18 dic 2018

DE POLÍTICA TURÍSTICA (VII) – De cuando sed apostó por lo rural y lo verde; de los 80




1975 marca un punto de inflexión; 1976 comienza con un nuevo Jefe de Estado, pero con la misma política turística. Hasta junio de 1977, con la primeras elecciones, todo es continuismo en turismo.

A partir de 1977, un 4 de julio, se rompe con la etapa anterior: desaparece el Ministerio de Información y Turismo. Pero será la Constitución la que marque, ya en 1979, la política turística. Las Comunidades Autónomas tomarán la batuta y cambia el concepto. Bueno: más que cambiar, resulta que colocó cabezadas a un corcel desbocado como era el turismo.

Enrique Barón, primer ministro socialista de Turismo, nombra Secretario de Estado de Turismo a Ignacio Fuejo (que luego encontraría acomodo en Paradores y en la Embajada española en Lisboa -consejero de Turismo- hasta el final de su vida laboral). Fuejo marcará la década de los 80; tuteló el traspaso de competencias en Turismo a las CCAA y se empeñó en los turismos alternativos.

Lo de ‘tu-te-lar’ es una forma benevolente de escribir. Todas las CCAA querían asumir turismo porque ‘vendía’ como nadie en lo político, en lo social y en lo económico… y era una nueva forma de ver ‘quién la tenía más grande’; muy de mocetón español en la pubertad democrática. Y como la Carta Maga no recogió reserva competencial alguna para el Estado en materia de turismo, pues… ¡ancha es Castilla! Bueno, al final interpretaron los expertos el tema y se repartieron las cuestiones.

Y mientras transfería competencias, Fuejo buscaba la alternativa al turismo de Sol y Playa con lo que intensificó la promoción de los apellidos turístico rural, verde, cultural y gastronómico desde un departamento que cada vez tenía menos implantación territorial. Y dejando a un lado mi secular bordería, la verdad es que con Fuejo hubo planes de modernización hotelera y se confeccionó un Inventario turístico; hasta se reconocieron públicamente los problemas de sector. También he de señalar que es en este periodo cuando se comenzó a construir la rentabilidad social del turismo.

Y dicho esto, vuelvo a Fuejo y a sus cosas. De sus apoyos firmes a aquello del turismo rural fructificó lo de Taramundi (1985); un Consejo de Ministros eligió el concejo astur para la experiencia pionera a través de DITASA (Desarrollo Integral de Taramundi, SA). Y allí se creó la primera ruta de senderismo turístico de España. Y se beneficiaron, en un primer paso, Taramundi, Llan y Teixos. Así que, castaños, robles y abedules, en un terreno pizarroso, comenzaron a tener atractivo turístico sin ser un lugar de playa. ¡Cómo nos había cambiado a los españoles la democracia!


Abel Caballero fue el segundo ministro; continuista. José Barrionuevo fue el tercero; hizo lo mismo. Con ellos, Fuejo seguía mandando desde la Secretaría de Estado y seguíamos sin una estrategia nacional de turismo en los 80; sólo iniciativas concretas de las Comunidades Autónomas y una apuesta estatal por lo verde y rural centrada en Asturias… porque los otros dos nodos previstos fracasaron: Sierra de Gúdar-Bajo Maestrazgo y Cuacos de Yuste. Incluso los apoyos a Peñamellera y Alto Turia también quebraron.

Destaco lo del turismo rural porque lo que no fuera Sol y Playa hasta entonces había demostrado tener el ni el más mínimo arraigo en la vieja piel de toro. Recordemos que lo de “Vacaciones en casas de labranza” (1967) no pasó de ser una anécdota: “un programa cargado de buenas intenciones pero carente de realidad” (Guarmido y Vilches, 1997). Resultó la idea franquista un programa más consolidado que las iniciativas del llamado “neorruralismo” de la transición -ideales para los manuales universitarios de la materia-, pero de mínima incidencia.

La verdad es que la medida conceptual del llamado turismo rural, apoyada en pilares como que ralentizaba el despoblamiento rural, ayudaba a las rentas de los agricultores, diversificaba la economía de las zonas agrarias y preservaba tanto el medio natural como la riqueza patrimonial no encontró quien le pusiera objeción alguna.

Pero los 80 también tienen sus sombras. A Fuejo no le salió lo de los Estudios de Turismo. A través de la Ley General de Educación intentó dar carta de naturaleza a las enseñanzas de Turismo en el nivel medio (que se estaba intentado desde 1963); no lo consiguió. Tampoco a nivel universitario (habrá que esperar al año 1996; Decreto 259/96). Y plasmó su recelo (no se me ocurre otra manera benevolente de llamar a su fobia) al turismo de Sol y Playa potenciando insistentemente las modalidades turísticas de la caza, la pesca, de balneario, de parques naturales y de Tercera Edad. Nacerá el programa de vacaciones del IMSERSO (1985) a partir de la experiencia continuada de “Juntos en Navidad” (1980).

Y vuelvo a Fuejo y a lo verde porque desde la Facultad que tengo grabado ‘a fuejo’ esto: “hay tantos turismos como motivaciones puede tener el turista para viajar” y, resulta que, esta del medio rural es una; manque me pese (permítanme el arcaísmo).

El caso es que los ochenta se nos pasaron en nada; con una administración central apostando por el turismo rural y haciendo dejación de funciones hacia las CCAA que camparon por sus fueros. El viejo decreto del 74 (2482/74) sobre Medidas de Ordenación de la Oferta Turística se pasó toda la década de despacho en despacho y en cada mesa le encontraron una utilidad a partir de la cual hilvanar una medida sobre preferencias de uso turístico, fomentar la construcción de infraestructuras o condicionar la posibilidad de construir nuevas instalaciones turísticas siguiendo la nueva tendencia de respeto al Medio Ambiente. Aquel decreto fue, como decía un veterano alcalde de Benidorm, ‘la bota de Charlot; la de pases por la olla que llevaba y, luego de mordida, al pie’.

Y, como dije, de interpretar la Constitución dedujeron los saben deducir cuando no pone nada que las CCAA se quedarían con la planificación del turismo, la ordenación de las actividades e industrias turísticas y su inspección, con lo de las agencias de viaje en esa comunidad, con la potestad de la apertura de establecimientos turísticos y con la regulación, coordinación y fomento de las profesiones turísticas. Para el Gobierno central quedó la supervisión bajo la premisa de que la coordinación de la planificación general de la economía le correspondía a Madrid y dada la importancia del turismo como sector económico, pues eso: coordinada el turismo. Y asumida esa coordinación, pues aquello de las relaciones internacionales que afecten al sector turístico, lo de las agencias de viajes cuando el ámbito sea de más de una comunidad autónoma cuando operen en más de una Comunidad Autónoma; la promoción y, atención, “la comercialización del turismo en el extranjero” con la excusa de que es ¡¡una actividad de comercio exterior!! Además, las cosas del Seguro turístico y la legislación general. En un principio, también, tuvo todo lo de los  títulos profesionales de turismo. Y, al alimón, la Administración Central y las Administraciones Autonómicas asumieron competencias compartidas en materia de subvenciones, información a los turistas y recopilación de datos estadísticos.

La década termina con el Libro Blanco del Turismo (1990) y se abrirá con la Ponencia Parlamentaria sobre el Sector Turístico… pero eso ya será en 1991. Otra década.












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