenas llegaba el poder del gobierno y en muy pocos años, la seguridad rural mejoró y se facilitó el comercio interior. La Guardia Civil se ganó fama de disciplina, eficacia y honradez, valores muy apreciados por las autoridades liberales -¡coño, soy liberal decimonónico!-.

En resumen: la Guardia Civil fue una herramienta clave para centralizar el poder del Estado y controlar el territorio nacional. Su lealtad al gobierno de Madrid permitió imponer la autoridad del Estado liberal frente a rebeliones, motines o focos carlistas y garantizó la estabilidad de los gobiernos moderados.

La Guardia Civil se consolidó como una de las instituciones más estables y duraderas de la España contemporánea; su estructura y valores (disciplina, austeridad, lealtad) le dieron prestigio y una reputación de eficacia incluso más allá del siglo XIX. Durante los siglos XIX y XX, fue esencial en el control del territorio, especialmente en zonas rurales.

Y un detalle final. Como el Ejército o la Milicia Nacional vestían de azul o de rojo. El duque de Ahumada quiso distinguir a la Guardia Civil de otras fuerzas del Estado y eligió un color verde oscuro -pero oscuro, oscuro- con ribete negros. Buscaba una identidad propia, neutral y sobria, en consonancia con el lema del cuerpo: El honor es mi divisa. Además, me cuentan que, el color verde oscuro -pero oscuro, oscuro- evocaba por aquellos años disciplina, austeridad y servicio; valores fundamentales del cuerpo.

El verde oscuro -pero oscuro, oscuro-, me insisten, se mimetizaba con el verde sombrío de aquella España gris; era menos visible en el campo y en los montes, lo que resultaba útil para las patrullas rurales. Además, en pura lógica –“más sufrido” que dice mi madre: aquel verde oscuro -ya saben- era más resistente a la suciedad y al desgaste que otros colores de los vistosos uniformes de aquellos años.

Y resultaba barato de comprar y mantener; y adecuado para la vida en el medio rural, donde se desarrollaban la mayoría de sus misiones.

La Guardia Civil, desde su fundación en 1844, ha formado parte de la vida del país en muchísimos ámbitos: seguridad, rescates, tráfico, montaña, mar, protección del medio ambiente, etc. Y desde el año 1989 la Unidad Central Operativa, la UCO es una unidad fija en el telediario y en las portadas de los Medios porque combate a las partidas de bandoleros del siglo XXI; es la élite de la Guardia Civil dedicada a la investigación criminal. Depende de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) y, dentro de ella, del Servicio de Policía Judicial. Un gran invento.

Feliz día de la Fiesta Nacional de España; Feliz día del Pilar (de la Virgen del Pilar; Feliz día de la Guardia Civil.

 

 




29 jul 2025

SOBRE LAS RESPONSABILIDADES DEL 29 DE OCTUBRE; HAY LEYES (Y II)

  

 

Y continuando donde lo dejé ayer, quiero señalar que la prensa de hoy ha recogido las reacciones de los señalados en el informe de la Guardia Civil que tratábamos ayer. La tesis del “apagón informativo” de los organismos estatales estaba sobre la mesa.

Desde AEMET, José Ángel Núñez insiste en que se informó a tiempo al 112 y al CECOPI y tacha de “conclusiones equivocadas” a las que llega el informe. Todo arranca, asegura, de un “error de interpretación sobre el plan Meteoalerta, y de ahí se suceden los errores encadenados” ya que “mientras la situación meteorológica adversa no varía no se emiten nuevos boletines”. Y “si durante casi 7 horas no se produjo ninguna actualización, es porque el aviso rojo seguía vigente y no era necesario emitir un nuevo boletín[1].

Núñez insiste en que la web de la agencia y redes sociales son canales oficiales y que, además, hubo comunicación directa entre técnicos de servicio de A y técnicos de Emergencias. Se reafirma en su declaración de 7 horas y media, que consta en las diligencias, y en el documento de 36 páginas que aportó a la juez.

La CHJ también se defiende y ataca a la Guardia Civil, pero admite que tardó 53 minutos en reaccionar ante la mayor crecida del Poyo[2]; se excusa en que no pudo constatar hasta las 17’50 horas que el umbral del Poyo había sido rebasado, si bien reconoce que no informó de ello hasta las 18’43 horas. Su principal argumento es que el análisis de la Guardia Civil “pasa por alto” el manual de funcionamiento del sistema de información hidrológica (SAIH): hay un periodo de unos 25-30 minutos entre la toma de datos del sensor y su visualización en el centro de control, tiempo de retardo que también se manifiesta en la web del SAIH. En un informe que remitirá la CHJ al juzgado de Catarroja se incluirán hasta 155 avisos pluviométricos solo el 29 de octubre para replicar el informe[3] e insiste en que en documentación ya aportada al juzgado donde se recogen “18 correos sobre la cuenca del Poyo”.

