En
la España franquista, en Educación, a pesar del Informe de Banco Mundial de
1962 recomendando un cambio en el sistema educativo, las cosas no cambiaron
hasta que deja el cargo de ministro Manuel Lora Tamayo. Sí, el mayo del 68
español de los despachos de Educación (y Ciencia) ya lo vive Villar Palasí que
prepara la reforma de 1970 con la Ley General de Educación.
El
melón lo había abierto Joaquín Ruíz-Giménez en 1951 moderando el extremismo
ideológico del Régimen y posibilitando la reordenación de la Enseñanza Media y
la llegada del Preu (preuniversitario), en sustitución del Examen de Estado,
dando cuerpo, además, a la Ley de Formación Profesional (con Girón por medio;
que no era moco de pavo) y dejándole a su sucesor (el químico Julio Rodríguez) encauzada
la Ley de Enseñanzas Técnicas. Incluso se atrevió con la metodología aportando
racionalismo en los llamados Cuestionarios Nacionales que fijaban los
contenidos de las materias. Creó el Centro de Orientación Didáctica de
Enseñanza Primaria (1958) y posibilitó experimentar con nuevas técnicas, planes
y programas didácticos.
Las
transformaciones sociales de la década de los 60 -crecimiento económico, entrada
de divisas por Turismo y nacimiento de una España urbana- obligaron a la
Enseñanza a adaptarse a la situación. El 1er Plan de Desarrollo
(1964/68) contempló la construcción de 15.000 escuelas al amparo del
desarrollismo tecnológico y el Libro Blanco de la Educación (1969), a
instancias de Villar Palasí, fue un examen de conciencia: denunciaba, analizaba
y reconocía los problemas del sistema educativo español; proponía la creación
de una nueva estructura educativa bajo el principio de educación permanente. Y
eso se plasmó en la Ley General de Educación de 1970 que derogaba la Ley
Moyano de 1857…. 113 años de vigencia.
La
ley del 70 generalizaba la educación básica general, hasta los 14 años,
modernizaba la administración educativa, daba autonomía a las universidades,
reorganizaba los cuerpos docentes, vinculaba planificación educativa y
económica y daba protagonismo a la formación profesional. Naturalmente, pecó de
haber nacido sin reglamento que desarrollara su financiación y no reguló las
relaciones entre enseñanza pública y privada. Pero permitió dar un salto
cualitativo sin precedentes.
Y
con nueva ley, se acaba el Régimen, empieza la Transición y llegamos a la
Constitución de 1978 donde se consagran los derechos a la Educación y a la
libertad de enseñanza, el que los padres elegirán la formación religiosa y
moral, el que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita, o que los poderes
públicos garantizarán esto y lo otro… donde también se ampara la
libertad de crear centros docentes y dotarlos de un ideario propio… y donde yo
veo el consenso de unos y otros que permitió un equilibrio entre derechos y
libertades; entre la magnitud de los poderes públicos y la voluntad de la
iniciativa privada. Ahora les ha dado por olvidar la primavera del 78 donde
hubo acuerdos entre políticos de talla para democratizar al máximo el sistema
educativo español que desde que nació ha dado más tumbos, de extremo a extremo,
que el baúl de la Piquer.
Hablando
de tumbos. Primero fue la LOECE de la UCD. Ley Orgánica Reguladora del Estatuto
de Centros Escolares, por ejemplo, requería financiar con dinero público la
enseñanza privada, incluidos los llamados centros de élite. Fue recurrida ante
el Tribunal Constitucional por el PSOE. La justicia finalmente estimó
parcialmente el recurso y eliminó varios puntos. Luego llegó la Ley Orgánica
del Derecho a la Educación, LODE (1985), del PSOE, y con ella un agrio debate
parlamentario, tribunales incluidos. La LODE estableció el régimen de
conciertos actual (la subvención a los colegios privados para que ofrezcan
enseñanzas obligatorias gratuitas) a cambio de contrapartidas.
En
fin, que como no hay primavera sin flores -y alergias-, desde que semos
demócratas no hay cambio de Gobierno sin su ley orgánica de educación.
