17 sept 2017

DELA TASA TURÍSTICA ESA... (09.2017) [I]


En 1994 París la aplicó. En 1995 el Foro del Turismo de Benidorm la analizaba: "¿Es viable y conveniente la aplicación de una tasa turística?" Aquí salió que no; que una cosa eran los destinos urbanos y otros los destinos de playa. Los expertos blandieron sus opiniones y resultó que "Jurídicamente es posible; políticamente...". Y ahí quedó la cosa.


Poco antes, en 1989, la muy poco conocida Universidad de Bath (UK) había planteado la cuestión de la sostenibilidad y la UE se había convencido de que había que reducir las emisiones de CO2 y crear empleo y, ¡qué mejor aliado para ello que la ecotasa! Por eses años ya todos jugaban a ser más verdes que el de al lado y los de Bath habían pontificado que las ecotasas generarías casi 200.000 empleos en Europa si se aplicaban al turismo.


Gabriel Cañellas, president de Govern balear por el PP en 1989 les hizo caso y fue el primero en plantear la fiscalidad ecológica aplicada al Turismo. El lobby hotelero le conminó a olvidarlo. Pero en esa vorágine ver de los años 90 la Agenda Local 21 de Calviá (1996) volvió a enarbolar la bandera de la ecotasa como fuente de financiación: "recursos extraordinarios para restaurar las principales agresiones e impactos ambientales inducidos durante las dos últimas décadas". El lobby hotelero volvió a hacer que se envainaran la propuesta.


Acabando el siglo XX, Jaume Matas -president del Govern balear por el PP-, recuperó la idea de Cañellas (1989) y se sacó un Impuesto sobre estancias en empresas de alojamiento tendente a la dotación del fondo para la mejora de la actividad turística y la preservación del Medio Ambiente” que nuevamente encontró la férrea oposición del lobby hotelero, al que implicaba como recaudador. Ecologistas y conservacionistas le brindaron todo su apoyo, aunque fuera del PP. Pero solo ellos. El empresariado y todo el que daba la cara decía que no, con pocos argumentos, hasta que ZONTUR saltó a la palestra y recordó que 40'8% del turismo balear no se alojaba en el segmento reglado y que iban a quedar al margen del impuesto. Ahí ya empezaron a cavilar. Luego, Ernst & Young cuantificó en 105.000 millones de pesetas las pérdidas y las OET en Londres y Berlín contaron que iba a ser un desastre y que los turistas dejarían de venir. (en Alemania se hablaba de germanofobia balear).


Matas contraatacó: pidió encuestas. Y sus encuestas decían que un 60% de los europeos bendecían la iniciativa. Animado, puso a trabajar en la defensa del tema a todo aquél que se aprestase a ello. La Universitat de les Illes Balears (UIB) también hizo su papel -investigar-: Dictaminó que "se daban servicios a más de 11 millones de personas que sólo sufragaban los 760.000 residentes" y con lo que había no era suficiente. Como que me suena el argumento; no a nivel isla, sino a nivel ciudad. ¿Por qué será?


Hacía falta financiación extra y la ecotasa aquella/impuesto este se podía, decían, solucionar la cosa.


Echando mano de la prensa de septiembre de 1989 me encuentro con que la directora del Laboratorio de Investigación y Documentación turística de la UIB era beligerante: “los visitantes que no estén dispuestos a pagar la ecotasa difícilmente interesan al sector turístico de nuestras islas”. Y no digo que no tuviera razón, pero...


No, no he tenido acceso a su investigación; sólo a la reseña y entrevista periodística en papel amarillento, ya. Pero...


Llega el siglo XXI y el socialista Francesc Antich es elegido president del Govern balear. Mª Antonia Munar, de Unió Mallorquina, saca la ecostasa y el Pacto de Progreso aquél le da luz verde. Estamos en 2001 y el gobierno de José María Aznar (PP) recurre la ley, dejando de adalid a Jaume Matas que rebate la propuesta socialista diciendo que la Ley del Impuesto Turístico representa "una doble imposición" y no se parecía en nada a la suya. la propuesta Antich estuvo unos meses suspendida y luego se aplicó un rato entre 2002 y 2003 porque Jaume Matas (PP) volvió a la presidencia del Govern balear y la derogó.


En Baleares, el proceso de 2001 sirvió para recontar las camas hoteleras, aflorar 23.000 "camas ilegales" (de las que 17.000 se comercializaban ya entonces por Internet) y cifrar en 150.000 las camas irregulares; resultó que algunos hoteles tenían "camas fantasmas", pero esa es otra historia.


La revista Doctrina Tributaria (nº6; 2º trimestre 2003) puntualizó la fórmula tributaria: pagará el titular del establecimiento -no el cliente-, y para calcular su cuota se tendrá en cuenta la de capacidad de alojamiento del establecimiento y el periodo de apertura, teniendo en cuenta un coeficiente que representa el porcentaje probable de ocupación. El problema que encontró el articulista es que se mire como se mire la oferta no reglada quedaba al margen de la tasa.


Mientras todo esto ocurría, en Cataluña se fue trabajando el tema y desde 2012 se aplica un impuesto específico que ha sido actualizado en abril de 2017 y que, al menos en teoría, alcanza hasta AirbnB. En Baleares se reimplantó en 2016 y ya hay modificaciones para 2018, doblándose los importes.

Mañana me centraré en la Comunitat Valenciana; en el meollo de la cuestión. Pero sepan que esto no termina aquí. En julio de 2017 el Comité de Expertos para la Reforma de la Financiación de las Entidades Locales (CERFEL) entregó un informe al Ministerio de Hacienda en el que consideraban la necesidad de reforzar la financiación de los Ayuntamientos, en especial los turísticos, y proponían crear un impuesto turístico que gravaría las pernoctaciones hoteleras. Esto ha pasado un poco desapercibido. Serían los alcaldes los que decidirían si sí, o si no.


Uhmm…






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