La Guardia Civil ha trabajado con la documentación que obra en el Juzgado y ahora la CHJ dice que remitirá más documentación[4], cuando llame a declarar, como testigo, al presidente Miguel Polo. Por cierto: la acusación que ejerce la asociación Liberum[5] intenta de nuevo que se investigue a Miguel Polo e piden su imputación tras quedar señalado por la Guardia Civil. Recordemos que la jueza de Catarroja rechazó investigarlo[6] en abril de este año.

Finalmente, señalaremos que a los socialistas valencianos el informe de la Guardia Civil les refuerza en su tesis contra Mazón: “demuestra que la Generalitat no advirtió del peligro a la población” insistiendo en que “que disponía de todos los datos sobre los desbordamientos del Poyo” y cuando el president estaba “en paradero desconocido[7].

El PSPV se centra en el 112 – “la mejor herramienta que tenía la Generalitat para saber qué estaba pasando en el territorio”- y que lo que se vivió fue un caos.

Esto mío es opinión; y no entro en tesis. Mantengo que quien debió actuar desde el primer momento no lo hizo dejando pasar el testigo del mando. Lo que sí es cierto, y lo recalco en mi opinión, es que pormenorizamos un episodio de magnitud en tan sólo el epicentro de la tragedia.

Y sí, hubo caos. Y lo hubo porque no sabemos gestionar el amplio espectro del riesgo. Y quien debe tomar el mando se aparta de esa responsabilidad.

Sin desviarme un ápice del fondo de la cuestión, sí quiero incidir en la cuestión del riesgo antes de volver a insistir en la omisión del deber de socorro y la habilidad de encontrar a quien colgarle el cartel de culpable.

Y lo hago porque es terrible el clamoroso fallo nacional en prevención del riesgo; que se manifiesta en antológico en cuanto a percepción del riesgo.

Los dos ministerios aludidos el Post de ayer -Transición Ecológica e Interior; incluso Defensa, y serían tres- eluden el ejercicio de sus competencias en ambos aspectos esenciales sabiendo que, además, ellos disponen de medios, en cantidad y operatividad, en modo superior a cualquiera de las Comunidades Autónomas, sabiendo que muchas de ellas carecen de algunos en concreto.

Bien es cierto que la Comunitat Valenciana tiene competencias, que están califica de ‘exclusivas’ en materia de Protección Civil según lo dispuesto en l’Estatut d’Autonomía[8]. Sí, y en el mismo texto se recalca -¡cómo si no se hubiera aprobado!- que ello “sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149 de la Constitución Española”, que establece las competencias exclusivas del Estado.

En el artículo 149 de la Constitución Española, en su apartado primero y en su adscripción vigésimo novena se establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la seguridad pública, lo que incluye la protección civil en casos de catástrofes naturales o tecnológicas. Y aunque en el artículo no se menciona expresamente el organismo “Protección Civil” -sí el concepto-, se otorga al Estado la competencia para legislar sobre las bases de la protección civil, permitiendo a las Comunidades Autónomas desarrollar y ejecutar sus propios planes dentro de ese marco común. Esto debería garantizar una coordinación nacional en situaciones de emergencia, como inundaciones -como la DANA que nos tiene en esto-, incendios forestales o terremotos.

En el proceso de información, desinformación, datos, opiniones (refutables o no), referencias y Medios al que estamos asistiendo constatamos el interés político del Gobierno de la nación en significar la inacción del Ejecutivo autonómico y centrar el foco de la responsabilidad en el presidente autonómico valenciano, cuestión que por cercanía a la catástrofe principal ha calado profundamente -social e ideológicamente- en la sociedad en general. Es que siempre el fallo clamoroso es el de la administración intermedia: el Ayuntamiento está con los vecinos y el Estado sobre el conjunto. España de la Autonomías, ¿dónde os coloco?

Pero yo insisto: la ley que debe aplicarse a una situación con la vivida el 29 de octubre de 2024 es la Ley 17/2015 y la competencia es nacional. Ha fallado el sistema de prevención en medios y en cultura.

Hay más aristas en este icosaedro de la DANA del 29 de octubre; aristas cortantes.