En
el 90 llegó la LOGSE, Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo,
para estructurar el sistema con escolarización obligatoria hasta los 16 años; y
la dividió en dos etapas: Educación Primaria (de 6 a 12 años) y Educación
Secundaria Obligatoria (ESO, de 12 a 16). Tras la ESO, dos cursos de
Bachillerato previos a la Universidad. La FP se dividió, como antes, en dos,
pero con requisito de título para acceder a grado medio (el de la ESO) y a grado
superior (el de Bachiller). El objetivo era dignificar las enseñanzas técnicas,
tenidas -tradicionalmente- como la vía de escape para quien no conseguía
encajar académicamente en la ortodoxia. La exigencia del título en grado medio,
con el tiempo, se señaló como un error: sin título no había alternativas para
seguir estudiando. También incluye dos ciclos de Educación Infantil: hasta 3
años y de 3 a 6. El PP veía una pérdida de exigencia académica y se opuso; pero
salió adelante.
Cuando
llegó el PP al poder, cuando llegó Aznar, se puso con la Ley Orgánica de
Calidad de la Educación, LOCE (2002), sin tocar la estructura de la LOGSE, planteando
caminos alternativos para contrarrestar la laxitud que tanto habían criticado. Endurecían
el paso de curso y abrían itinerarios según el rendimiento de los alumnos, al
final de la ESO. La Izquierda denunció posible segregación temprana que
perpetuase las desigualdades sociales… y fue derogada en cuanto llegó el PSOE
al Gobierno (2004); apenas llegó a entrar en vigor en unos pocos puntos del
articulado.
La
nueva ley socialista, la LOE -Ley Orgánica de Educación (2006)- derogó todas
las anteriores leyes vigentes salvo detallitos de la LODE y mantuvo de la LOGSE
la estructura básica de cursos y etapas. La Religión pasaba a ser una materia
que los centros ofrecerían pero solo la cursarían los alumnos que lo desearan,
sin alternativa. Los alumnos de la ESO, con tres suspensos deberían repetir, a
no ser que sus profesores dijeran lo contrario (¿?). Se crearon dos asignaturas
nuevas: Ciencias para el Mundo Contemporáneo (Bachillerato) y Educación para la
Ciudadanía en todas las etapas, asignatura que causó rechazo en estamentos y
sectores.
En
2013 comenzó a negociarse la LOMCE, Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa. Hubo un intento de pacto de Estado que estuvo muy cerca de
materializarse con concesiones en otros textos legislativos. Con la llegada del
PP al Gobierno se paralizaron estos cambios y el ministro José Ignacio Wert
empezó a trabajar en lo que -en principio- se anunció como una reforma parcial
de la LOE, pero que finalmente se convirtió en la Ley Orgánica para la Mejora
de la Calidad Educativa (LOMCE) del PP, hasta que el 5 de abril de 2016, tras
la proposición de ley del PSOE, se paralizaba todo lo que no estuviera vigente
o hubiera tenido aplicación efectiva en esa ley y otros varios decretos
inherentes más. Se aprobó por mayoría absoluta la paralización de la LOMCE pero,
debido a la disolución de las Cámaras, la iniciativa había decaído. Hubo recurso
de inconstitucionalidad interpuesto por el PSOE que, el 10 de abril de 2018, el
Tribunal Constitucional desestimó al considerar constitucional que la
educación segregada pudiera recibir subvenciones del Estado. ¡Otro
detallito!
La
última de todas estas leyes es que el Gobierno PSOE-UP, con la Educación como eje
esencial de su aventura -tanto por su carácter estratégico como por su relación
con otros temas transversales (empleo, transición digital y ecológica, reto
demográfico, conciliación familiar)-, aprobó en marzo 2020, antes del Estado de
alarma y el “confitamiento” este que sufrimos, la Ley Orgánica de
Modificación de la Ley Orgánica de Educación, LOMLOE (Ley Celáa) que debe sustituir
a la Ley Wert que, mira por dónde, seguía vigente hasta finales de abril de
2020.
Toda
la LOMLOE fomenta y prioriza la coeducación en los centros, buscando -dicen-
acabar con la segregación en la concertada sin darse cuenta, les va en el ADÑ,
que el intervencionismo siempre es contrario a la libertad.
En
fin, un parche más que no va a servir para absolutamente nada. Y siguen sin
enterarse… Y mira que lo explicamos en el primer Post de esta serie…
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