En el mundo contemporáneo, el concepto de cultura de riesgo está cobrando gran relevancia, especialmente en un contexto donde la incertidumbre y los peligros son parte integral de la vida cotidiana. Esta cuestión -en realidad, un fenómeno social-, se refiere a la manera en que las sociedades percibimos, gestionamos y respondemos a los riesgos que enfrentamos.

La cultura de riesgo puede definirse como un conjunto de valores, creencias y prácticas que giran en torno a la identificación, evaluación y manejo de los peligros que amenazan a una comunidad o individuo. Este concepto se ha desarrollado en respuesta a los cambios sociales, económicos y tecnológicos que han transformado la forma en que vivimos.

Los orígenes de este concepto se pueden rastrear hasta las teorías sociológicas de autores como Ulrich Beck[9], quien en su obra “La sociedad del riesgo” argumentaba que las sociedades modernas están cada vez más expuestas a peligros que son producidos por el mismo desarrollo humano. Vamos que, a medida que avanzamos tecnológicamente también creamos nuevos tipos de riesgos que no existían antes, lo que provoca una paradoja: el progreso trae consigo nuevos peligros. Hemos antropizado el Medio natural a niveles extremos.

El fenómeno de la cultura de riesgo no solo se limita a la percepción individual, sino que también afecta a las instituciones y a las políticas públicas. En este sentido, se ha vuelto crucial para los gobiernos y organizaciones entender cómo las comunidades perciben los riesgos, ya que esto influye en la manera en que se diseñan y aplican las políticas de seguridad y salud pública.

Además, está el impacto de las redes sociales y los medios de comunicación en la percepción del riesgo; su contribución es innegable. Las noticias sobre desastres naturales pueden generar una sensación de alarma que afecta la conducta colectiva; o de hastío, ante la reiteración de imágenes de tragedias. Las fotos impactantes y las narrativas sensacionalistas pueden intensificar la percepción del peligro, lo que lleva a una respuesta social que a veces puede ser desproporcionada y a generar culpables que puede que no lo sean, pero que están sobre el terreno y son visibilizados.

Este fenómeno descrito por Beck es especialmente evidente en el contexto de la DANA del 29 de octubre de 2024 y los días que sucedieron a la descomunal riada, donde la información errónea llegó a provocar un pánico innecesario. Recuerden las cábalas sobre fallecidos en el interior de un parking de un centro comercial: estimaciones, y testimonios falsos, creídos a pie juntillas, que la evidencia demostró su falsedad y donde no se ha actuado contra quienes fueron capaces de incrementar la incertidumbre fatal en aquellos aciagos momentos. Y el sensacionalismo alcanzó a determinados medios y las tendencias fueron muy visibles.

Es fundamental desarrollar, pues, una educación sobre riesgos que permita a las personas comprender mejor la naturaleza de los peligros que enfrentan y cómo gestionarlos de manera efectiva. Esto implica no solo proporcionar información precisa, sino también fomentar habilidades críticas que permitan a los individuos evaluar los riesgos de manera objetiva y no reactiva.

Pues, como digo: en prevención, se falló también. No tenemos una cultura del riesgo y una percepción consecuente del riesgo. Y esa Ley 17/2015 nos lo exigía.

Y vuelvo a la responsabilidad; a las responsabilidades.

Los datos disponibles los debían tener todas las administraciones superiores afectadas; luego los tenía también el Gobierno, que por eso reunió a su gabinete de crisis en aquella noche del 29 de octubre y decidió no actuar; y dejarle todo el peso de la situación al gobierno de la Generalitat.

La Red de Alerta Nacional de Protección Civil compete al Ministerio del Interior a través del Centro Nacional de Seguimiento de Emergencias de Protección Civil[10].

Y así ya entramos de lleno en la competencia de la emergencia.

El Artículo 28 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil define lo que son emergencias de interés nacional: 1. Las que requieran para la protección de personas y bienes la aplicación de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio; 2. Aquellas en las que sea necesario prever la coordinación de Administraciones diversas porque afecten a varias Comunidades Autónomas y exijan una aportación de recursos a nivel supraautonómico; y 3. Las que por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran una dirección de carácter nacional.

Estamos en la definición de esta triste realidad acaecida, con víctimas, en las provincias de Málaga, Albacete y Valencia el 29 de octubre de 2024.

Los artículos 29 y 30 de la citada Ley 17/2015 -ya referenciados- reafirman la cuestión de la declaración de la emergencia nacional y las acciones de la misma.

Así pues, no se quiso actuar desde el Gobierno, confirmando el delito de omisión del deber de socorro a una parte del país que estaba bajo los efectos posteriores a las lluvias registradas en cantidades excepcionales.

Atendiendo al criterio de Prevención, del que ya la propia ley en su preámbulo hace hincapié, se tenía que haber actuado con mucha más diligencia desde el primer momento y haber sido resolutivos a nivel nacional.

Dos primeras grandes preguntas ya sobre el papel se me antojan: ¿cuál hubiera podido ser el efecto de la movilización de todos los recursos del Estado por el Ministerio del Interior para la prevención de la catástrofe?; y ¿cuál hubiera sido el desarrollo de los acontecimientos si desde el mismo momento de constituir el primer gabinete de crisis se hubieran tomado y adoptado medidas consecuentes de ayuda a la población directamente o a través del gobierno autonómico?

Esperaré sentado la respuesta, pues el tiempo lo pone todo en su sitio.

Y otra cuestión más a añadir; y más allá de estas dos previas: ¿quién tiene la responsabilidad sobre el territorio y la gestión del mismo durante tantos años una vez que se terminó la Solución Sur[11] en Valencia y los desarrollos posteriores de polígonos industriales y urbanizaciones sobre un territorio de cuenca vertiente siguieron su curso?

Un experto, Teodoro Velázquez -que trabajó en la CHJ-, señaló en la comisión del Senado que el 60% de las muertes en la Dana de Valencia se habrían evitado si el Ministerio hubiera acometido las obras previstas[12]; expuso su cálculo en función del calado del agua. Y denunció la conducta del Ministerio de Transición Ecológica, que calificó de “imprudente”, por bloquear y no acometer las obras estructurales previstas[13].

Recordó la obligatoriedad por parte del Ministerio de Transición Ecológica de ejecutar dichas obras estructurales mediante el Real Decreto 18/2016, de 15 de enero, que recoge los Planes de gestión del riesgo de inundación de las demarcaciones hidrográficas que muestra los mapas de peligrosidad y las medidas que se deben que adoptar.

Aquí también existe una negligencia flagrante, incluso dolosa, por ejecutar unas obras ideológicas en lugar de otras más necesarias.

En ese sentido, la Ley de la Huerta[14] aprobada por PSPV y Compromís bajo gobiernos conocidos como “del Botànic” -de la que se dijo que el lema era 'salvar antes lechugas que personas'[15]- ha tenido una incidencia total en el devenir de sucesos por la riada consecuente, según Velázquez. El informe de seguimiento del plan de gestión del riesgo de inundación de la demarcación hidrográfica del Júcar de los años 2022 y 2023[16] (página 26), ya alertó de la necesidad de “reorientar la solución prevista en la ley[17]. Valoraba negativamente la ley elaborada por los nacionalistas valencianos al frente de la Conselleria de Agricultura debido a que impedía realizar las obras previstas.

Ante la jueza que instruye la causa por lo sucedido y que lo hace -opino yo- erróneamente en función de una ley autonómica obviando lo anteriormente expuesto (la legislación nacional), el investigador del Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente (IIAMA) e ingeniero de caminos de la Universitat Politècnica de València (UPV) Francisco Vallés Morán coincidía en los planteamientos de Teodoro Velázquez que ya expusimos[18]. Se trata de obras hidráulicas que llevaban proyectadas varios lustros en el barranco del Poyo por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), pero que todavía no se han ejecutado. Estas, sin lugar a duda, habrían ayudado a mitigar el impacto de las inundaciones. La capacidad para la que estaban diseñadas no hubiera bastado, pero habría mitigado la situación.

Resumiendo, que es gerundio.

I.- Tanto a nivel autonómico, como nacional, la cuestión de la percepción del riesgo y la cultura del riesgo debe ser revisada. Hay que actuar en este campo y educar a la población.

II.- En cuanto a las actuaciones hidráulicas previstas, es de juzgado de guardia el que se primaran las “iniciativas” verdes y ecologistas en detrimento de las actuaciones infraestructurales. Así no se ha podido mitigar la acción desmesurada de un fenómeno natural cuyas condiciones son difícilmente repetibles en un lapso importante de tiempo. Se habló de un periodo de retorno de mil años.

III.- La juez de Catarroja realiza la instrucción conforme a la ley valenciana sabiendo tiene por encima otra de nivel nacional como es la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.

IV.- Por la magnitud del fenómeno meteorológico y su afección a territorios de seis Comunidades Autónomas, generando víctimas en tres, considero que es de aplicación la ley nacional.

V.- La delegada del Gobierno, al igual que la consellera de Justicia que tenía las competencias de emergencias durante la DANA, podía pedir al ministro del Interior la declaración del Estado de Emergencia. La delegada del Gobierno tenía información del Gabinete de Crisis de la Moncloa. Ninguna lo hizo.

VI.- El propio ministro de Interior podía haberlo hecho ante el cariz de los acontecimientos. Pudo, y no quiso; ejecutó claramente una flagrante omisión del deber de socorro a españoles de una comunidad autónoma donde el gobierno era de distinto signo al que él está integrado. Obviamente para obtener rédito político a la vista de los acontecimientos.

VII.- En esta dejación de funciones cabe incluir a las vicepresidentas primera y tercera, a la ministra de Defensa y, por supuesto, al propio presidente del Gobierno de España.

VIII.- Deliberadamente no se envió la necesaria activación a las unidades militares que hubieran sido determinantes en las primeras intervenciones tras el paso de la riada. Inicialmente podría considerarse que se trataba de unidades de una especialización táctica muy concreta; pero las integraban soldados de España. Sólo tres días después, en condiciones precarias y en un número reducido fueron desplazados y desde otros puntos del país.

IX.- No se aceptó ayuda internacional (de Francia o Marruecos, donde sí habíamos desplazado fuerza militar para ayuda en catástrofe; así como de la Unión Europea) y tampoco de profesionales fundamentales dentro del resto de comunidades del Estado español para las operaciones a realizar tras la riada.

X.- Los Medios de titularidad pública tuvieron un papel destacado en la concreción del proceso de culpabilidad que fue alentado desde Redes Sociales con cantidad de bulos y fake news que contribuyeron a emponzoñar el relato.

XI.- En los 360 minutos claves de aquella jornada (15’05 a 21’30 horas) la información de la Confederación Hidrográfica del Júcar era fundamental. Las dos horas y media de silencio -150 minutos- entre las 16’15 horas -momento en que se rebasaba el umbral 1 de caudal- y las 18’43 horas, -cuando se envió el correo electrónico sobre el ascenso del caudal de 1.686 metros cúbicos por segundo- fueron determinantes.

Y XII.- Como bien señalaba Pilar Marcos en la mañana del lunes 28 de julio en The Objective, “la habilidad publicitaria del Gobierno de Pedro Sánchez” ha logrado que se instale en la opinión pública que el único error destacable de esa infausta jornada es el del presidente de la Generalitat. Nada se dice del presidente de la CHJ, ni del Secretario de Estado de Medio Ambiente, ni de nadie de los integrantes del Comité de Crisis. Tras la ocurrido el domingo 3 de noviembre en Paiporta[19]se puso en marcha la maniobra política para el empate, con una primera manifestación en Valencia contra Carlos Mazón; sólo contra Mazón. Con sincronizada habilidad, conseguido el empate, había que pasar al desempate y en estos meses se ha logrado instalar en la opinión pública que Mazón es el único malo de la película[20].

Y vuelvo al jurista Vicente Conde Martín de Hijas quien en su columna del 13 de abril de este año -Mazón, ¿responsable político único de la catástrofe?[21] - “las responsabilidades de las autoridades no se pueden establecer por el juego de intereses, sino exclusivamente por la aplicación de las leyes”.

 

Y opinión por opinión, en cualquier caso, lo público y notorio es que el Gobierno de España despreció a una importante parte de España en la respuesta a una crisis generada por el impacto de una DANA sobre el territorio nacional y los habitantes del mismo.

Las Fuerzas Armadas tardaron en llegar a las zonas afectadas de Valencia -más allá de la UME; Tercer Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM III), ubicado en la Base Militar Jaime I en Bétera- pese a contar en el área con importantes unidades. No ocurrió lo mismo en septiembre de 2023 cuando un terremoto afectó a población y territorio marroquí. Entonces, la ministra de Defensa señaló que “Nuestro compromiso es en este caso con Marruecos, pero con cualquier país que sufre una catástrofe, es total y absoluto. Estaremos el tiempo que sea necesario[22] y que “las primeras horas son esenciales”. Cuando la riada en tierras valencianas ya no existía la esencialidad de las primeras horas y la ministra exhibió otro criterio: “El Ejército tiene una presencia disuasoria. Lo que no podemos es que en un país el Ejército haga de todo: sus labores , las labores que corresponden a la Administración, en este caso a la Administración valenciana, o labores de seguridad[23].

Y aún quedan muchas cuestiones por dilucidar con refrendo científico.

Y yo, finalmente, me pregunto con más interés que las cuestiones precedentes: ¿Por qué el ministro Marlaska no declaró la Emergencia Nacional atendiendo al artículo 29 de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil?; ¿por qué el presidente Sánchez, sabedor de la situación -una vez en España; incluso antes-, ¿no le obligó a hacerlo? Y ¿por qué la ministra Robles no movilizó los medios técnicos ni el personal preciso para atender esta emergencia desde el minuto uno?

Claramente el 29 de octubre desde primera hora de la tarde hubo una clara omisión del deber de socorro de la Administración Central del Estado al no declarar la Emergencia 3 y actuar en consecuencia.

Como señalé al principio de este post, ayer: una opinión -y esta lo es- no es una clamorosa verdad; aunque esta lo sea y yo la vea en pantalla de cinemascope y en technicolor.

Esta es una opinión, mi opinión, argumentada y fundamentada.

  




[4] https://valenciaplaza.com/valenciaplaza/comunitat-valenciana1/la-confederacion-hidrografica-y-aemet-defienden-que-si-informaron-de-la-situacion-el-29-o

[5] La ASOCIACIÓN LIBERUM, se constituyó en el año 2021 por un grupo de mujeres del norte de España, en unión a trabajadores, al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y normas complementarias, con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, careciendo de ánimo de lucro, nació con el propósito de restaurar los derechos y libertades usurpados en el transcurso de la pandemia. LIBERUM, tiene como fines: La promoción y defensa de los derechos humanos, derechos fundamentales y libertades públicas amparadas en la Constitución Española y los Tratados internacionales. Defender los derechos sociales. Promueve, vela e insta al cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente en España. LIBERUM, señala en su web, es una asociación ciudadana a nivel nacional, democrática, plural, sin ánimo de lucro, apartidista. https://liberumasociacion.org/

[8] Establece la capacidad de la Generalitat para legislar y ejecutar en diversas materias, siempre dentro del marco de la legislación básica del Estado. Artículo 49; 1. La Generalitat tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 3. La Generalitat tiene también competencia exclusiva, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149 de la Constitución y, en su caso, de las bases y ordenación de la actividad económica general del Estado, sobre las siguientes materias:  14.ª Protección civil y seguridad pública.

[9] Ulrich Beck (1944-2015); sociólogo alemán, profesor de la Universidad de Múnich y de la London School of Economics. Estudió aspectos como la modernización, los problemas ecológicos, la individualización y la globalización. También contribuyó con nuevos conceptos a la sociología alemana como la «sociedad del riesgo» y la «modernidad reflexiva».

[10] Artículo 12. Red de Alerta Nacional de Protección Civil. 1. Se crea la Red de Alerta Nacional de Protección Civil como sistema de comunicación de avisos de emergencia a las autoridades competentes en materia de protección civil, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas, a fin de que los servicios públicos esenciales y los ciudadanos estén informados ante cualquier amenaza de emergencia. 2. La gestión de la Red corresponderá al Ministerio del Interior, a través del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil. 3. Todos los organismos de las Administraciones Públicas que puedan contribuir a la detección, seguimiento y previsión de amenazas de peligro inminente para las personas y bienes comunicarán de inmediato al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil cualquier situación de la que tengan conocimiento que pueda dar lugar a una emergencia de protección civil. 4. Los órganos competentes de coordinación de emergencias de las comunidades autónomas serán cauce tanto para la información de las emergencias de protección civil al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil, como para la transmisión de la alerta a quien corresponda.

[13] Se trata de las actuaciones previstas en las presas de Vilamarxant y Cheste, el encauzamiento de los barrancos del Poyo y de la Saleta, como principales.

[14] Ley 5/2018, de 6 de marzo, de la Generalitat, de la Huerta de València, es una normativa que busca proteger y dinamizar la Huerta de Valencia como espacio con valores agrarios, ambientales, paisajísticos, arquitectónicos, históricos, culturales y antropológicos.

[17] Tras las conclusiones del análisis coste beneficio y tras la aprobación del PGRI se debe reorientar la solución inicialmente prevista, de forma que se archiva el antiguo expediente autorizado en el año 2006 del “PROYECTO DE ADECUACIÓN AMBIENTAL Y DRENAJE DE LA CUENCA DEL POYO VERTIENTE A LA ALBUFERA (VALENCIA)